• El mandatario regional se pregunta por qué en el caso de Los Robles sí hubo diligencia al extremo que culminó en multa, y no en la tala de árboles en Antolín del Campo. Igual demanda que la ciudadanía tiene que saber cómo y por qué se permisa la construcción de casas y edificios en los cerros, mientras dirigentes del partido oficialista amparan invasiones y tampoco pasa nada
El gobernador de Nueva Esparta sostiene no entender por qué el Ministerio del Ambiente ejerce tanta presión y coloca tantos obstáculos a la Gobernación insular a la hora de permisar cualquier obra que le sea presentada, tal cual lo manda la legislación correspondiente.
Se pregunta si acaso esa actitud obedece a algún lineamiento de carácter político que le haya sido impartido a los funcionarios de ese despacho, con la finalidad de entorpecer la gestión que Morel Rodríguez Ávila lleva a cabo en la entidad neoespartana.
La consideración del mandatario regional tiene que ver con la multa que por 76 millones de bolívares le impusiera la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, por la tala de árboles que se hizo en Los Robles, necesaria para la construcción de la nueva Iglesia de esta población tan importante del Municipio Maneiro.
-Tala que fue autorizada dentro de la amplia permisología que se tramitó ante todos los despachos nacionales, regionales y locales de acuerdo a los procesos que deben seguirse, al pie de la letra, para la edificación de obras de carácter público o privado.
Afirma Morel Rodríguez Avila que resulta importante examinar el por qué el Gobierno, a través del Ministerio del Ambiente y del Instituto de Patrimonio Público, se empeñó tanto en el caso de Los Robles, hasta lograr que el Tribunal Supremo de Justicia decidiera en su contra, y no ejerció presión alguna contra el ex alcalde de Antolín del Campo que taló ciento cincuenta árboles y no sucedió absolutamente nada.
Asimismo, el gobernador pregunta cómo y por qué el máximo organismo ambiental ha dado permiso para la construcción de viviendas, edificios y casas, en algunos cerros como El Vigía y El Morro, que venía siendo guía para los pescadores y ahora es zona residencial.
Agrega que sería interesante escuchar una buena explicación, que convenza cómo y por qué allí no se defendió, con la misma fuerza, lo relativo al ambiente.
Explicando que él no se opone a los dictados de la ley ni tampoco a las decisiones que adopten finalmente los organismos públicos, cualesquiera sea el nivel, sin embargo dejó ver que entre su caso, el de la multa, y los ya planteados a la legua se vislumbra que hay una abierta contradicción-
-Yo dije y lo reitero que en este Gobierno pareciera que la Justicia no está siendo justa. Y cuando se recuerda que no hubo manifestaciones que criticasen, se opusiesen o enfrentasen los casos arriba citados, y en el de Los Robles sí, donde partidarios del oficialismo incluso emplearon la violencia verbal y física, queda una inmensa duda flotando en el ambiente que lo lleva a uno a pensar que de verdad es cierto, que en este Gobierno la Justicia no está siendo justa.
El gobernador insistió:
-Si la tala de los árboles en Antolín del Campo fue superior, por la altura, edad, frondosidad y el número de derribados frente al caso de Los Robles, que muchos estaban fitosanitariamente enfermos, el despacho del Ambiente no aplicó toda la presión ni tramitó ante las instancias pertinentes investigación y sanción alguna, también uno se pregunta ¿qué pasó allí para que no pasara nada?
El gobernador reiteró que igual planteamiento lo obliga el caso de los cerros, que se están convirtiendo en urbanizaciones y el Ministerio del Ambiente no ha dado explicación ni información alguna sobre si cumplieron o no la permisología respectiva. Como también uno se pregunta si el Ministerio del Ambiente aplica en unos casos la ley y en otros no.
Morel Rodríguez Avila igualmente recuerda que ha sido bajo este Gobierno cuando las invasiones han cobrado fuerza, poderío y amplio respaldo oficial.
-Para nadie es un secreto que grupos de invasores, han sido dirigidos y apoyados por dirigentes del partido oficial y autoridades, como el Ministerio del Ambiente, en la mayoría de estos hechos ha guardado sepulcral silencio, cuando cualquier invasión, además de derribar los muros que fortalecían la propiedad privada, perfectamente establecida como un derecho en nuestra Constitución, produce daños ambientales que ninguna autoridad reclama y castiga.
Fuente: Boletín de Prensa de la Gobernación.
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