Analistas creen que incapacidad electoral del oficialismo marca una nueva fase represiva
Carmen Beatriz Fernández y José Vicente Carrasquero, consultores y analistas, resaltan que ante el panorama electoral adverso que tiene a su frente, el Gobierno apuesta por enrarecer el contexto político con intimidación, que implica un giro de acciones que reflejan el creciente autoritarismo en Venezuela
EL PITAZO -
Caracas.- La detención de la abogada, defensora de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, marca una nueva fase represiva del gobierno de Nicolás Maduro, según analistas consultados por El Pitazo.
De acuerdo con los expertos, el actual contexto político es, desde el punto de vista electoral, adverso y cuesta arriba para el oficialismo, pues transita por el peor momento de respaldo popular desde 2012, según diversas encuestas independientes.
La aspiración de la administración de Maduro de forzar un escenario político electoral en 2024 similar al de 2018, cuando hubo un adelanto de elecciones presidenciales con una oposición atomizada y abstención de la ciudadanía durante unos cuestionados comicios, se vio frustrada tras la elección Primaria del 22 de octubre. No es para menos, pues en este proceso de la oposición participaron casi 2 millones 500.000 personas y resultó ganadora la candidata presidencial unitaria María Corina Machado.
«Han calibrado sus números, han visto que, aun inhabilitando a María Corina Machado, para Maduro es muy complicado enfrentarse a ella o a cualquier persona a quien ella le levante la mano. Surge toda esta investigación con militares presos, que tiene un sabor a puesta en escena y no despierta preocupación en la sociedad ni credibilidad. Así llegamos a esta detención de Rocío San Miguel, que causa sorpresa e indignación y preocupa enormemente», explicó vía telefónica la consultora política Carmen Beatriz Fernández.
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Si la Primaria convocada el 22 de octubre por la Plataforma Unitaria Democrática fue una primera alerta para el Gobierno en su cálculo político, la jornada del referendo consultivo sobre el Esequibo, realizada en diciembre, terminó de encender las alarmas, pues resultó una propuesta contraproducente para el oficialismo, apuntó Fernández.
«Las suposiciones iniciales cambian, y asumen que se pueden recuperar del éxito de la Primaria con la movida del referendo, que resulta una catástrofe de movilización y de aceptación pública. Todos esos supuestos que iban dirigidos a la normalización de Maduro terminan en una ficción y por eso se precipita todo esto al caos», agregó la analista.
La apuesta por simular
2024 arrancó con la decisión gubernamental de neutralizar la candidatura unitaria presidencial de María Corina Machado. Así entra en escena el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se pliega a la estrategia del Gobierno y decide que la candidata de la oposición continúa con la inhabilitación que le impuso la Contraloría.
La medida del TSJ, entre otras acciones del gobierno de Maduro, dejó sin efecto, hasta ahora, el acuerdo de Barbados, la negociación política en la que Gobierno y la oposición mayoritaria vinculada con la Plataforma Unitaria Democrática suscribieron garantías electorales, pero estas se han quedado en el papel.
La apuesta del Gobierno es simular que se mueve dentro de los límites fijados en el acuerdo de Barbados, según considera el politólogo y consultor de opinión pública y campañas electorales, José Vicente Carrasquero.
«En el tablero, el juego es hacer creer que están haciendo algo con Barbados, cuando en realidad, aguas adentro, están aplicando un régimen de terror que se manifiesta en detenciones arbitrarias y otros hechos que constituyen terrorismo de Estado», destacó Carrasquero.
El politólogo añadió que ante una realidad electoral adversa, con una candidatura presidencial oficialista sin capacidad de despertar entusiasmo una década después, el Gobierno busca enrarecer el ambiente político y replicar un contexto electoral como el de 2018. Pero en el oficialismo saben que no pueden desechar por completo el acuerdo de Barbados.
«El régimen de Maduro está en una situación bastante crítica desde el punto de vista electoral —destacó Carrasquero—. Sin Barbados no tiene vida porque sería un proceso de autoaplicación de las sanciones. Entonces simulan hechos: Jorge Rodríguez simula un acuerdo para realizar elecciones que no incluye a la mayoría de la población, usurpando funciones del Consejo Nacional Electoral. Creen que le pueden vender a otros países que lo que están haciendo es un acuerdo».
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Giro vertiginoso de intimidación
La detención de San Miguel, una especialista en el ámbito militar y de seguridad acusada por la Fiscalía por la presunta comisión de delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros, marcó un nuevo precedente en un año electoral que se considera crucial para el rumbo político del país.
El encarcelamiento de San Miguel, una figura de alto perfil dentro y fuera de Venezuela entre quienes representan a la sociedad civil organizada, tiene un costo político, y frente a eso, de acuerdo con Carmen Beatriz Fernández, el Gobierno reacciona de forma desproporcionada.
«Estamos entrando en una dimensión vertiginosa y el Gobierno no está reaccionando bien, sino con miedo e incertidumbre. El revuelo, puertas adentro y afuera, por la detención de San Miguel no se lo esperaban. Tan es así que primero ponen a declarar al fiscal general, Saab, y luego al canciller como un asunto internacional», apuntó la especialista.
A su vez, Carrasquero consideró que la detención de Rocío San Miguel, en el contexto de una arremetida contra las ONG, que no se puede eludir, ratifica el carácter autoritario de la administración de Maduro y constituye también un error de cálculo político.
«El ataque contra las ONG se hace más patente con la detención de Rocío San Miguel. Es un mensaje a las demás ONG, particularmente a las que se dedican a la defensa de derechos humanos. Las acciones del régimen son de terrorismo de Estado, destinadas a generar miedo e incertidumbre, que la gente se cohíba», acotó Carrasquero.
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En mes y medio de lo que va de 2024, la comunidad internacional, diversos gobiernos de la región y organismo internacionales, rechazaron, inicialmente, las acciones gubernamentales contra María Corina Machado, y en menos de 30 días, han hecho lo propio tras la detención de San Miguel y tras el anuncio de la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
«Ante la comunidad internacional se ratifica el carácter autoritario del régimen de Maduro. Si había ganado alguna confianza con el acuerdo de Barbados, eso se perdió y Maduro comienza a ser un paria de las relaciones internacionales. Quizá conservará algún apoyo de amigos, como Petro, Lula y López Obrador, quienes no querrán, supongo, que se les asocie con un régimen abiertamente dictatorial», concluyó José Vicente Carrasquero.
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