Acusan a policías y militares de violar DDHH sistemáticamente
Human Rigths Watch documentó 45 casos de abusos y excesos contra manifestantes
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Para Human Rigths actuaciones como las registradas en la gráfica no son hechos aislados sino un "patrón" de conducta de policías y militares ARCHIVO
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
martes 6 de mayo de 2014 12:00 AM
El caso de la costurera Marvinia Jiménez, que en febrero pasado se dio a conocer nacional e internacionalmente debido a que un video aficionado captó el momento en el que unos guardias nacionales, enviados a dispersar una protesta en Valencia, la arrojaron al piso y una agente se montó sobre ella y comenzó a pegarle con su casco, no fue un exceso de un funcionario "insubordinado" como han querido hacer las autoridades. Por el contrario, formó parte de "una práctica sistemática" de los cuerpos de seguridad venezolanos.
La denuncia la formuló Human Rigths Watch, organización que ayer publicó el informe "Castigados por protestar: Violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela", el cual documentó 45 casos ocurridos en Caracas, Carabobo, Lara y Miranda durante las manifestaciones y disturbios ocurridos en el país desde febrero pasado y los cuales afectan a más de 150 víctimas.
En el reporte, la organización internacional de defensa de los Derechos Humanos denunció que policías y militares han recurrido a un uso ilegítimo de la fuerza a la hora de responder a las acciones de calles convocadas por estudiantes y opositores contra el Gobierno, y han golpeado brutalmente y disparado a quemarropa a manifestantes que no estaban armados.
Asimismo dijo haber recibido elementos, mediante entrevistas a los afectados, que demostrarían que no pocos de los más de 2.000 detenidos durante estas acciones han sido sometidos a "graves abusos psicológicos, los amenazaron con la posibilidad de muerte y violación sexual, y les dijeron que serían trasladados a las extremadamente violentas prisiones del país, a pesar de que todavía no se les había acusado por ningún delito" o "ni siquiera participaban en las manifestaciones".
En su edición del 30 de marzo pasado El Universal reseñó los relatos que seis universitarios de Puerto Ordaz rindieron ante los tribunales de Bolívar y donde aseguraron haber sido golpeados, robados y amenazados de ser lanzados de un tanque o violados por los guardias nacionales que los tenían bajo su custodia, por supuestamente participar en disturbios callejeros. Los jóvenes negaron haber participado en protesta alguna y aseveraron que fueron detenidos al llegar o retirarse de su universidad.
Para la agrupación, la cual aseveró que 10 de los 45 casos que sustanció podrían enmarcarse dentro del delito de tortura, tan grave como la actuación desproporcionada e ilegal de policías y militares ha sido la de los fiscales y jueces, pues "hicieron caso omiso y, en algunos ejemplos, fueron activamente cómplices de violaciones de Derechos Humanos".
Por último, el director del Programa de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, duda que las 145 investigaciones por excesos que adelanta el Ministerio Público lleguen a buen término "debido a la falta de independencia judicial (...) y a que fiscales y jueces han estado directamente implicados en muchos de los abusos"; y por ello propuso al Gobierno que facilite "la verificación de organismos de supervisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y adoptar medidas inmediatas para asegurar la independencia del Poder Judicial".
Naciones Unidas.- El ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró ayer que el Gobierno sigue la situación de los españoles detenidos en las protestas de Venezuela de los últimos meses y que se les atiende en todo lo posible.
García Margallo señaló, en unas declaraciones a los periodistas durante una visita de dos días a Naciones Unidas: "En estos momentos quedan cuatro detenidos españoles" y el resto está en libertad sin cargos, reseñó Efe.
También señaló el caso de una mujer española que ha sido incluida por las autoridades venezolanas en el grupo de extranjeros que, según Caracas, estaban alterando el orden constitucional.
Añadió que el Gobierno español "tiene contacto casi a diario" con los tres cancilleres de la misión de mediación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y con el nuncio apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, que tratan de fomentar el diálogo entre el Gobierno y la oposición.
El ministro español recalcó además que la situación que atraviesa Venezuela "preocupa enormemente al Gobierno español", ya que en ese país viven 200.000 españoles, y genera inquietud "desde un punto de vista económico y desde un punto de vista político".
La denuncia la formuló Human Rigths Watch, organización que ayer publicó el informe "Castigados por protestar: Violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela", el cual documentó 45 casos ocurridos en Caracas, Carabobo, Lara y Miranda durante las manifestaciones y disturbios ocurridos en el país desde febrero pasado y los cuales afectan a más de 150 víctimas.
En el reporte, la organización internacional de defensa de los Derechos Humanos denunció que policías y militares han recurrido a un uso ilegítimo de la fuerza a la hora de responder a las acciones de calles convocadas por estudiantes y opositores contra el Gobierno, y han golpeado brutalmente y disparado a quemarropa a manifestantes que no estaban armados.
Asimismo dijo haber recibido elementos, mediante entrevistas a los afectados, que demostrarían que no pocos de los más de 2.000 detenidos durante estas acciones han sido sometidos a "graves abusos psicológicos, los amenazaron con la posibilidad de muerte y violación sexual, y les dijeron que serían trasladados a las extremadamente violentas prisiones del país, a pesar de que todavía no se les había acusado por ningún delito" o "ni siquiera participaban en las manifestaciones".
En su edición del 30 de marzo pasado El Universal reseñó los relatos que seis universitarios de Puerto Ordaz rindieron ante los tribunales de Bolívar y donde aseguraron haber sido golpeados, robados y amenazados de ser lanzados de un tanque o violados por los guardias nacionales que los tenían bajo su custodia, por supuestamente participar en disturbios callejeros. Los jóvenes negaron haber participado en protesta alguna y aseveraron que fueron detenidos al llegar o retirarse de su universidad.
Para la agrupación, la cual aseveró que 10 de los 45 casos que sustanció podrían enmarcarse dentro del delito de tortura, tan grave como la actuación desproporcionada e ilegal de policías y militares ha sido la de los fiscales y jueces, pues "hicieron caso omiso y, en algunos ejemplos, fueron activamente cómplices de violaciones de Derechos Humanos".
Por último, el director del Programa de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, duda que las 145 investigaciones por excesos que adelanta el Ministerio Público lleguen a buen término "debido a la falta de independencia judicial (...) y a que fiscales y jueces han estado directamente implicados en muchos de los abusos"; y por ello propuso al Gobierno que facilite "la verificación de organismos de supervisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y adoptar medidas inmediatas para asegurar la independencia del Poder Judicial".
Naciones Unidas.- El ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró ayer que el Gobierno sigue la situación de los españoles detenidos en las protestas de Venezuela de los últimos meses y que se les atiende en todo lo posible.
García Margallo señaló, en unas declaraciones a los periodistas durante una visita de dos días a Naciones Unidas: "En estos momentos quedan cuatro detenidos españoles" y el resto está en libertad sin cargos, reseñó Efe.
También señaló el caso de una mujer española que ha sido incluida por las autoridades venezolanas en el grupo de extranjeros que, según Caracas, estaban alterando el orden constitucional.
Añadió que el Gobierno español "tiene contacto casi a diario" con los tres cancilleres de la misión de mediación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y con el nuncio apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, que tratan de fomentar el diálogo entre el Gobierno y la oposición.
El ministro español recalcó además que la situación que atraviesa Venezuela "preocupa enormemente al Gobierno español", ya que en ese país viven 200.000 españoles, y genera inquietud "desde un punto de vista económico y desde un punto de vista político".
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