Muerte de Deisy Chirinos muestra la negligencia en las cárceles venezolanas

Este fallecimiento, dentro del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ha generado nuevas preocupaciones sobre la falta de atención médica y las precarias condiciones en las que se encuentran las presas en Venezuela

Neiyer Angarita IPYS – 20/09/24

Foto: Google

Las deficiencias en el funcionamiento del sistema penitenciario venezolano quedaron en evidencia, una vez más, con el reciente fallecimiento de Deisy Chirinos, quien se encontraba presa en Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), la única cárcel para mujeres en Venezuela. 

Chirinos, quien llevaba siete años detenida, se encontraba en un grave estado de desnutrición y llevaba varias semanas solicitando su traslado a un centro asistencial. Sin embargo, vio ignoradas sus peticiones por parte de las autoridades penitenciarias. 

Según un reporte de El Pitazo, el familiar de una interna, que estaba al tanto de la situación de Chirinos, detalló que el personal del centro penitenciario proporciona únicamente medicamentos básicos como ibuprofeno y acetaminofén a las reclusas que presentan problemas de salud. Además, indicó que para que una interna sea evaluada por un médico, es necesario que sus familiares cubran los honorarios de un especialista y que éste se traslade hasta el recinto penitenciario. Sin embargo, Chirinos no contaba con familiares ni nadie cercano que pudiera colaborarle económicamente.

La muerte de Deisy ha generado indignación en la población venezolana, ante la visible violación de sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la salud, a la alimentación y a los compromisos internacionales suscritos por Venezuela que garantizan el derecho a la vida y a la integridad personal. 

Ante esta situación, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reiteró la responsabilidad del Estado de resguardar la vida y respetar los derechos humanos de todas las personas bajo su custodia. 

“Es inaceptable que se le negara atención médica a pesar de su estado de desnutrición y de sus súplicas por ser trasladada a un centro de salud para recibir tratamiento”, afirmaron. 

Por su parte el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció, a través de sus redes sociales, que “las internas del INOF enfrentan condiciones precarias y falta de acceso a servicios básicos, incluyendo atención médica adecuada y traslado inmediato a un centro de salud, en caso de ser necesario”.

“Es responsabilidad del Estado garantizar que las mujeres que están bajo su custodia, tanto del INOF como los anexos femeninos, reciban la ayuda humanitaria que necesitan para cuidar de su salud y bienestar”, añadieron. 

Esta misma denuncia fue realizada por familiares de las reclusas del INOF en una rueda de prensa, realizada el pasado 2 de septiembre, donde además relataron que las reclusas han sido sometidas a torturas.

Los parientes aseguraron que durante una requisa las autoridades penitenciarias botaron todas las pertenencias de las reclusas, hasta la leche de los niños que hacen vida en el recinto junto a sus madres, dejándolas solo con lo que tenían puesto

“Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que hagan valer los derechos de las privadas de libertad y de los niños que se encuentran allá dentro”, relató un familiar. 

Sin agua y hacinadas

De acuerdo al OVP, la falta de acceso a la falta de servicios básico, el hacinamiento y la violencia de género es el entorno en el que viven las mujeres privadas de libertad en el país, quienes “constantemente sometidas a tratos inhumanos que van desde la tortura física y psicológica, hasta la negación de atención médica adecuada”.

“Muchas de ellas sufren de enfermedades crónicas y/o terminales, como el caso de Deisy, y no reciben el tratamiento necesario para su recuperación, son abandonadas a su suerte y solo las llevan a un hospital cuando ya es demasiado tarde, solo por el interés de asegurar que se le brindó asistencia”.

En una publicación realizada el pasado mes de agosto, el observatorio también denunció la precariedad en la que se encuentran las mujeres detenidas por razones políticas en Venezuela. Según informaron, las mujeres estarían siendo recluidas en grupos de 10 en cada celda y solo tienen acceso a un tobo de agua para todas, además, no reciben una alimentación correcta y solo se estarían alimentando con pasta con mortadela.

“El sistema de justicia representado por los jueces de ejecución, fiscales del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Defensa Pública y el Ministerio del Servicio Penitenciario, ha demostrado una complicidad alarmante en la tortura, trato cruel, inhumano y degradante, hacia las mujeres detenidas arbitrariamente durante las protestas postelectorales. Esta red de actores, lejos de proteger los derechos fundamentales de estas mujeres, ha perpetuado su sufrimiento y vulnerabilidad, convirtiéndose en cómplices de una represión injusta e inhumana”, añadieron. 

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