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Un total de 60 organizaciones no gubernamentales (ONG) de Venezuela denunciaron el 21 de noviembre que el Estado intimida y persigue a defensores de derechos humanos, actos que condenan. La pronunciación la realizaron luego de que el director de la ONG Provea, Óscar Murillo, fuera citado a declarar ante una sede policial en Caracas en el contexto de una investigación por la muerte de un dirigente social.

En un comunicado, las organizaciones alertan que en el país “la lucha por los derechos humanos y la justicia social enfrenta constantes desafíos arbitrarios e ilegales”, pese a lo cual reiteraron que mantendrán su trabajo, aun cuando hay varios activistas detenidos y acusados por delitos como terrorismo.

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Foto: Cortesía/Archivo

“Condenamos que un Estado -en cuya Constitución se denomina democrático, de derecho y justicia- intimide y persiga a quienes luchan por la justicia y la dignidad humana. La defensa de los derechos humanos y la protección a quienes los defienden no solo es una cuestión de justicia, sino un deber moral”, reza el escrito.

Preocupación por posible acto de criminalización

Sobre la citación de Murillo, que rindió declaraciones durante cinco horas en una sede policial, las ONG criticaron que nunca se explicó al convocado si acudiría en calidad de testigo, sospechoso o cuál era su vinculación con la investigación por la muerte de Edwin Santos, registrada en octubre pasado luego de que familiares denunciaran su desaparición.

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“Nos preocupa profundamente que estemos frente a un acto de criminalización de la defensa de derechos humanos, así como de los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión. Podría ser, además, un intento de intimidar y silenciar a quienes defienden los derechos humanos en Venezuela”, añade el comunicado.

Provea, al igual que otras ONG, pidió una investigación imparcial e independiente sobre la muerte de Santos, denunciada por parte partidos opositores -que aseguran que el dirigente social estuvo detenido antes de ser encontrado muerto- como asesinato y reportada como un accidente de tránsito por las autoridades

Varias ONG venezolanas denunciaron intimidación y persecución del Estado contra defensores de DD HH
Foto: Provea

Piden el cese de la criminalización contra ONG

El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) exigió al Estado de Venezuela que cese la “criminalización” contra organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas para que puedan cumplir libremente con sus actividades en el país.

A través de un informe difundido por la ONG venezolana Provea el 23 de octubre, el observatorio indicó que el Estado debe reivindicar la autonomía de las organizaciones sociales y eliminar las “restricciones y obstáculos” para que los ciudadanos puedan crear y participar en los grupos que consideren convenientes para la promoción y defensa de sus intereses y derechos establecidas en la Constitución.

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EFE

Asimismo, pidió al Ejecutivo abstenerse de implementar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines -aprobado en agosto de 2024 por el Parlamento-, porque, a su juicio, representa una amenaza para el trabajo de protección de los derechos humanos y de ayuda humanitaria en el país.

Odevida explicó que en 2024 al menos seis activistas por los derechos humanos están “detenidos arbitrariamente” y están siendo “sometidos a procesos judiciales violatorios del derecho al debido proceso, acusados por delitos tales como traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir, terrorismo e incitación al odio”.

“Nunca en Venezuela se había detenido a defensores de derechos humanos, lo que sin duda es una señal de alerta para la comunidad nacional e internacional”, señaló.

El observatorio reiteró que se han incrementado las “amenazas, intimidación y hostigamiento” contra organizaciones y defensores de derechos humanos.

Con información de EFE