HRW alerta sobre habilitación de militares para contrarrestar protestas
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| Human Rights Watch alerta en Venezuela |
La ONG se refirió a la resolución por la que se autoriza a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mantener el orden público y la paz social en casos de manifestaciones
EL NACIONAL, 12 DE FEBRERO 2015 - 05:15 PM
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| José Miguel Vivanco | Foto EFE / Archivo |
El 23 de enero de 2015, el Ministerio del Poder Popular para
la Defensa emitió la resolución por la que autoriza a la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana a mantener el “orden público” y la “paz social” en “reuniones
públicas y manifestaciones”.
Mientras tanto, a un año de la brutal represión de
manifestantes no violentos y transeúntes, prácticamente no se han rendido
cuentas por las decenas de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de
seguridad, incluidos asesinatos, detenciones arbitrarias, golpizas y torturas.
El líder opositor Leopoldo López y más de una veintena de personas arrestadas
en el contexto de las protestas que comenzaron el 12 de febrero de 2014 y se
extendieron al menos hasta abril continúan detenidos.
“Emplear las fuerzas militares para controlar protestas
políticas es una muy mala idea, especialmente en un país donde ya hay
antecedentes de que miembros de las fuerzas de seguridad hayan cometido
impunemente abusos aberrantes contra manifestantes que no actuaban de manera violenta”,
señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human
Rights Watch. “Los venezolanos tienen buenas razones para temer que la
intervención de militares, que están entrenados para situaciones de guerra y no
para controlar el orden público, sólo agrave la situación”.
El gobierno del Presidente Nicolás Maduro debería revocar
las nuevas atribuciones otorgadas a las Fuerzas Armadas, y liberar inmediata e
incondicionalmente a López y otras personas que fueron detenidas arbitrariamente
durante las protestas de 2014, indicó Human Rights Watch.
Si bien en algunas de las manifestaciones de 2014 algunos
participantes cometieron actos violentos, como arrojar piedras y cócteles
molotov a las fuerzas de seguridad, las investigaciones de
Human Rights Watch indican que miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron
reiteradamente a un uso ilegítimo de la fuerza contra personas que no estaban
armadas ni intervenían en hechos violentos. Algunos de los abusos más severos
documentados fueron cometidos contra personas que no participaban en las
manifestaciones, o que ya se encontraban detenidas y estaban completamente bajo
el control de miembros de las fuerzas de seguridad.
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| Una resolucion del Ministerio de la Defensa Venezolano autoriza el Uso de Armas de Guerra para detener Manifestaciones |
En su presentación ante el Comité contra la Tortura de la
ONU en noviembre, una representante del Ministerio Público indicó que dos
funcionarios policiales habían sido condenados por los “sucesos ocurridos”
durante las protestas, pero no aportó información sobre la naturaleza de los
delitos o de las condenas.
Luego de que se iniciaron las protestas, el gobierno acusó
inmediatamente a la oposición política de incitar a la violencia, y el 12 de
febrero una jueza acogió el pedido de la fiscalía y ordenó la detención de
López. López permanece detenido arbitrariamente en una prisión militar desde
que se entregó en forma voluntaria el 18 de febrero, y se encuentra en curso el
juicio en su contra. Dos alcaldes opositores fueron condenados a 10 y 12 meses
de prisión en procesos penales que violaron las garantías de debido proceso,
por no haber removido obstáculos que impedían la libre circulación de personas
en las calles de sus municipios en las cuales se llevaban a cabo protestas.
En octubre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos
exhortó a Venezuela a disponer la liberación de
manifestantes y políticos que habían sido detenidos arbitrariamente. Tras la
audiencia de noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU indicó que Venezuela
debía liberar inmediatamente a López, a uno de los alcaldes y a “todos aquellos
que hayan sido detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a expresarse y
protestar pacíficamente”.
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| Human Rights Watch alerta en Venezuela |
En diciembre, Estados Unidos aplicó sanciones dirigidas
contra funcionarios militares y civiles venezolanos presuntamente responsables
de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas. Las
sanciones incluyeron la denegación o cancelación de visas a ciertos
funcionarios, y el congelamiento de sus bienes personales en Estados Unidos.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) rechazó las
sanciones, aduciendo que vulneran el “principio de no intervención” en
Venezuela. En esta misma línea, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) criticó las sanciones y exhortó a la comunidad internacional
a abstenerse de “intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos”
de otros estados. Ni la UNASUR ni la CELAC han repudiado los abusos
sistemáticos contra manifestantes perpetrados por miembros de las fuerzas de
seguridad, ni la persecución penal de opositores políticos del Presidente
Maduro.
En enero, el gobierno de Colombia rompió este silencio
colectivo al pedir la liberación de López, luego de que Venezuela le prohibiera
al ex Presidente de Colombia Andrés Pastrana, y al ex Presidente de Chile
Sebastián Piñera visitar a López en prisión. El Presidente Maduro acusó a los
dos ex presidentes, y al ex Presidente de México Felipe Calderón, quien también
viajó a Caracas, de apoyar “un golpe de Estado contra el gobierno” y a un
“grupo terrorista de ultra derecha”, mientras que el Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Exteriores lamentó que la Cancillería colombiana “avale
posiciones contra la democracia venezolana” que constituían un “retroceso
peligroso” en las relaciones bilaterales entre ambos países.
“Los gobiernos latinoamericanos deben pronunciarse en forma
individual y colectiva sobre la represión de manifestantes en Venezuela, y
deben exhortar al gobierno de Maduro a que los miembros de las fuerzas de
seguridad responsables de los abusos rindan cuentas por sus actos y a que
libere a opositores que han sido encarcelados de manera arbitraria”, expresó
Vivanco.
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