sábado, 25 de junio de 2022

Rodulfo González. LA BARBARIE REPRESIVA DE LA NARCODICTADURA DE NICOLÁS MADURO (III)

 

AGRESIONES CONTRA ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS

            Los ataques contra los activistas en derechos humanos han sido constantes en la narcodictadura de Nicolás Maduro, bajo el silencio cómplice de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República.

            Lo propio hizo el tirano Hugo Chávez quien raíz de un informe crítico de su régimen Venezuela expulsó del país al director de la ONG 'Human Rights Watch', José Miguel Vivanco, y al subdirector Daniel Wilkinson, en septiembre de 2008.

            Esa misma institución, en diciembre de 2021, en la voz de su director para las Américas, José Miguel Vivanco,denunció desde Washington, D.C., que “Las autoridades venezolanas acosan y persiguen penalmente a organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo la tarea esencial de responder a la emergencia humanitaria en el país”.

            Y agregó:

            -Desde noviembre de 2020, las autoridades venezolanas que responden a Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad han llevado a cabo una campaña sistemática contra organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en el país, que ha incluido congelar sus cuentas bancarias, emitir órdenes de detención y allanar sus oficinas, además de detener a algunos de sus miembros para interrogarlos. A su vez, las autoridades bancarias están aplicando restricciones que limitan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, y el gobierno no ha brindado los permisos necesarios para que personal internacional pueda ingresar en Venezuela a algunas de las principales organizaciones humanitarias.

            Luego expresó:

            -Las autoridades venezolanas han dejado en evidencia que les interesa más reprimir al pueblo que ayudarlo al bloquear el trabajo de las organizaciones humanitarias en un contexto de emergencia humanitaria, en el cual niños y niñas pasan hambre y los pacientes con Covid-19 necesitan recibir tratamiento adecuado”

            Igualmente indicó:

            -La comunidad internacional debe instar categórica y urgentemente a las autoridades venezolanas a que permitan que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos venezolanas e internacionales lleven a cabo sus actividades para evitar que se sigan perdiendo vidas”.

            El 23 de noviembre, el Ministerio Público dictó una orden de arresto contra seis trabajadores humanitarios de la organización no gubernamental Alimenta la Solidaridad –que gestiona 239 comedores donde comen 25.000 niños y niñas y entrega 1.500 comidas gratis cada día a trabajadores de la salud que brindan asistencia durante la pandemia – y de la organización internacional Save the Children. Se los acusa de legitimación de capitales y asociación ilícita. Los activistas no han tenido acceso al expediente penal de la causa en su contra.

 

            El 24 de noviembre, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN) allanaron la ex sede de Alimenta la Solidaridad en Caracas sin mostrar ninguna orden. Al día siguiente, requisaron la vivienda de los padres del fundador de la organización y preguntaron por su paradero.

            El trabajo que llevan adelante estos comedores es esencial. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA) considera que la seguridad alimentaria y la desnutrición son problemas graves en Venezuela. En 2019, una evaluación del Programa Mundial de Alimentos estimó que 2,3 millones de venezolanos se encontraban en situación de inseguridad alimentaria grave y otros 7 millones en situación de inseguridad alimentaria moderada. En algunas comunidades de bajos ingresos, más del 14 % de los niños y niñas menores de cinco años presentaban desnutrición, según indica un informe publicado por Cáritas en julio.

            Hay más pruebas de tales agresiones, según lo expresado por Vivanco en el documento presentado en la capital norteamericana.

            En efecto, el 15 de diciembre, agentes de la Fuerza de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron la sede de la organización de derechos humanos Convite, que da seguimiento a la situación de los derechos de los adultos mayores en Venezuela y ha distribuido ayuda humanitaria a 4.500 personas en varios estados.

            -Los agentes –explicó- le presentaron al personal de Convite un documento que dijeron era una orden de allanamiento, la cual les permitía buscar explosivos, armas y evidencia de actividades relacionadas con terrorismo. No les no entregaron una copia de dicho documento.

            Los agentes confiscaron tres computadoras y dos teléfonos celulares que retuvieron durante varias horas y trasladaron al director de Convite, Luis Francisco Cabezas, y a su administradora, Patrizzia Latini, a una sede de FAES para interrogarlos. Los agentes confiscaron sus teléfonos, no les permitieron contactar a sus abogados y los interrogaron durante dos horas antes de permitirles irse.

            Después recordó:

            -La FAES ha estado implicada en gravísimos abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha manifestado preocupación ante la posibilidad de que las autoridades hayan usado a agentes de la FAES para infundir temor en la población local al hacer uso excesivo de la fuerza en el contexto de operaciones de seguridad, allanar viviendas, confiscar artículos personales y perpetrar actos de violencia.

            Asimismo, el 20 de noviembre, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN, exigió que los bancos realizaran un monitoreo más riguroso de las operaciones financieras de organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales a fin de identificar a quienes envían y reciben fondos de esas organizaciones. Alimenta la Solidaridad expresó que SUDEBAN también dispuso congelar sus cuentas bancarias e impidió que accediera a los fondos necesarios para llevar a cabo sus actividades humanitarias.

            SUDEBAN también limitó el uso de las tarjetas prepagas en dólares estadounidenses que han estado utilizando empresas y organizaciones para pagar sueldos y beneficios a sus empleados ante la devaluación del Bolívar, la moneda venezolana. Esta medida limita aún más a la capacidad de organizaciones humanitarias y de derechos humanos de conservar su personal y realizar sus actividades.

            Igualmente destacó:

            -También en noviembre, el poderoso político Diosdado Cabello, aliado de Nicolás Maduro y miembro electo de la próxima Asamblea Nacional, anunció que la nueva Asamblea Nacional adoptaría una ley para regular la posibilidad de que las organizaciones obtengan fondos internacionales.

            Está previsto que los nuevos miembros de la Asamblea Nacional asuman el 5 de enero de 2021, pese a la amplia condena internacional a las elecciones legislativas celebradas el 6 de diciembre, que no fueron ni libres ni justas. En varias instancias, Cabello ha amenazado con establecer medidas para regular los fondos internacionales destinados a organizaciones en el país, incluso cuando presidía la Asamblea Nacional Constituyente, el poder legislativo de facto en Venezuela desde 2017.

            Asimismo apuntó:

            -El 18 de diciembre, expertos de derechos humanos de la ONU exhortaron a las autoridades venezolanas a poner fin a la represión a organizaciones de la sociedad civil. Conforme al derecho internacional, los gobiernos deben asegurar que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin sufrir represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “[E]l respeto de los derechos humanos en un Estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades, y que es conveniente prestar particular atención a acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos”.

            El derecho internacional de los derechos humanos también obliga a las autoridades venezolanas a respetar, promover y asegurar los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela, lo cual incluye el derecho a un estándar de vida adecuado, a la alimentación y al más alto nivel de salud posible.

            Cabe recordar que Javier Tarazona, director de la ONG local FundaREDES fue detenido arbitrariamente el 2 de julio de 2021 tras intentar denunciar acoso por agentes de las fuerzas de seguridad ante la Fiscalía General en la ciudad de Coro (oeste de Venezuela), y acusado de incitación al odio y terrorismo.

            A la fecha de redacción de este capítulo, 25 de junio de 2022, el activista continuaba siendo huésped forzoso de una de las mazmorras del siniestro SEBIN, a pesar de no haber cometido delito alguno y de que su salud se ha deteriorado gravemente por falta de tratamiento médico.

            Con él había sido detenidos por el mismo cuerpo represivo  los también activistas de FundaRedes Rafael Tarazona y Omar de Dios García, quienes  fueron excarcelados condicionalmente el 26 de octubre de 2021.

            El 23 de junio de 2022 la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) denunció que, en mayo, se registraron 46 ataques contra organizaciones y activistas de derechos humanos, lo que supone un incremento del 70 % respecto a abril, cuando se computaron 27 casos.

            De las 46 agresiones contra activistas de derechos humanos, 29 fueron de estigmatización, 11 de intimidación y hostigamiento, 3 amenazas, 2 de judicialización y uno que no especificó.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Etiquetas

Noticias de Venezuela Politica Noticias de Nueva Esparta Opinion Derechos Humanos en Venezuela Presos Politicos Dictadura en Venezuela Nacionales Noticias Nacionales Perseguidos Politicos DDHH Internacionales Noticias Estado Nueva Esparta Noticias Regionales Crisis Humanitaria Crisis Economica Cultura Noticias Internacionales Nicolas Maduro Estado Nueva Esparta Economia Crisis Social Turismo en Isla de Margarita IAPOENE Resolucion 008610 Chavez Manifestaciones en Tachira FILCAR 2015 Leopoldo Lopez Libertad de Prensa Maria Corina Machado SEBIN corrupcion Carnavales 2015 Maduro Movimiento Estudiantil UNIMAR Deportes Diosdado Cabello Hugo Chavez Libertad de Expresion 4 de febrero de 1992 Gobierno de los EEUU Isla de Margarita MUD OEA Turismo Fundacion UDC Lilian Tintori Inseguridad en Venezuela ONU Primero Justicia Barack Obama Estado Sucre Golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 INEPOL Mesa de la Unidad Democratica dictadura Capriles Radonsky Cumana Defensor del Pueblo España Jony Rahal Voluntad Popular Henrique Capriles Radonski Lista Falciani Nelson Bocaranda PNB Secretario General de la OEA Swiss Leaks 12 de Febrero Colombia Cristina Fernandez Escolta de Diosdado Cabello lo acusa en Washington de narcotráfico Historia de Venezuela Jesus Chuo Torrealba Marianela Salazar Municipio Antolín del Campo CAMPO Noticias de Uruguay Pedro Leon Zapata RUNRUNES Rodriguez Torres TSJ Tarek William Saab Autorizan uso de armas mortales contra protestas en Venezuela CENCOEX Cartel de los Soles Caso HSBC Escolta denuncia a Diosdado Fidel Castro HSBC La Asuncion Manifestaciones en Caracas Municipio Mariño PODEMOS España Partido PODEMOS Sebastiana sin Secretos Teodoro Petkoff dictador historia Alberto Nisman Argentina CADIVI CNE Caricatura Chavismo Devaluacion del Bolivar Estado Merida FARC Guerra Economica Helicoide Inflacion en Venezuela Leamsy Salazar Luisa Ortega Diaz Manifestaciones en Merida Maxidevaluacion Municipio Gomez Ocho militares del anillo de seguridad de Maduro también huyeron Padrino Lopez Simon Bolivar UCAT UCV democracia 12F Alcaldia de Mariño Asamblea Nacional Blanqueo de Capitales Empresas de Maletin Estado Bolivar Farmatodo Fernando Luis Egaña Gobierno Español Golpe de Estado al Presidente Maduro Guayana HRW Hiperinflacion Human Rights Watch Indice de Miseria Investigacion Jorge Giordani Juan Carlos Monedero Juangriego Marta Colomina Megadevaluacion Ministerio Publico Ministro de la Defensa Municipio Diaz Municipio Tubores Noticias de Argentina Noticias de Colombia PDVSA Pedro Claver Cedeño Periodista Eladio Rodulfo Gonzalez Pollo Carvajal Porlamar Reporteros sin Fronteras SIMADI Tabare Vasquez UCAB UDO Universidad de Oriente Venezuela Primero en Indice de Miseria 2014 AD Accion Democratica Alberto Barrera Tyszka Andres Oppenheimer Autoritarismo BCV BID Banco Central de Venezuela CNP Carnaval de Carupano Carnaval del Mar Carnavales de El Callao Censura en Venezuela Cesar Miguel Rondon Convenio Cambiario 33 Corte IDH Cupo Viajero DECLARACION DE TBILISSI DISCURSO DE ANGOSTURA Educacion Efemerides Efemerides de Margarita Empresas Basicas Fiscal General de la Republica GNB Hugo Carvajal Iglesia Venezolana Laguna de La Restinga Monedero Municipio Marcano Nelson Mandela Noticias de Chile Operacion Jerico Oscar Arias Pedro Llorens Pensamientos de Simon Bolivar Puerto Libre RSF RSF 2015 Rodolfo Marcos Torres RupertiGate SICAD SIDOR Salvador Allende Sistema Cambiario Sistema Marginal de Divisas Tasa SIMADI Tribunal de la Haya UNES UPEL Víctimas inocentes del 4 de Febrero de 1992 William Brownfield Wilmer Ruperti