AGRESIONES CONTRA ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS
Los
ataques contra los activistas en derechos humanos han sido constantes en la
narcodictadura de Nicolás Maduro, bajo el silencio cómplice de la Defensoría
del Pueblo y la Fiscalía General de la República.
Lo propio hizo el tirano Hugo Chávez
quien raíz de un informe crítico de su régimen Venezuela expulsó del país al
director de la ONG 'Human Rights Watch', José Miguel Vivanco, y al subdirector
Daniel Wilkinson, en septiembre de 2008.
Esa misma institución, en diciembre
de 2021, en la voz de su director para las Américas, José Miguel Vivanco,denunció
desde Washington, D.C., que “Las autoridades venezolanas acosan y persiguen
penalmente a organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo la tarea
esencial de responder a
la emergencia humanitaria en el país”.
Y agregó:
-Desde noviembre de 2020, las
autoridades venezolanas que responden a Nicolás Maduro y sus fuerzas de
seguridad han llevado a cabo una campaña sistemática contra organizaciones
humanitarias y de derechos humanos que trabajan en el país, que ha incluido
congelar sus cuentas bancarias, emitir órdenes de detención y allanar sus oficinas,
además de detener a algunos de sus miembros para interrogarlos. A su vez, las
autoridades bancarias están aplicando restricciones que limitan el trabajo de
las organizaciones de la sociedad civil, y el gobierno no ha brindado los
permisos necesarios para que personal internacional pueda ingresar en Venezuela
a algunas de las principales organizaciones humanitarias.
Luego expresó:
-Las autoridades venezolanas han
dejado en evidencia que les interesa más reprimir al pueblo que ayudarlo al
bloquear el trabajo de las organizaciones humanitarias en un contexto de
emergencia humanitaria, en el cual niños y niñas pasan hambre y los pacientes
con Covid-19 necesitan recibir tratamiento adecuado”
Igualmente indicó:
-La comunidad internacional debe
instar categórica y urgentemente a las autoridades venezolanas a que permitan
que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos venezolanas e
internacionales lleven a cabo sus actividades para evitar que se sigan perdiendo
vidas”.
El 23 de noviembre, el Ministerio
Público dictó una orden de arresto contra seis trabajadores humanitarios de la
organización no gubernamental Alimenta la Solidaridad –que gestiona 239
comedores donde comen 25.000 niños y niñas y entrega 1.500 comidas gratis cada
día a trabajadores de la salud que brindan asistencia durante la pandemia – y
de la organización internacional Save the Children. Se los acusa de
legitimación de capitales y asociación ilícita. Los activistas no han tenido
acceso al expediente penal de la causa en su contra.
El
24 de noviembre, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de
Venezuela (SEBIN) allanaron la ex sede de Alimenta la Solidaridad en Caracas
sin mostrar ninguna orden. Al día siguiente, requisaron la vivienda de los
padres del fundador de la organización y preguntaron por su paradero.
El
trabajo que llevan adelante estos comedores es esencial. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
de las Naciones Unidas (UNOCHA) considera que la seguridad alimentaria y la
desnutrición son problemas graves en Venezuela. En 2019, una evaluación del
Programa Mundial de Alimentos estimó que 2,3 millones de venezolanos se
encontraban en situación de inseguridad alimentaria grave y otros 7 millones en
situación de inseguridad alimentaria moderada. En algunas comunidades de bajos
ingresos, más del 14 % de los niños y niñas menores de cinco años presentaban
desnutrición, según indica un informe publicado por Cáritas en julio.
Hay más pruebas de tales agresiones,
según lo expresado por Vivanco en el documento presentado en la capital
norteamericana.
En efecto, el 15 de diciembre,
agentes de la Fuerza de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional
Bolivariana (PNB) allanaron la sede de la organización de derechos humanos
Convite, que da seguimiento a la situación de los derechos de los adultos
mayores en Venezuela y ha distribuido ayuda humanitaria a 4.500 personas en
varios estados.
-Los agentes –explicó- le
presentaron al personal de Convite un documento que dijeron era una orden de
allanamiento, la cual les permitía buscar explosivos, armas y evidencia de
actividades relacionadas con terrorismo. No les no entregaron una copia de
dicho documento.
Los agentes confiscaron tres
computadoras y dos teléfonos celulares que retuvieron durante varias horas y
trasladaron al director de Convite, Luis Francisco Cabezas, y a su
administradora, Patrizzia Latini, a una sede de FAES para interrogarlos. Los
agentes confiscaron sus teléfonos, no les permitieron contactar a sus abogados
y los interrogaron durante dos horas antes de permitirles irse.
Después recordó:
-La FAES ha estado implicada en
gravísimos abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales. La Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha
manifestado preocupación ante la posibilidad de que las autoridades hayan usado
a agentes de la FAES para infundir temor en la población local al hacer uso
excesivo de la fuerza en el contexto de operaciones de seguridad, allanar
viviendas, confiscar artículos personales y perpetrar actos de violencia.
Asimismo,
el 20 de noviembre, la Superintendencia de las Instituciones del Sector
Bancario, SUDEBAN, exigió que los bancos realizaran un monitoreo más riguroso
de las operaciones financieras de organizaciones sin fines de lucro nacionales
e internacionales a fin de identificar a quienes envían y reciben fondos de
esas organizaciones. Alimenta la Solidaridad expresó que SUDEBAN también
dispuso congelar sus cuentas bancarias e impidió que accediera a los fondos
necesarios para llevar a cabo sus actividades humanitarias.
SUDEBAN también limitó el uso de las
tarjetas prepagas en dólares estadounidenses que han estado utilizando empresas
y organizaciones para pagar sueldos y beneficios a sus empleados ante la
devaluación del Bolívar, la moneda venezolana. Esta medida limita aún más a la
capacidad de organizaciones humanitarias y de derechos humanos de conservar su
personal y realizar sus actividades.
Igualmente destacó:
-También en noviembre, el poderoso
político Diosdado Cabello, aliado de Nicolás Maduro y miembro electo de la
próxima Asamblea Nacional, anunció que la nueva Asamblea Nacional adoptaría una
ley para regular la posibilidad de que las organizaciones obtengan fondos
internacionales.
Está previsto que los nuevos
miembros de la Asamblea Nacional asuman el 5 de enero de 2021, pese a la amplia
condena internacional a las elecciones legislativas celebradas el 6 de
diciembre, que no fueron ni libres ni justas. En varias instancias, Cabello ha
amenazado con establecer medidas para regular los fondos internacionales
destinados a organizaciones en el país, incluso cuando presidía la Asamblea
Nacional Constituyente, el poder legislativo de facto en Venezuela desde 2017.
Asimismo apuntó:
-El 18 de diciembre, expertos de
derechos humanos de la ONU exhortaron a las autoridades venezolanas a poner fin
a la represión a organizaciones de la sociedad civil. Conforme al derecho
internacional, los gobiernos deben asegurar que los defensores de derechos
humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin sufrir represalias,
amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales
innecesarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que
“[E]l respeto de los derechos humanos en un Estado democrático depende, en gran
parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de
derechos humanos para realizar libremente sus actividades, y que es conveniente
prestar particular atención a acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de
los defensores de derechos humanos”.
El derecho internacional de los
derechos humanos también obliga a las autoridades venezolanas a respetar,
promover y asegurar los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela,
lo cual incluye el derecho a un estándar de vida adecuado, a la alimentación y
al más alto nivel de salud posible.
Cabe recordar que Javier
Tarazona, director de la ONG local FundaREDES fue detenido arbitrariamente el 2
de julio de 2021 tras intentar denunciar acoso por agentes de las fuerzas de seguridad
ante la Fiscalía General en la ciudad de Coro (oeste de Venezuela), y acusado
de incitación al odio y terrorismo.
A la fecha de redacción de este
capítulo, 25 de junio de 2022, el activista continuaba siendo huésped forzoso
de una de las mazmorras del siniestro SEBIN, a pesar de no haber cometido
delito alguno y de que su salud se ha deteriorado gravemente por falta de
tratamiento médico.
Con
él había sido detenidos por el mismo cuerpo represivo los también activistas de FundaRedes Rafael
Tarazona y Omar de Dios García, quienes fueron
excarcelados condicionalmente el 26 de octubre de 2021.
El
23 de junio de 2022 la ONG Centro para los Defensores y
la Justicia (CDJ) denunció que, en mayo, se registraron 46 ataques contra
organizaciones y activistas de derechos humanos, lo que supone un incremento
del 70 % respecto a abril, cuando se computaron 27 casos.
De
las 46 agresiones contra activistas de derechos humanos, 29 fueron de
estigmatización, 11 de intimidación y hostigamiento, 3 amenazas, 2 de
judicialización y uno que no especificó.
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