El gobierno impone el ritmo de los juicios contra presos políticos
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| La Justicia en Venezuela parcializada con los intereses del Partido de Gobierno PSUV Ilustración: Mauricio Lemus |
“Debe pagar por todo el daño que hizo”, dijo públicamente el presidente Nicolás Maduro, el 23 de julio de 2014, en referencia a Leopoldo López. Fue una clara directriz que ha sustituido las reglas del buen derecho y se aplica draconianamente a todos los que han sido identificados como enemigos del régimen. En ello coinciden los abogados Alfredo Romero, Gonzalo Himiob, Juan Carlos Gutiérrez y Theresly Malavé. El respeto al debido proceso exigido por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Comité contra la Tortura de la ONU, así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, es ignorado por los fiscales y jueces venezolanos
No hay despacho, no hay justicia
Mantener un tribunal cerrado durante tres meses para no
tomar una decisión es un exceso sin precedentes en la historia judicial del
país. Así ocurrió en el juzgado 15 de Juicio, a cargo de Yhosmar González,
quien no dio despacho desde el 14 de octubre hasta el 12 de enero, cuando
finalmente negó la liberación del alcalde destituido de San Cristóbal, Daniel
Ceballos, como lo había solicitado el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
de Naciones Unidas.
El abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez destaca que la
denegación de justicia no solo perjudicó a Ceballos, sino a todos los presos a
la orden del Tribunal 15 de Juicio, cuyas causas también se paralizaron. “Si la
jueza no tuviera el aval de sus superiores jerárquicos habría sido destituida
por incumplimiento de sus funciones. No hay duda de que hubo una orden
superior”.
Gutiérrez presume que también corresponde a órdenes
superiores que evidencian interferencias indebidas en la administración de
justicia la decisión de acelerar los juicios de Leopoldo López y Ceballos. Se
ha planteado la posibilidad de que sean postulados a diputados en las próximas
elecciones parlamentarias y, en el caso muy probable de resultar electos,
podrían salir de la cárcel de Ramo Verde. En el caso de López, la demora en la
tramitación de las apelaciones fundamenta su decisión de no cohonestar con su
presencia las violaciones al debido proceso.
Para forzar la verdad oficial
El estudiante y activista de los derechos LGBTI Rosmit
Mantilla está preso en el Helicoide desde el 2 de mayo, cuando agentes del
Sebin allanaron su residencia en Caricuao. En diez oportunidades (nueve de
ellas imputables a la jueza Octavo de Control, Lucía Suárez) se ha diferido la
audiencia preliminar para evaluar la acusación fiscal en su contra por los
delitos de instigación pública, obstaculización de la vía, incendio a la
propiedad pública, daños graves y asociación para delinquir.
La abogada Theresly Malavé señala que la causa contra
Mantilla ha sido deliberadamente enredada con el propósito de forzar la verdad
oficial: “Se viene armando un expediente paralelo, a partir de la declaración
de uno de los detenidos que avala la tesis de la conspiración y el golpe
continuado expuesta por el ex ministro Miguel Rodríguez Torres. Ese muchacho
–cuya identificación la abogada prefiere preservar– fue sometido a torturas en
las llamadas tumbas del Sebin, los calabozos del sótano 5 de la sede de Plaza
Venezuela”.
Una situación similar de indefensión afronta el abogado
Marcelo Crovato, detenido el 22 de abril cuando intervino en un allanamiento
para defender a un grupo de personas señaladas como conspiradores. Su audiencia
preliminar ha sido diferida siete veces. Por orden de la jueza Noveno de Control,
Denisse Bocanegra, Crovato está preso en la cárcel Yare III, donde el 22 de
diciembre intentó suicidarse.
Pena anticipada y mecanismo de impunidad
El directivo del Foro Penal Venezolano Gonzalo Himiob está
convencido de que en los casos de los presos políticos al Estado no le interesa
la búsqueda de la verdad, sino convertir el proceso en sí mismo en un
castigo.
“Hay muchas personas que permanecen detenidas por delitos
que no merecen una pena en su totalidad mayor de seis años de reclusión; es
decir, no deberían estar presos, pues en caso de una eventual condena podrían
cumplirla en libertad”, agrega Alfredo Romero, director ejecutivo de la
referida organización no gubernamental.
Con la reciente detención de Jericó Baute, suman 63 las
personas que están detenidas por protestar. Romero piensa que se mantienen
presos a los que el gobierno considera más peligrosos: los dirigentes de
oposición que más han promovido el derecho de manifestar, como Leopoldo López,
Daniel Ceballos y Enzo Scarano; así como los dirigentes estudiantiles que
lideraron los llamados campamentos, entre ellos Gerardo Carrero, Gerardo
Resplandor, Nixon Leal, Ángel Contreras y Carlos Pérez, recluidos en los
calabozos del Sebin. “El retardo procesal deliberado es un denominador común”,
asegura.
Las demoras supuestamente intencionales pudieran tener un
propósito inverso: encubrir a los autores de los delitos cometidos durante la
represión de las protestas que comenzaron en febrero de 2014.
El Foro Penal Venezolano afirma que 16 de los 43 decesos son
atribuibles a militares y policías o a civiles armados pro gobierno. Sin
embargo, solo 4 están detenidos: el comisario del Sebin José Perdomo, por el
asesinato de Bassil Da Costa; y los sargentos segundo de la Guardia Nacional
Bolivariana Albin Bonilla y Francisco Caridad, por el homicidio de Geraldine
Moreno. El comisario del Sebin Melvin Collazo, a quien se le atribuyó la muerte
de Da Costa y de Juan Montoya, fue exonerado de homicidio y está detenido solo
por uso indebido de arma de fuego.
Este abono a la impunidad, señala Himiob, es evidente en el
caso de Marvinia Jiménez: “La sargento segundo que la agredió, Josneidy
Castillo, tiene orden de captura y sin explicación razonable no se ejecuta”.
¿Cuántos militares y policías están detenidos?
El defensor del Pueblo, Tareck William Saab, aseguró que hay
14 funcionarios policiales detenidos por la presunta comisión de excesos en la
represión de las protestas.
En el informe del Foro Penal Venezolano titulado “Relación
de los casos de asesinatos y estatus de las causas reportadas al Foro Penal
Venezolano”, publicado en diciembre de 2014, se señala: “La fiscal general
Luisa Ortega Díaz mencionó recientemente ante los medios que solo dos
funcionarios están detenidos por asesinatos en el contexto de las protestas. En
realidad, de acuerdo a esta aproximación preliminar, serían tres: José Perdomo
Camacho (Sebin, caso Bassil Da Costa, Caracas) y Albin Bonilla y Francisco
Caridad (GNB, caso Geraldine Moreno, Carabobo). De resto, por asesinatos
estaría además detenido un menor de edad (caso Danny Melgarejo, Táchira) y un
sujeto, cuyos datos estamos corroborando, por el caso de Arturo Martínez
(dirigente del Psuv), en Lara”.
“Según nuestros registros –prosigue el documento, sometidos
a medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad (presentación
periódica) y a la espera de juicio por su participación en estos asesinatos
estarían, hasta esta fecha, nueve funcionarios: del Sebin, Manuel Pérez,
Edgardo Lara Gómez, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez y Josner Márquez; de la PNB,
Andry Jaspe; y del Ejército, Jonathan Rodríguez (caso Bassil Da Costa y Juan
Montoya). Y en Carabobo, Franklin Martínez y Paola Barroso (GNB) por el caso de
Geraldine Moreno”.
“El comisario del Sebin, Melvin Collazo, a quien
originalmente se le atribuyó el asesinato de Bassil da Costa y de Juan Montoya,
quedó exonerado de los cargos por asesinato y quedó detenido solo por el uso
indebido de arma de fuego. Su sitio de reclusión sería la Dirección de
Contrainteligencia Militar”, finaliza el informe.
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