Tiranía
En encuentros académicos donde he participado recientemente surge siempre del público la pregunta ¿Existe democracia en Venezuela?
Contestar implica revisar varios aspectos del régimen político. El politólogo Robert Dahl consideró condición sine qua non de la democracia, la aceptación en la sociedad de la igualdad política, esa noción moral moderna que considera a todos los humanos como iguales y por tanto con el derecho a ejercer el poder. El sentido común indicaba antes de la modernidad, que los humanos eran fundamentalmente desiguales, y por tanto solo algunos estaban dotados para gobernar.
El oficialismo no comparte la idea moderna, primero porque a su líder, Chávez, lo proyectan como un ser excepcional con derecho a gobernarnos indefinidamente. Segundo, porque sus discípulos creen heredar ese derecho por ser depositarios de su legado.
Varias prácticas chavistas revelan la ausencia de talante democrático del actual régimen político venezolano. Falta espacio para referirnos a todos pero mencionemos algunos gruesos.
El oficialismo desconoce el derecho de todos a ser electos sin discriminación al favorecer el financiamiento inequitativo de las campañas electorales. Para nadie es un secreto que el Gobierno usa bienes públicos como bienes de “la revolución” para favorecer al Presidente y sus candidatos. El veto a los políticos opositores en los medios públicos y la reducción de su presencia en medios privados ahora chavistas es una constatación de desigualdad política. Otro ejemplo de desigualdad por adscripción política es la inhabilitación de opositores -el más emblemático Leopoldo López a la Alcaldía Mayor de Caracas- mediante las listas del Contralor General o sentencias espurias del TSJ.
El chavismo tampoco acepta la igualdad política en el ejercicio de la función pública. Nombra “protectores” sobre autoridades opositoras electas, usa listas como la Tascón para discriminar en el empleo público, destituye con su mayoría en la Asamblea Nacional a diputados electos y persigue a opositores con las más variadas y arbitrarias excusas, respaldadas por un Poder Judicial subordinado a sus intereses. Si la mayoría cree que estas prácticas son aceptables, Dahl nos dice que estamos en una oligarquía o en una tiranía, no en democracia.
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