Sobre el sombrero del asesino
En todas partes se preservan objetos que simbolizan los más altos valores culturales, pero estos no pueden ser los distintivos de unos asesinos que dejaron ríos de dolor y sangre
No para este ignominioso Gobierno de ofender e insultar la inteligencia de los colombianos. Lo que ha pasado con el sombrero del asesino Carlos Pizarro es tan aberrante como insólito. Querer convertir esa prenda en un símbolo nacional, en un referente cultural, es un irrespeto hacia el país y una falta de empatía hacia las víctimas. Es, como dijo la senadora Cabal, igual que enaltecer la toalla de Marulanda o una de las avionetas que transportaban la cocaína de Pablo Escobar.
En todos los países se preservan objetos que simbolizan los más altos valores culturales, patrióticos y sociales, pero estos de ninguna manera pueden ser las “reliquias” de una agrupación que fue perdonada después de dejar ríos de dolor y sangre por toda la geografía nacional. Debería entender Petro —y todos los demás asesinos que han sido amnistiados o indultados— que lo mínimo que se espera de ellos es un comportamiento prudente y discreto, acorde con un arrepentimiento sincero y un respeto verdadero para con la sociedad y las instituciones.
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Pero no. Petro ha decidido ofender a los colombianos rindiéndole honores a la bandera sanguinolenta del M-19 y dándole tintes heroicos no a la espada de Bolívar sino al acto de robársela y, años después, devolverla. Y a mantener esa narrativa posesionándose ante la espada y prestando juramento ante la senadora María José Pizarro, hija del asesino, y cuya hermana María del Mar también está en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, en contra del concepto de muchos expertos que aducen que no podía inscribirse en la misma coalición de su hermana para unas mismas elecciones. ¿Será que tanta adoración de los símbolos del ‘M’ se reduce a que Petro quiere ungir a la Pizarro como su sucesora?
Por cierto que, hablando de hermanos, hay que referirse al nuevo mega escándalo de este desgobierno. Ahora resulta que el hermano de Laura Sarabia exhibe un patrimonio de miles de millones de pesos cuando hasta hace un par de años no tenía ni en qué caerse muerto. Esto después de trabajar en la empresa de consultoría que la Sarabia montó con su marido para ordeñar al Estado en lo que se ofrezca.
Es tal la podredumbre de este gobierno que la “primera brincona de la Nación”, la señora Alcocer, se adelantó a denunciar ante la Fiscalía de bolsillo de su marido que van a acusarla de tener relación con los actos de corrupción de la UNGRD. Eso suena a ‘explicación no pedida, culpa manifiesta’. Y la gravedad del asunto se hace más elocuente cuando la mujer de Petro expresa que los señalamientos vienen de la misma Casa de Nariño y que se trata de “fuego amigo”. ¿No será que hay gente con conocimiento de causa que está cansada de tantas irregularidades y pretende hablar?
Y mientras esta gente se roba el país, los violentos se enseñorean de todo el suroccidente colombiano (Putumayo, Nariño, Cauca, Valle y Chocó) para sacar el máximo rendimiento del negocio de la cocaína, estimulados por este gobierno que no quiso erradicar, y el oro ilegal. Sin duda, brillan por su ausencia las Fuerzas Armadas y se nota la pérdida de la superioridad aérea por no querer bombardear campamentos de grupos violentos ante la consabida presencia de menores de edad, aprovechados por los criminales como escudos humanos ante el papayazo de una administración tan proclive a darles ventajas a los criminales.
Para ajustar, los magistrados de la Corte Constitucional denuncian que los están “chuzando” desde las oficinas de la presidencia, siendo ellos los que deben pronunciarse sobre la exequibilidad de leyes que le interesan a Petro, como su mal tramitada reforma pensional. Y ni hablar de lo que esa Corte tenga que fallar sobre la constituyente petrista con la que este tipo se quiere atornillar. Tal es su desespero que en Buenaventura propuso crear un estado de excepción con el muy débil argumento de terminar unas obras, especialmente un estadio. Él cree que una declaratoria de excepcionalidad le dará el combustible necesario para lanzar su proceso constituyente y para cancelar las elecciones del 2026, herramientas ambas que le asegurarán quedarse en el cargo. Claro, tanto mejor si tiene la particular bendición de un organismo que hoy se siente presionado, perseguido y espiado.
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