Propuestas para modificar la relación de las provincias con el Estado nacional en Argentina (segunda parte)
En esta oportunidad, el Dr. Ricardo Manuel Rojas analiza una modificación en el destino de los fondos de la coparticipación.
Ricardo Manuel Rojas PANAM POST 
Viene de la primera parte, disponible aquí.
Esta propuesta, a diferencia de la anterior, podría ser más difícil de aceptar por los gobernadores de las provincias, pues a pesar de estar orientada a un mejor empleo de los recursos públicos, va en contra de sus intereses personales, al menos en algunos casos.
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El sistema de coparticipación federal de impuestos tiene muchas deficiencias conceptuales, generando incentivos perversos que se han venido advirtiendo con los años en el país. El hecho de que el gobierno nacional recaude impuestos y los reparta, produce dos consecuencias contraproducentes:
- Se eliminan incentivos en las provincias para generar mecanismos de eficiencia en cuanto a incrementar la actividad económica, la producción, y consecuentemente que el gobierno local reciba tributos generados en la propia provincia a partir del incremento en la productividad. Por el contrario, el gobierno provincial ya tiene asegurado el ingreso en dinero que necesita, al menos para mantener las actividades que le interesan a cada gobernador.
- El dinero va directamente al gobierno de la provincia, de modo que los gobernadores en muchos casos terminan disponiendo discrecionalmente de los fondos que reciben, y los usan fundamentalmente con dos finalidades: a) incrementar su poder político, cooptando a la oposición, tomando el control de los distintos poderes locales, disciplinando a los municipios, etc.; b) crear un mecanismo de corrupción por el cual los fondos recibidos de ese modo se utilizan para crear lealtades políticas, pagar favores, acomodar amigos en el gobierno, o simplemente robarlo.
Se puede ver en varias provincias las consecuencias de este sistema: gobernadores eternizados en el poder, inmensamente ricos, sin que funcione un solo mecanismo republicano de control; y una población cada vez más empobrecida, donde no existen incentivos para la producción, y la mayoría de la ocupación laboral es en alguna de las reparticiones del Estado provincial.
Muchos economistas han mostrado la inconveniencia de este sistema, que lamentablemente hoy se encuentra incorporado a la Constitución Argentina tras la reforma de 1994 (Artículo 75, inc. 2). Lejos de respetar el principio federal de gobierno y la circunstancia de que la Constitución Nacional y el gobierno que ella organiza, ha sido creada “por voluntad y elección de las provincias que la componen”, la coparticipación contribuyó al centralismo cada vez más pronunciado tras la reforma.
El hecho de que la coparticipación federal de impuestos esté integrada en la Constitución, y que para realizar una modificación radical que elimine los perjuicios que ocasiona se deba contar con la aprobación de las provincias, hace que sólo se pueda pensar en algunas modificaciones puntuales que minimicen perjuicios.
En este sentido, la propuesta es que una nueva ley convenio haga que el dinero que reciben las provincias no sea entregado al gobierno provincial, sino que se reparta, de conformidad con los porcentajes que se discutan en el acuerdo respectivo, entre los organismos de aplicación de las distintas áreas para la prestación de determinados servicios concretos. A modo de ejemplo, podría llegar el dinero distribuido directamente de esta manera:
15% Seguridad y defensa civil (policía provincial, bomberos, defensa civil, etc.).
10% Justicia (Poder Judicial y Ministerio Público).
15% Educación (primaria y secundaria).
15% A Salud (hospitales y distintos centros de salud).
30% A ser repartido entre los municipios y departamentos de la provincia, en proporción a su población.
15% Al gobierno provincial.
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Se pueden cambiar los porcentajes y los destinatarios. Pero de este modo se lograría que buena parte del dinero vaya a parar a las áreas básicas a cargo de los gobiernos de provincia, y no queden en manos de la decisión discrecional del gobernador.
Es cierto que esto no impide que al interior de cada una de estas áreas se creen bolsones de burocracia y corrupción (por ejemplo, que el dinero de Educación se utilice para crear un gigantesco Ministerio de Educación lleno de burócratas con altos sueldos, en lugar de ir a las escuelas y colegios). Pero la probabilidad de control crece en la medida en que los recursos se distribuyen a las áreas específicas, y el gobierno provincial, que ya no podría disponer de esos fondos, tendría mayores incentivos para controlar que se empleen correctamente.
Argentina padece un retroceso que ya lleva un siglo, y que se ha intensificado en la última mitad. Es mucho lo que funciona mal, lo que hay que recomponer, lo que hay que poner a andar. Sobre todo, porque parte de esa crisis, como se está viendo en estas semanas, ha consistido en convertir a cada repartición estatal que maneja dinero, en focos de corrupción y robo.
Realinear incentivos, como ocurre en el mercado de bienes privados, podría ser de ayuda para un mejor funcionamiento del gobierno.
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