Mujeres políticas de Bolívar: “tenemos que trabajar el doble para hacernos notar”
La violencia política basada en género es una de las realidades de las que menos se habla en los partidos políticos, especialmente en las regiones, en donde las mujeres deben hacer un esfuerzo extra para ser tomadas en cuenta en espacios de poder
Gladylis Flores – IPYS, 25/09/24
Jennifer Sequera es una de las diputadas más jóvenes en el Consejo Legislativo del estado Bolívar. Foto: Cortesía Jennifer Sequera
La violencia política basada en género es uno de los diferentes tipos de violencia a los que están expuestas las mujeres, específicamente en Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar. En esta región, de acuerdo a los testimonios recogidos, el rol de las lideresas se ve menoscabado por las agresiones de sus pares hombres: las minimizan por ser jóvenes, por ser madres, se meten en sus vidas personales, atacan a sus familias.
“La violencia basada en género (VBG) en política es definida como acciones realizadas, de forma directa o no, con el único propósito de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Es un obstáculo para la igualdad de género”, detalla un estudio de noviembre de 2023 sobre violencia a las mujeres políticas en redes sociales en Venezuela, de ANOVA Policy Research.
Esta violencia abarca agresiones físicas, sexuales, psicológicas, simbólicas, verbales lo que afecta directamente a las mujeres y las puede desalentar a seguir en la participación política.
Tres mujeres de diferentes partidos políticos coincidieron en que deben trabajar y estudiar el doble para poder hacerse notar dentro de las filas de sus toldas; ni así son tomadas en cuenta en los espacios de tomas de decisiones, por lo que son relegadas a las actividades logísticas.
“En Bolívar no tenemos el mismo impulso que tienen las mujeres políticas en el ámbito nacional. Aquí nos llaman justo el día que van a coordinar la logística. Nos toca trabajar el doble o el triple para hacernos notar. Las que estamos adelante es porque nos imponemos, hay muchas talentosas y no son tomadas en cuenta”, relata Jacqueline Yary quién es la actual coordinadora política de Voluntad Popular, en el municipio Angostura del Orinoco.
Yary es una de las principales figuras en Voluntad Popular en el estado Bolívar. Foto: Cortesía Jacqueline Yary
Yary explica que muchas veces solo las incluyen por la paridad política, que es una forma de exigir que se cumpla la cuota de mujeres presentes en las juntas directivas y en las maquetas electorales.
“Aunque estamos liderando más espacios, a la hora de la toma de decisiones no nos escuchan, en las reuniones siempre hay hombres, cuando hablamos de paridad no es solo el espacio, es tener el trabajo para ocupar el espacio”, explica Jennifer Sequera, dirigente Un Nuevo Tiempo en la región y, además, es la diputada más joven del Consejo Legislativo de Bolívar.
Sequera cuenta que aunque es respetada por parte de sus colegas legisladores, siempre asiste doblemente preparada a las sesiones, porque teme que la ataquen por ser mujer y joven. Cuando se inscribió como candidata tenía 21 años.
Esta situación la vivió también cuando participó en la política estudiantil. Según cuenta no le permitían ser parte del movimiento estudiantil de la universidad. Aparte de ser minimizada por ser “la hermanita de”, fue discriminada por el género. “Por eso me tocó esforzarme mucho más para que me respetaran y me reconocieran desde mi individualidad”.
Por su parte, la secretaria juvenil de Acción Democrática, Penélope Bernáez lamenta que en su región tengan que estar en la segunda o tercera línea en los roles de liderazgo, cuando -considera- hay muchas con la suficiente preparación para estar en peldaños superiores, “pero al final en las bases las que están son mujeres y son las que mueven toda la estructura”.
Aún así, Bernáez considera que el actual liderazgo femenino en el territorio nacional es una esperanza para las regiones, porque se visibiliza el trabajo que hacen,se les abren más puertas para avanzar y para no no seguir relegadas a solo la logística.
“Las que están al frente es porque se han preparado mucho y se han esforzado hasta el triple, a ninguna le han regalado el puesto por cuota de paridad política”, menciona la secretaria juvenil de la tolda blanca.
Hasta la reforma del Código Civil de 1942, las mujeres no tenían personalidad jurídica ni derechos civiles. Fue luego de 1946, con la sanción del voto universal, directo y secreto, que se integran plenamente al ejercicio de la ciudadanía.
Es en 1947 cuando, por primera vez son electas diputadas en la Asamblea Nacional Constituyente y ocupan el 13 % de los 160 escaños disponibles.
“Tienes que hacer callo”
Alzar la voz ante cualquier situación que ocurra en el partido o maltrato del que puedan ser víctimas, son silenciadas con la frase “tienes que hacer callo”, en referencia a que deben ser “fuertes” y no denunciar ninguna violencia.
La activista y especialista en temas de participación política de las mujeres, Mariana Vahlis, explica que estas violencias se expresan de diferentes formas, como actos u omisiones que se ejercen en los partidos políticos, especialmente desde los cargos directivos.
“Un día llegué tarde a una reunión y uno de los compañeros me dijo «llegaste tarde, da una vueltica para verte», me sentí tan indignada e indefensa”, recuerda Sequera (ahora con 22 años) uno de los episodios vividos durante el ejercicio de la política.
Al defenderse de situaciones como la descrita, comentan que las tildan de tener “mal carácter”. “Siempre dicen que tengo mal carácter porque no permito abusos y debato ideas con las que no estoy de acuerdo”, explica la dirigente de UNT, quien indica que hasta ha tenido que masculinizar su discurso para ser aceptada, aunque luego reflexiona que ese no es el proceder para lograr la inclusión.
Si deciden denunciar alguna situación ante la directiva del partido, son ignoradas o les dicen que no exageren. Yary sufrió además violencia digital, en la que compañeros del partido atacaron directamente a su familia.
“Me sorprendió que las mismas mujeres del partido me dijeran que tenía que hacer callo. Nos falta más sororidad dentro de este oficio, lo que me pasó a mi le pudo suceder a cualquiera”, comenta Yary.
El estudio sobre violencia a las mujeres políticas en redes sociales en Venezuela de ANOVA Policy Research, revela que hay una brecha de género en la violencia discursiva en redes sociales, lo que amplifica en acoso y mensajes violentos, por lo que las mujeres se ven obligadas a inhibir su discurso político.
En Venezuela, de las más de 100 organizaciones con fines políticos entre nacionales, regionales e indígenas, hay constancia de apenas seis que son lideradas por mujeres. (Fuente: Cepaz)
Ataques personales
Vhalis explica que la violencia política basada en género busca sacar a la mujer de la participación política, por eso no solo las violencias son hacia ellas, sino que afecta también a sus hijos, parejas o familiares cercanos.
“Una de las intenciones de la violencia política basada en género, es la desmoralizante, para castigar a mujeres que deciden emprender en el espacio político. (…) entonces la amenaza no recae sobre ellas y sus cuerpos sino también sobre los hijos, madres y parejas”.
Al respecto, Bernáez indica que tiene que ser muy cuidadosa a la hora de hablar o de expresarse, porque sabe que por cualquier cosa que diga puede sufrir de acoso hasta sexual. “Somos muy atacadas por nuestra vida personal y privada, cosa que no hacen por los hombres”, detalla.
Bernáez es la primera mujer en el cargo de Secretaría Juvenil de AD en el estado Bolívar. Foto: Cortesía Penélope Bernáez
Bernáez se apartó un año de la política debido a la maternidad “cosa que a los hombres no les toca”, además siente que el trato ha sido diferente y hasta discriminatorio por parte de sus compa
Uno de los ataques que recibió Sequera, por su parte, fue en medio de un debate en el partido, en el que, como no tuvieron argumentos para contradecirla, uno de sus compañeros le respondió “no puedes opinar porque tu novio te monta cacho”.
Algo similar vivió Yary, a quien después de una reunión para tomar algunas decisiones, le llegaron mensajes anónimos en Instagram, exponiendo una situación de su matrimonio que ni ella misma conocía; como ella no leía los mensajes, le escribieron a sus hijos.
“Sabían lo que estaba pasando y nadie tuvo la consideración de decírmelo, lo tuvieron siempre debajo de la manga para destruirme a nivel político. Se destruyó mi matrimonio, intentaron romper mi familia metiendo a mis hijos en esto y todo porque no tuvieron como hacerlo a nivel político, buscaron mi lado sensible que es mi familia”, revela la actual coordinadora política.
Yary indica que no la querían en ese cargo y decían que no lo podía asumir por ser ama de casa, “yo soy ama de casa y empresaria, hay personas a las que les dan cargos sin ser bachilleres, solo por ser hombres”.
“El otro mecanismo que opera con la violencia hacia las mujeres políticas es buscar que abandonen la contienda política, porque hay menos posibilidades de acceso a la justicia y de denuncia. Al no tener repercusión pública se normaliza, dentro de los partidos políticos debe hacer tribunales disciplinarios para atender estos casos”, apunta la especialista en temas de participación política.
Yary detalla que la violencia psicológica y digital a la que fue sometida no fue tomada en cuenta por los representantes del partido en el ámbito regional, por lo que lo llevó a Caracas y tampoco tuvo respuesta, entonces decidió denunciar ante el Ministerio Público, pues ella investigó y dio con los responsables de los mensajes.
“Al principio no quisieron recibir la denuncia porque decían que era un problema interno del partido, pero con mis abogados seguimos peleando y la aceptaron. En esos días me sentía tan sola y abandonada, sin tener a quién recurrir, pensando que todo quedaría en nada”
Vhalis detalla que en los partidos políticos de la oposición venezolana el tema de las violencias está relajada a un segundo lugar, porque la prioridad es democratizar, pero asegura que para eso deben estar las mujeres, que normalmente no ocupan los espacios por las violencias.
Del 21 de junio al 11 de julio, la Red de Mujeres Constructoras de Paz 2024, aplicó 1.203 encuestas a mujeres de los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Distrito Capital, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Portuguesa, Sucre, Táchira, Yaracuy y Zulia.
Y como antesala a las elecciones presidenciales del 28 de julio, se analizó una muestra parcial, que abarcó más del 90 % de las entrevistas para conocer cuál es la situación de las mujeres encuestadas en materia de participación política y representatividad.
Datos reveladores arrojaron que existe todavía una baja representación femenina en la política, aunque hay un intento por incrementar la participación de sí mismas dentro de proceso políticos, electorales y comunitarios.
“El sexismo dentro de la sociedad venezolana sigue siendo un tema pendiente. A pesar de que el 60 % de las encuestadas cree que hombres y mujeres tienen igual capacidad para la política, un significativo 25 % considera que los hombres son más aptos, una percepción aún más acentuada entre las mujeres con menor nivel educativo”, se resalta en los resultados..
Y aunque se observa en todos estos años una tendencia progresiva hacia la inclusión, hay -de acuerdo a Cepaz- una escalada de ataques contra mujeres en cargos políticos, con aspiraciones políticas y activistas por los derechos de las mujeres.
De hecho, en marzo de 2024, la organización alertó sobre la aplicación de patrones de persecución, que incluyen “amenazas de muerte, de agresión física, de privación de la libertad y otras formas de intimidación, violencia psicológica, verbal, física…, violencia digital de género, que afecta el debate público y resta garantías para la libertad de expresión de comunicadoras, lideresas y defensoras de derechos humanos”.
Esto demuestra que, a pesar de los avances, las mujeres venezolanas aún enfrentan importantes barreras en el ámbito político. La necesidad de una mayor representación y la lucha contra los prejuicios siguen siendo tareas cruciales para alcanzar una participación equitativa y efectiva en la política del país.
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