La represión en Cuba, violencia y terrorismo de Estado
El gobierno castrista viola los derechos civiles e individuales que deben existir en los sistemas democráticos
LA HABANA, Cuba.- A través de sesenta años hemos visto cómo la dictadura totalitaria cubana emplea la represión para perpetuarse en el poder. La represión política es la acción de castigar y perseguir actividades políticas o sociales desde el poder político hacia un individuo o grupo, para impedir el ejercicio de los derechos civiles e individuales que deben existir en los sistemas democráticos. El gobierno castrista viola el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la igualdad ante la ley, el derecho de manifestación, de asociación, de sindicación, el derecho a la propiedad, entre otros.
Estos derechos son inherentes a todos los individuos y no pueden ser restringidos por los gobernantes. Son derechos innatos, no se pierden bajo ninguna circunstancia y nadie tiene potestad para privarnos de ellos. El artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos plantea: “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados”. Por lo tanto, la represión nunca debe considerarse legítima, aunque en el caso de Cuba Fidel Castro la haya institucionalizado desde 1959.
La represión va acompañada de violencia física y/o psicológica. También se manifiesta mediante violaciones de los derechos humanos, brutalidad policial, encarcelamientos arbitrarios, exilio, extorsión, terrorismo, asesinato extrajudicial, juicios sumarios, tortura, desaparición forzada y otros castigos contra activistas políticos, disidentes y población en general. Cuando, como ocurre en Cuba, es organizada por el Estado, estamos en presencia de terrorismo de Estado. Las constantes agresiones y represalias contra José Daniel Ferrer y activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), o el encarcelamiento infundado de Luis Robles y Yasser Rodríguez por hacer uso de su libertad de expresión, no dejan lugar a dudas.
La represión sistemática y violenta es una característica distintiva de las dictaduras y regímenes totalitarios como el nuestro, donde es perpetrada por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el Ministerio del Interior (MININT), el ejército, las llamadas organizaciones de masas como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) o la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), colaboradores y grupos paramilitares conocidos como Brigadas de Respuesta Rápida.
En Cuba existen varios tipos de represores, como por ejemplo los represores violentos, los represores de cuello blanco económicos o administrativos, los represores de exportación (oficiales enviados a Venezuela, coordinadores de brigadas médicas, etc.). En ocasiones son individuos de bajo nivel educacional, escasa cultura política, sin integridad, violentos, personas fáciles de manipular que no necesitan de mucha persuasión para hacer daño. Pero también reprimen dirigentes, como demostró recientemente el ministro de Cultura Alpidio Alonso, al intentar arrebatarle el móvil a un joven periodista que demandaba ser escuchado, o como demuestra constantemente su viceministro Fernando Rojas con un discurso amenazante y agresivo en redes sociales.
Recientemente Cuba fue incluida nuevamente en la lista de países patrocinadores del terrorismo. El gobierno cubano reaccionó airadamente al regreso de esta medida, pero el hecho es que durante décadas ha financiado y asesorado a guerrillas y grupos terroristas en América Latina y otras regiones del planeta. Además, encubre y refugia a terroristas prófugos de la justicia de otros países, como a etarras, panteras negras, miembros de las FARC, o los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya extradición reclama el gobierno de Colombia.
Para combatir la impunidad internacional de personas y entidades corruptas y violadoras de los derechos humanos, e impedir que cualquiera que se dedique a oprimir o robar a los ciudadanos en sus países de origen use luego su estatus o riqueza para viajar libremente, EEUU aprobó en 2012 la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos. Dicha ley debe su nombre a Serguéi Magnitsky, quien denunció la corrupción en Rusia, descubrió un robo a gran escala llevado a cabo por funcionarios de ese país y fue encerrado en la cárcel de Butyrka, en Moscú, donde recibió una golpiza justo antes de morir. La legislación autoriza al presidente de los EEUU a imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hayan cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países. Bajo esta medida, la Casa Blanca puede prohibir visas a cualquier extranjero cuyo nombre aparezca en la denominada lista Magnitsky, y cualquier propiedad que posean en los EEUU puede ser embargada. La ley también permite que se incluyan en la lista empresarios y entidades, por lo que una compañía podría ver bloqueadas todas sus propiedades e intereses dentro de la jurisdicción de los EEUU.
Precisamente invocando la ley Magnitsky, Estados Unidos sancionó en enero de 2021 al ministro del Interior cubano Lázaro Alberto Álvarez Casas, “por graves abusos contra los derechos humanos”, así como al MININT, policía política del castrismo. Aunque estos son solo dos ejemplos de los muchos que avasallan al pueblo y saquean los recursos de nuestro país.
Por otra parte, la prohibición de Khashoggi permite que el Departamento de Estado imponga restricciones de visado a las personas que, actuando en nombre de un gobierno extranjero, reprimen, acosan, vigilan, amenazan, o dañan a disidentes, periodistas, activistas u otras personas percibidas como disidentes por su trabajo. La Prohibición de Khashoggi también podrá ser utilizada contra los familiares de los represores si las actividades de los represores son dirigidas a los familiares de disidentes o periodistas para castigarlos por el libre ejercicio de sus derechos. Esta medida fue adoptada en honor del periodista Jamal Khashoggi, un crítico de la gestión de la monarquía saudita, asesinado en 2018.
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