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sábado, 30 de mayo de 2015

27 expresidentes iberoamericanos suscriben la Declaración de Caracas contra Nicolás Maduro



27 expresidentes iberoamericanos suscriben la Declaración de Caracas contra Nicolás Maduro

Expresidentes Idea

En el texto, los exmandatarios rechazan las actuaciones represivas del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y abogan por la libertad de los presos políticos
En el texto, los ex presidentes suscritos al acuerdo demandaron el cese de la persecucíon judicial contra la prensa, los presos políticos, la realización de las elecciones justas, la fijación de la fecha de las parlamentarias, la observación imparcial de los organismos internacionales, la disposición de medidas económicas que permitan controlar la crisis económica.
A continuación la declaración de Caracas 
DECLARACIÓN DE CARACAS SOBRE LA PERSECUCIÓN DE LA PRENSA INDEPENDIENTE, LOS PRESOS POLÍTICOS, LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS, Y LA CRISIS HUMANITARIA EN VENEZUELA
Quienes suscribimos el presente documento, ex Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos, preocupados por el curso agravado que toma la alteración política, social e institucional que afecta sin distinciones a nuestros hermanos venezolanos y que hicimos evidente en nuestra Declaración de Panamá con motivo de realizarse la VII Cumbre de las Américas; otra vez y bajo los auspicios de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) nos vemos obligados a reiterar y denunciar lo siguiente:
“La democracia y su ejercicio efectivo, fundamento de la solidaridad entre los Estados, consiste en el respeto y garantía de los derechos humanos, el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, las elecciones libres y justas, la libertad de expresión y prensa, la probidad y transparencia gubernamentales, entre otros estándares”.
En su reciente informe sobre las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que “la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana [lo que] ha permitido a su vez que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos”.
Agrega ella con preocupación “que en Venezuela no se registra un clima de tolerancia en el cual se favorezca la activa participación e intercambio de ideas de los diversos sectores de la sociedad, y que diversos factores como los actos de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación en relación con su trabajo, así como las declaraciones descalificatorias de altos funcionarios públicos, configuran un escenario restrictivo que inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión como condición de una democracia fundada en el pluralismo y la deliberación pública.”
En nuestro caso, apreciamos el agravamiento de la situación que ya hemos denunciado, en lo particular el incremento de la persecución de los medios de comunicación social que restan todavía independientes, como el diario El Nacional, Tal Cual y La Patilla, cuyos directivos han sido objeto de medidas judiciales restrictivas a pedido del presidente de la Asamblea Nacional, Teniente del Ejército Diosdado Cabello, y a quien, sin mediar investigación ni juicio previo, como debe ser en toda democracia, ha respaldado automáticamente el Tribunal Supremo de Justicia.
En igual orden, constatamos el endurecimiento de las condiciones de reclusión de los presos políticos al apenas concluir las elecciones primarias de la oposición democrática, con vistas a las elecciones parlamentarias anunciadas sin precisión para el último trimestre del año en curso. En lo particular, Leopoldo López y Daniel Ceballos son objeto de tratos gravosamente restrictivos, uno en una cárcel militar y el otro en una cárcel común para criminales de peligrosidad, tanto como sufre aún restricción de libertad, ilegalmente, el Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y es perseguida la diputado María Corina Machado; lo que pone de manifiesto, junto a lo antes indicado, la existencia de una política oficial dirigida a atemorizar e inhibir en su expresión democrática a la sociedad venezolana, concertada entre el gobierno de Nicolás Maduro Moros y el resto de los poderes del Estado.
Así mismo, advertimos sobre el progresivo condicionamiento a que están siendo sujetos los comicios parlamentarios planteados por parte del Poder Electoral, lo que obliga a exigir condiciones y fórmulas de observación internacional anticipada que aseguren su realización libre e informada, con transparencia, igualdad en la competitividad, equidad y justicia, de dichas elecciones, y la fijación precisa de su fecha como arbitrio necesario por un poder electoral imparcial.
De igual modo, como lo señalamos en la mencionada Declaración de Panamá sobre Venezuela, la dilapidación de sus ingentes riquezas por el Estado con fines partidarios e ideológicos, hoy sitúa a toda la población en los límites de una crisis humanitaria inexplicable; y sólo se permite el acceso a las divisas para la compra de bienes de primera necesidad y hasta del papel para la prensa, como se aprecia, bajo criterios manifiestamente discriminatorios y políticos.
Hacemos un llamado a la opinión pública internacional y la de nuestros países, a nuestros respectivos gobiernos y en general a las organizaciones internacionales encargadas de ofrecer su tutela a las víctimas de derechos humanos y de asegurar la democracia como derecho de los pueblos que los gobiernos han de respetar, a fin de que se mantengan vigilantes. E instamos a las autoridades venezolanas a la creación de un clima de diálogo y paz que revierta las nocivas tendencias que se aprecian y que afectan sin distingos a todos los venezolanos en sus libertades y derechos fundamentales.
En suma, demandamos como ex gobernantes democráticos: (1) la revocatoria de las medidas de persecución judicial contra la prensa independiente; (2) el cese de las persecuciones y la libertad de los presos políticos como el respeto de sus dignidades humanas; (3) la realización de elecciones justas y transparentes, en fecha precisa, bajo un poder electoral imparcial y una observación internacional calificada oportuna e independiente; y (4) la disposición de las medidas económicas que permitan la cesación inmediata de las humillantes medidas de racionamiento y de control político a que está sometida la población para acceder a los alimentos y medicinas básicas.
En Caracas, a los 29 días del mes de mayo de 2015.
NICOLÁS ARDITO BARLETTA, ex presidente de Panamá
OSCAR ARIAS, ex presidente de Costa Rica
JOSÉ MARÍA AZNAR, ex presidente del Gobierno de España
BELISARIO BETANCOUR, ex presidente de Colombia
ARMANDO CALDERÓN SOL, ex presidente de El Salvador
RAFAEL ÁNGEL CALDERON, ex presidente de Costa Rica
FELIPE CALDERÓN, ex presidente de México
ALFREDO CRISTIANI, ex presidente de El Salvador
LAURA CHINCHILLA MIRANDA, ex presidenta de Costa Rica
FERNANDO DE LA RÚA, ex presidente de Argentina
SIXTO DURÁN BALLÉN, ex presidente de Ecuador
VICENTE FOX, ex presidente de México
EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, ex presidente de Chile
LUCIO GUTIÉRREZ B., ex presidente de Ecuador
OSVALDO HURTADO L., ex presidente de Ecuador
LUIS ALBERTO LA CALLE, ex presidente de Uruguay
RICARDO MARTINELLI, ex presidente de Panamá
LUIS ALBERTO MONGE, ex presidente de Costa Rica
MIREYA MOSCOSO, ex presidenta de Panamá
ANDRÉS PASTRANA A., ex presidente de Colombia
SEBASTIÁN PIÑERA, ex presidente de Chile
JORGE QUIROGA R., ex presidente de Bolivia
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ, ex presidente de Costa Rica
JULIO MARÍA SANGUINETTI, ex presidente de Uruguay
ALEJANDRO TOLEDO, ex presidente de Perú
ÁLVARO URIBE V., ex presidente de Colombia
JUAN CARLOS WASMOSY, ex presidente de Paraguay

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