sábado, 2 de junio de 2018

Se eleva a 28 muertes de bebés por desnutrición en Monagas

Se eleva a 28 muertes de bebés por desnutrición en Monagas

El 29 de mayo fallecieron dos lactantes en la emergencia pediátrica del Hospital Manuel Núñez Tovar, donde al día son atendidos cuatro niños con malnutrición severa
Los decesos se registraron el pasado martes en la emergencia pediátrica del hospital de Maturín | Foto: Jesymar Añez
Maturín. – A la lista de fallecimientos por desnutrición infantil en Monagas se suman dos más, elevándose la cifra a 28. Los decesos más recientes ocurrieron el 29 de mayo en la emergencia pediátrica del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, en Maturín.

Los lactantes tenían un cuadro de desnutrición severa, diarrea y estaban completamente deshidratados, informó el personal médico que atendió ambos casos en el principal centro asistencial del estado Monagas.
Alonso Davier Méndez Guerra tenía seis meses y estuvo par de días hospitalizado. Esta semana fue remitido desde el hospital de Temblador, municipio Libertador, por su delicado estado de salud, que se agravó estando en el Núñez Tovar.
Sander Chacón es la otra víctima. Falleció luego de pasar siete días recluido en la emergencia del centro asistencial. Era de Punta de Mata, municipio Ezequiel Zamora, el segundo productor de petróleo en Monagas después de Maturín. El lactante tenía cinco meses y todos sus valores sanguíneos alterados, producto de la desnutrición.

Antes de ellos, el 25 de mayo, José Ángel Cabrera (6 meses) pereció pesando 4 kilos 500 gramos. Estaba anémico y retenía líquido; hasta los cuatro meses fue amamantado y a partir de allí sus padres le daban leche completa, agua de arroz o de avena, que no le aportaban los nutrientes suficientes.
La jefa de la emergencia pediátrica, Yacirka Vásquez, informó que el estado de salud de los bebés desnutridos se agrava por las precarias condiciones del Hospital Manuel Núñez Tovar, pues no hay insumos médicos, tampoco antobióticos y solo hay dos flujómetros para las 18 camas del servicio.

Daniel Ceballos tras ser liberado: “Venezuela, la libertad llega”

Daniel Ceballos tras ser liberado: “Venezuela, la libertad llega”

Fue recibido medio de la euforia de los presentes entre los que se encontraban el diputado Juan Andrés Mejía, así como su esposa Patricia de Ceballos, y antes de entrar en la camioneta que lo esperaba, gritó "¡Venezuela, la libertad llega!"
Foto: EFE
El exalcalde de San Cristóbal (Táchira) Daniel Ceballos se convirtió este viernes 1 de junio en el primer preso político liberado en El Helicoide tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Fue recibido medio de la euforia de los presentes entre los que se encontraban el diputado Juan Andrés Mejía, así como su esposa Patricia de Ceballos, y antes de entrar en la camioneta que lo esperaba, gritó “¡Venezuela, la libertad llega!”, sin que sus acompañantes pudieran impedirlo, pues reiteradas veces recordaban que él no podía emitir declaraciones.
El 19 de marzo de 2014, el entonces alcalde del municipio San Cristóbal, fue privado de libertad por estar presuntamente involucrado con las muertes generadas en las protestas antigubernamentales de ese año, la noticia fue confirmada por el entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien además aseguró que se encontraba en la cárcel de Ramo Verde.

En ese momento, el presidente Nicolás Maduro, acusó de “terrorista” a Ceballos.
El vaivén carcelario
Estuvo en Ramo Verde hasta mayo de 2015, cuando fue trasladado a una prisión de delincuentes comunes en San Juan de los Morros (Guárico), por esta medida decidió hacer huelga de hambre durante 20 días; levantó la protesta luego de quedar confinado a un calabozo en la sede del Sebin.
Del 12 de agosto de 2015 hasta el 27 de agosto de 2016, estuvo bajo arresto domiciliario, sin embargo fue trasladado nuevamente a la cárcel El Helicoideen Caracas, esta vez sumando una nueva acusación a su expediente, pues el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, aseguró que Ceballos estaba preparando una fuga.
El TSJ emitió hoy una sentencia en la que se ordenaba la liberación de Ceballos, así como la de otros 38 presos políticos (algunos de ellos ya tenían boleta de excarcelación), luego de ir a la Casa Amarilla (sede de la Cancillería), fueron trasladados de vuelta a su centro de reclusión en El Helicoide, para ser liberado pasadas las 7:00 de la noche.

Rocío San Miguel: “José Vicente Rangel violó Ddhh con la Lista Tascón”

Rocío San Miguel: “José Vicente Rangel violó Ddhh con la Lista Tascón”

Rocío resaltó como positiva la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sobre la Lista Tascón, porque considera que es un aval para futuras denuncias por discriminación política por parte de empleados de la administración pública en sus lugares de trabajo
José Vicente Rangel
| Foto: Archivo
Caracas.- La representante de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, denunció que José Vicente Rangel violó los Derechos Humanos (Ddhh) de ella y sus compañeras Thais Peña y Magaly Chan, que en 2004 trabajaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores y fueron despedidas por haber firmado a favor de un proceso revocatorio para el ahora fallecido expresidente Hugo Chávez.
“En compañía con mis otras dos compañeras trabajamos en el Consejo Nacional de Fronteras, que estaba a cargo para ese entonces del vicepresidente, José Vicente Rangel, quien no solo ordenó nuestro despido, sino que firmó algo totalmente discriminatorio”, expresó San Miguel en el programa La Fuerza Es La Unión durante una entrevista con Chúo Torrealba.
Reconoció la labor de la organización pro Derechos Humanos Provea, del Centro de Dddh de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y el empeño del abogado Héctor Fagúndez, quienes decidieron apoyar este caso pendiente desde hace 14 años. “Tuve el apoyo de más de 30 peritos y expertos que nos apoyaron en esta causa”, expresó.
San Miguel resaltó como positiva la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sobre la Lista Tascón, porque considera que es un aval para futuras denuncias por discriminación política por parte de empleados de la administración pública en sus lugares de trabajo.

Sobre el Carnet de la Patria implementado por Gobierno, aseguró que “se abocará contra los métodos de extorsión por parte del Estado, que están afectando a muchos venezolanos”.

Jesús Ollarves: “El Estado ha utilizado su poder para desalentar la disidencia política”

Jesús Ollarves: “El Estado ha utilizado su poder para desalentar la disidencia política”

El abogado señala la utilidad de la sentencia sobre la Lista Tascón, pues "ya cualquier ciudadano que sea considerado víctima de coacciones o represalias por el solo hecho de ejercer su participación política puede demandar a instituciones internacionales"
Foto: Archivo AFP
Caracas.- Para el abogado experto en DDHH y profesor universitario, Jesús Ollarves, la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Lista Tascón el 30 de mayo marca un precedente en Venezuela sobre la violación del derecho a la participación política. Explica que incluso en América “es la primera sentencia donde se le hace referencia en los principios de no discriminación y se hace énfasis en la terminación de contratos, que constituyeron una forma de desviación de poder”.
Según los estatutos internacionales, el Estado resultó el responsable de los despidos de Rocío San Miguel, Thais Peña y Magaly Chang por haber firmado en 2004 por el referéndum revocatorio en contra del entonces presidente Hugo Chávez. La Lista Tascón fue un instrumento que usó la administración pública para despedir a disidentes del gobierno de turno, después de que en ese año varias organizaciones políticas recogieran firmas para la activación del procedimiento electoral.

Casi 12 años pasaron desde que la demanda de Rocío San Miguel, Thais Peña y Magaly Chang a la Comisión rindiera frutos en la Corte IDH. Hoy, abre las puertas a futuras denuncias que se realicen sobre la coacción al voto a través del carnet de la patria, con ofrecimientos de dinero y comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), controlados por el Gobierno.
-¿Cómo se elaboró la demanda que se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
-Son unos hechos que datan de hace 14 años. La parte de las víctimas eran Rocío San Miguel, Thais Peña y Magaly Chang. Fue un procedimiento que se instauró en la Comisión y el Estado venezolano no dio respuesta adecuada y efectiva a las violaciones del derecho al trabajo, principio de igualdad y discriminación. Existe un mayor énfasis en la violación del derecho de participación política. Lo que ocurrió fue que en la época en que se instaura el referéndum revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez. Ellas expresaban una preferencia política distinta y fueron botadas de sus cargos.
Se trata de una sola demanda que se presenta ante la Comisión, que emanó un informe en el que se hizo una recomendación al Estado frente a violación de esos derechos. El Gobierno hizo caso omiso a las recomendaciones del ente y la Comisión demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí se produjo la sentencia.
-Desde que se introdujo la demanda hasta que finalmente se dio el fallo, ¿cuánto tiempo pasó?
-El trámite ante la Comisión, la petición, se hizo el 7 de marzo de 2006, cuando los peticionarios hicieron la queja formal ante el sistema. En 2015 se produjo el informe de fondo, donde se le sugiere al Estado que cumpla con las recomendaciones. 9 años que duro el caso hasta que se sometió a la Corte IDH y hace dos días se publicó la sentencia. Fueron casi 12 años en total.
-¿Estos lapsos son comunes en instancias internacionales de esta índole?
-Sí, sí. Hay que señalar que se trata de procedimiento complejo. Las dos instancias, la Comisión y la Corte, son organismos semipermanentes, lo que significa que no te sesionan todos los días, sino dos veces al años. Tarda mucho tiempo.
-¿Este fallo internacional sobre la discriminación política por parte del Estado venezolano es inédito en nuestro país? 
-En materia de participación política, marca un precedente. Es la primera sentencia en el continente donde se hace referencia a la participación política en los principios de no discriminación y se hace énfasis en la terminación de contratos, que constituyeron una forma de desviación de poder. Eso es lo novedoso. No es fácil en Derecho demostrar el resultado de esa desviación de poder cuando se hace a través de artilugios o de forma velada. Ahí la Corte IDH tuvo que hacer una reconstrucción indiciaria para arribar a su conclusión, una valoración del contexto en el que se desenvolvió, para concluir en Derecho de que lo que hubo fue una sanción, y no una terminación de contratos. Estas tres mujeres son el esfuerzo que hace la sentencia.
– Existiendo ya precedente contra el Estado en esta materia, ¿cuál es el alcance que la sentencia de la Corte puede tener para los venezolanos? 
-La utilidad de esta sentencia es que ya cualquier ciudadano que sea considerado víctima de coacciones o represalias por el solo hecho de ejercer su participación política puede demandar a instituciones internacionales porque los estándares están en blanco y negro. Ahora, los otros Estados no son miopes de cómo se violan los Derechos Humanos en torno a participación política. El fundamento en todo esto quizá siempre es discutible. Hay evidencia de cómo ha sido el andamiaje en cuanto a los hechos y la conducta para arribar a una conclusión. Esto es un antecedente de cómo las autoridades venezolanas se portan cuando están frente a un escenario electoral.
-Precisamente, ¿esta sentencia puede abrir las puertas a futuras denuncias sobre la coacción al voto que el mismo presidente y la maquinaria del partido de gobierno hacen a través del carnet de la patria?
-Exactamente. Lo que ocurrió el 20 de mayo no solo fue inmoral y vergonzoso. Llama la atención el lamado que hace Maduro, con una política de “dame tu voto, yo te doy el bono”. Es un chantaje, porque después el Consejo Nacional Electoral dijo que no se debía pagar nada. Se burla con las expectativas de las personas que a lo mejor necesitaban el dinero o la bolsa de Clap. Es un chantaje burdo y vulgar de que si no votas por esta parcialidad, yo te voy a sancionar. En Venezuela, el Estado ha utilizado todo el poder y toda forma inmoral de lograr desincentivar la disidencia política y no solo es violatorio de los derechos políticos, sino del derecho a la libertad de expresión.
-¿La responsabilidad sobre la violación de estos derechos contra quién recae en este caso? ¿Los penados son individuos o instituciones?
-Recae directamente sobre el Estado venezolano desde el punto de vista internacional, porque los Derechos Humanos son responsabilidad estatal. El Estado y el Gobierno venezolanos quedan comprometidos, sin perjuicio a la personalidad individual de los funcionarios involucrados. Lo que se busca es la determinación del Estado por la violación de tratados internacionales.
-En el panorama nacional, ¿cómo se podría imponer el cumplimiento de la sentencia? ¿Es factible su ejecución?
-Debe cumplirla el Estado venezolano. Su responsabilidad quedó comprometida con la sentencia. Ahora queda de parte del Estado que cumpla de buena fe con los costos resolutivos de la sentencia, sobre todo en un contexto donde el presidente Nicolás Maduro habla de paz y de reconciliación. Sería la oportunidad ideal para que dé cumplimiento a lo que señala esta sentencia y se aparte de una vez por todas de la retórica perversa que mantiene en cuanto a Derechos Humanos.

Defensa solicitó diferimiento de audiencia de Gilber Caro

Defensa solicitó diferimiento de audiencia de Gilber Caro

Defensa del diputado denunció que estuvo encerrado entre tres y cuatro días en un baño sin ventilación. Fue trasladado al Hospital Militar de Barquisimeto
Gilber Caro fue trasladado a cárce de Uribana
Foto cortesía
Valencia.-  Este viernes  fue diferida nuevamente la audiencia preliminar del diputado a la Asamblea Nacional (AN) Gilber Caro, quien fue detenido el pasado 11 de enero de 2016 e imputado por los delitos de traición a la patria, rebelión y sustracción de efectos militares.
La audiencia, prevista en la 41 Brigada Blindada del Fuerte Paramacay, fue diferida a solicitud de la defensa, luego que desde el Ministerio público se hiciera una modificación de la acusación principal. “Nosotros no hemos tenido acceso a esa modificación, por lo que Pedimos el diferimiento para tener entre 15 y 20, no solo para revisarla, sino para tener la contestación desde el punto de vista técnico jurídico si se requiere”, indicó el abogado defensor Ramón Carmona.

Asimismo, la defensa solicitó nuevos exámenes médicos para el parlamentario, luego de considerar que está en delicado estado. “Sus condiciones de salud son graves, tiene un deterioro físico considerable, ha perdido más de 10 kilos de masa muscular y psicológimente no está bien por las torturas que ha recibido, después del motín ha sido peor, lo encerraron entre tres y cuatro días en un baño, sin ningún punto de ventilación, respirando pegado entre la puerta y el piso”, agregó el defensor.
Carmona señaló que la juez de la causa ratificó la orden de traslado para Ramo Verde, previo a la revisión médica en el Hospital Militar de Barquisimeto. “La juez se dio cuenta que las condiciones de salud del diputado son fuertes. Gilber manifestó en  plena sala que su estado de reclusión es denigrante”.
La audiencia fue fijada para el próximo 26 de junio a las 09:30am

VIVIR EN LA MISERÍA

VIVIR EN LA MISERÍA

Yenimar Varela tiene que “vivir asustada” para poder mantener a salvo a sus hijos en un peligroso sector de Barrio Unión. La joven de 27 años vive junto a su pareja y no tienen trabajo, por lo que a diario le toca elegir entre comprar comida para todos o conseguir las medicinas de uno de sus pequeños que sufre de epilepsia
EL PTAZOJunio 1º, 2018 
Por: Génesis Carrero Soto
Luego de pasar un sinfín de curvas y de subir unas 40 escaleras es posible llegar a la casa en donde vive Yenimar Valera, quien a sus 27 años debe cargar en sus hombros la pesada cruz de la pobreza de la que no ha logrado salir desde que nació y que le impide “vivir como quisiera”.
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Junto a sus cuatro hijos, su suegra, un cuñado y su esposo, que recientemente salió de la cárcel, Yenimar vive en un ranchito en la vuelta Guanare del Barrio Unión, de Petare. Su familia se sostenía de los viajes de su esposo hacia los Llanos, en donde lograba conseguir frijoles para la venta y para el consumo de toda la familia. Pero hace unas semanas la mercancía se puso muy cara y ya no pueden hacer estos negocios, por lo que la familia quedó “a la buena de Dios”.
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 Ni Yenimar, ni su esposo trabajan, les toca sobrevivir con la caja Clap y con la ayuda de su suegra | Foto: Vanessa Tarantino
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“Él estuvo cinco años preso y en ese período nacieron mis últimos 3 hijos, hasta que el salió libre hace un año y nos vinimos a estar juntos en la casa de su mamá”, cuenta Yanimar. Esta mujer llegó hasta el tercer año de bachillerato y antes de tener que ocuparse de sus hijos solo se dedicó a trabajar como personal de mantenimiento.
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Yenimar pasa el día entero en la casa, atendiendo a sus hijos y “vigilándolos, porque lo peor de vivir aquí es que cuando menos lo esperas entra gente extraña a la casa y uno… ¿cómo los saca?”. Asegura que “vivir asustada” es la condición que la define, pues ella y sus hijos están en constante peligro en este barrio, uno de los más peligrosos de todo Petare.
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“A veces estamos en el cuarto y se mete alguien para resguardarse, para esconderse, amigos de mi cuñado que anda en cosas raras o qué se yo. Vivo con miedo porque tengo una hija hembra y un niño enfermo y así no se puede estar en paz”, contó.
Y es que a la angustia de habitar en una zona peligrosa, Yenimar suma el padecimiento de su hijo Ezequiel de 4 años, quien sufre de epilepsia desde los 3 meses de nacido y depende de sus medicamentos para no convulsionar.
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La falta del Valprom, Clonacepan y el Epamin han dejado huellas en el pequeño. Los golpes en su cara y raspones en su cuerpo son las marcas de esta enfermedad no controlada que lo hace convulsionar hasta 7 veces al día y caerse de su cama, de las escaleras, de la mesa donde lo sienta su madre e incluso de los brazos de ella. Yenimar cuenta que recientemente estaba en la puerta de la casa y un ataque lo hizo caer y rodar por las escaleras del barrio, por eso las marcas en su rostro.
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“Él dice cosas, pero no retiene, se tambalea y se tropieza con todo, por eso está tan golpeadito. A veces me consiguen las pastillas en una fundación; a veces las compramos, pero cada vez están más caras. La última caja de Valprom nos costó casi un millón y medio de bolívares”, relató esta mujer.
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Cuando tiene las pastillas y para “ahorrar”, Yenimar le da las pastillas al nené un día sí y uno no. Dice “vivir mortificada” al no saber qué es peor, “si tener la nevera vacía o no contar con las medicinas para Ezequiel”. En algunas ocasiones le ha tocado elegir si compra las medicinas del niño o algo de alimento para todos. “Es difícil porque tienes que decidir entre dos cosas que son tan importantes. Si mis niños no comen se me enferman, pero si Ezequiel no toma remedios se me puede hasta morir, entonces yo ¿qué hago?”, se pregunta.

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Cansada de pasar trabajo

Yenimar no tiene carnet de la Patria así que no puede contar con los famosos bonos del Gobierno y, aunque está suscrita a la ayuda de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), “esa caja llega cuando le da la gana”, por lo que esta mujer no tiene más opción que vivir de los quinchonchos, la yuca y el plátano que puede comprar su esposo.
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La comida de sus hijos de 7, 4 y 2 años, e incluso la de ella, la logra resolver en el comedor popular de la comunidad en el que los niños fueron inscritos y en el que le dan alimentos a ella por estar en período de lactancia. En el caso de su bebé recién nacido, que apenas tiene dos meses, “la teta resulta un alivio porque así por lo menos sé que tiene su comida garantizada y no tengo que andar sufriendo para que coma algo más”.
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“Mi esposo y yo estamos sin trabajo y él come porque a veces mi suegra nos echa una mano y nos da un arroz o algo así. También mi mamá nos ayuda un poquito con su pensión, pero es difícil porque no tenemos dinero. A veces él arregla un jardín o pinta una casa, pero desde que salió de la cárcel no ha logrado conseguir nada fijo”, relató Yenimar.
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Uno de los hijos de Yenimar padece epilepsia y la falta del tratamiento lo hace convulsionar hasta 7 veces en el día | Foto: Vanessa Tarantino
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Su marido estuvo recluido en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) hasta que se activó una revuelta en el centro de reclusión y fue trasladado a Tocuyito. “En esas cárceles hice a mis hijos, pero nunca los llevé a visitar a su papá ahí porque mi mamá y mi papá no me lo permitieron. Es peligroso y además yo no quiero que mis hijos se formen en un ambiente así”, explicó Yenimar.
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Ella asegura que su marido ha sido víctima de las circunstancias. Que fue privado de libertad porque andaba con su hermano en un carro que les prestaron y que resultó ser robado. “Mi esposo no sabía y pagó cárcel por eso”, aclaró.
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“Todo el mundo me ayuda”, dice esta madre cuando se le pregunta cómo hace cuando no le alcanza el dinero. Con agradecimiento muestra las medicinas y la leche que algunos vecinos han logrado donarle. Sin embargo, dice estar “cansada de pasar trabajo”. A ella le gustaría tener una vivienda propia, la seguridad de sus hijos, las medicinas que necesita y “un poquito de carne” que darles todos los días.
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Mientras tanto, Daydelis, Antonella, Ezequiel y Aleuzevi, los hijos de esta mujer, dependen de lo que su padre, “que por fin está fuera de la cárcel”, pueda hacer a diario para garantizar su alimentación.
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