EL DESARME ES UNA OBLIGACIÓN COMPARTIDA ENTRE EL GOBIERNO Y LAS COMUNIDADES

• Plantea que es necesaria una reunión de gobernadores y alcaldes donde el tema sea acordado urgente y genere consideraciones y propuestas buscando apoyo de la Asamblea Nacional para una decidida y favorable implementación por parte del Ejecutivo

El gobernador del Estado Nueva Esparta, exhorta una vez más al gobierno nacional a implantar, con el consenso de todos pero sin mayor pérdida de tiempo, una política de desarme que en realidad solucione este gravísimo problema, sin duda alguna de capital importancia para combatir la inseguridad que afecta a toda la ciudadanía.
Morel Rodríguez Ávila explica que esta medida, con probado éxito en otros países, tiene que adoptarse cuanto antes y el Ejecutivo desarrollarla de común acuerdo con alcaldías y gobernaciones. Pero resaltó que en su puesta en práctica hay que lograr el más compacto, decidido y permanente apoyo de toda la sociedad porque, según lo afirmó, “desarmar a la población es una obligación compartida entre el Gobierno y las comunidades”.

Para el gobernador insular, el desarme tiene que concretarse con políticas que de verdad generen resultados, desde luego impartiendo a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos policiales y de seguridad del Estado, órdenes muy estrictas como precisas en cuanto al cómo y dónde llevarla a cabo, además de actuar con suma claridad y transparencia a la hora del decomiso, respetando desde luego los derechos humanos, pero siendo inflexible en cuanto a evitar que la corrupción deje el camino abierto al tráfico o al reciclaje del armamento que se confisque.
Sugiere el mandatario regional que, también sin tapujos, el tema sea planteado en la Asamblea Nacional con la urgencia que el problema demanda, pero dejando en esta oportunidad que participen las comunidades sin exclusiones, de modo que la recomendación parlamentaria final al Gobierno sea tan expedita y firme, como participativa, posible y democrática. De ser así, con seguridad toda la población aceptará que su opinión es importante, que se le está llamando a cooperar y su respuesta resultará altamente positiva.
“Desarmar a la población, -indica Morel Rodríguez Ávila-, tiene que ser una causa común en la que tirios y troyanos terminen entendiéndose a favor de este objetivo que, si se sabe poner en práctica, para lo cual habrá que convocar a los expertos, unos y otros resultarán beneficiados, porque la inseguridad no tiene color político y hace daño sin miramiento de clase social o ideología alguna”, expresó.
Agrega que el reporte entregado por el Gobierno mismo sobre el arsenal que detentaban los reclusos de El Rodeo I y II, es una devastadora muestra de hasta dónde se ha permitido que éste verdadero flagelo llegue. “Por tanto, tratar de desvirtuar esta verdad, -porque nadie desconoce cómo de profundo está incrustado en cualquier estamento social-, es aceptar que frente al hecho estamos de verdad manos arriba”, aseveró.
Dice el gobernador que afortunadamente Nueva Esparta tiene muy bajos niveles de inseguridad en relación a los restantes estados de la República, pero también sufre el problema por ser un lugar donde hay calidad de vida, trabajo, paz y tranquilidad. “Esta realidad anima cada día a combatir el delito y al delincuente, con enorme esfuerzo y gran escasez de recursos, que la población constata”, dijo.
“Como tampoco puede negarse que sea efectiva la unidad, la cooperación y coordinación existente entre Inepol, policías municipales y los cuerpos de seguridad e inteligencia nacional. Al respecto, exhortamos al Gobierno central a permitir, a facilitar y a promover que esa unidad, esa cooperación y esa coordinación sea cada vez más estrecha con las autoridades locales y regionales”, enfatizó.
Rodríguez Avila, convencido como está que proceder al desarme constituye un objetivo a muy corto plazo, plantea necesaria una reunión de gobernadores y alcaldes, a donde se concrete un acuerdo suscrito por todos que, a su vez, sea elevado a la Asamblea Nacional para su estudio, decisión y respaldo, de manera que llegue -si se quiere decir- “blindado” al Gobierno, responsable final de implementarlo. Pero el gobernador advierte que “esa reunión tiene que ser vista como urgente, inaplazable y respaldable por los mandatarios regionales y alcaldes oficialistas. El desarme es un asunto de todos”, precisó.
Recuerda igualmente que ha venido insistiendo en la urgencia de reformar el Código Orgánico de Procesamiento Penal. “Sin ello, -advierte-, es muy poco lo que la Policía pueda lograr en el combate contra el delito y la delincuencia, pues su tarea choca contra el muro edificado por algunos fiscales del Ministerio Público y Jueces, que no han terminado de entender cabalmente cuál es su deber. Un delincuente tarda menos en salir liberado que un ciudadano decente en ser atendido, defendido y protegido en los tribunales,” resaltó.
“Nosotros respetamos en toda su extensión los derechos humanos; pero las autoridades del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia tienen que enfrentarse a la realidad que ocurre día a día fuera de su entorno: un policía detiene a un malhechor, levanta el expediente y lo pone a la orden de los tribunales; estos,
aun sabiendo que el detenido tiene amplio prontuario, si al expediente le falta una coma, liberan al delincuente quien, feliz, regresa a delinquir. Caso concreto: el del sujeto apodado “Piolín” que, a veinte días de haber salido del penal de San Antonio, asaltó y mató al turista británico”, relató.
Y concluye: este caso, que preocupa, obliga a preguntarnos: ¿cómo, por qué y quién dictó su libertad?
Fuente: Boletín de Prensa de la Gobernación.