El
Gobierno tiene el secretismo como política de Estado
Los perjuicios de la opacidad pueden aumentar
en tiempos de dificultades económicas y sociales | Foto Archivo El Nacional
Mañana
es el Día Internacional del Acceso a la Información Pública ,
un derecho que a los venezolanos se les ha ido negando progresivamente. Desde
hace más de un año el Banco Central de Venezuela esconde las estadísticas
oficiales y el ministerio de Salud no emite boletines epidemiológicos. Son solo
dos ejemplos que revelan cómo el gobierno intenta ocultar los problemas del
país para evitar el escrutinio público. Sin embargo, expertos aseguran que la
escasez, los altos precios, el desabastecimiento y la inseguridad a la que los
ciudadanos se enfrentan todos los días, es imposible de esconder y difícil
revertir a solo dos meses de los comicios parlamentarios
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27 DE SEPTIEMBRE 2015 - 12:01 AM
Jonathan Leyva sabe cómo se bate el cobre en los barrios de La Vega. Es un líder
comunitario que se ha ganado el respeto de todos en el sector donde vive y aun
así cuenta que una vez lo iban a matar solo por cargar una gorra del
Magallanes.
Con el apoyo de Caracas Mi Convive, una asociación civil que desde
hace dos años promueve la participación comunitaria, Leyva se ha propuesto
construir un mapa de la violencia para prevenir el delito en su comunidad. A
través de su participación en el taller El Pueblo Pregunta, que imparte la
organización no gubernamental Espacio Público, adquirió mayor conciencia de
algo que intuía: la gente necesita información para resolver sus problemas.
El taller, que se realizó el 17 de septiembre, es conducido por el
abogado Oswaldo Cali y comienza con la proyección de un video en el que se
pregunta qué son los derechos humanos. Rápidamente, los participantes
comprenden que no se trata de un asunto alejado de la realidad o reservado a
expertos; por el contrario, que forma parte de su vida cotidiana. Y, lo más
importante, que los ciudadanos tienen el derecho y el deber de exigir respeto a
lo establecido en la
Constitución y en los tratados internacionales. Cali invita
al debate con una pregunta: ¿Cuál es el problema asociado a los derechos
humanos que más les importa? Víctor Navarro, un joven de San Agustín, no demora
en responder: “La inseguridad”. Todos los demás asienten.
Alcibel Flores, otro dirigente vecinal de La Vega , interpela al resto:
“Ajá, ¿y qué estamos haciendo nosotros frente al auge de la criminalidad?”. La
dinámica de grupo prosigue con la identificación de los componentes del
problema: proliferación de armas y drogas, falta de prevención, desconfianza en
la policía… Y Cali comienza a facilitar los hallazgos sobre la importancia del
derecho de acceso a la información pública: “¿Ustedes consideran útil saber
cuántos de los policías asignados a nuestras comunidades tienen antecedentes
penales?”. “¡Claro!”, lo ve Leyva. “Para hacer el mapa de la violencia, para
tener el diagnóstico preciso y poder exigir la asistencia del gobierno que
necesitamos, es imprescindible este tipo de información”.
El taller El Pueblo Pregunta es una de las iniciativas de la Coalición ProAcceso
para combatir la naturalización de la pérdida del derecho de saber lo que
interesa a todos los venezolanos y fortalecer el músculo de la sociedad civil a
fin de incidir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
A propósito del Día Internacional del Acceso a la Información Pública ,
los activistas invitan a los venezolanos a preguntarse cómo les afecta la
incertidumbre que supone un país sin cifras.
En tiempos de crisis. “La opacidad, en la práctica, se ha convertido en una
política sistemática del Estado que contrasta con la retórica oficialista en
torno al principio constitucional de democracia participativa y protagónica.
Sin embargo, cada vez resulta más difícil ocultar los problemas y
la ineficiencia estatal para resolverlos”. Así lo resume Mercedes De Freitas,
directora de Transparencia Venezuela.
Carlos Correa, de Espacio Público, va más allá: “Al violar el
derecho de los ciudadanos de conocer cuál es el desempeño del Estado, en
términos cuantitativos y cualitativos, se persigue un doble propósito: impedir
la contraloría social autónoma, la que no está tutelada por el mismo Estado y
no admite alcahueterías; y, en segundo lugar, anular las estrategias de lucha
de la sociedad civil”.
Ricardo Vírgüez, dirigente comunitario de Los Frailes de Catia,
establece similares relaciones: “Por ejemplo, está el asunto de los indicadores
de inflación y de escasez, así como las estadísticas de criminalidad. Si el
gobierno no está dando información es porque las cosas andan muy mal y no
quiere que la gente proteste. Pero eso lo vemos todos los días, cada vez que
tenemos que comprar comida y no hay, cada vez que vamos a un hospital y no hay
medicinas, ni insumos, ni médicos ni nada. En Los Frailes, en una semana hubo
20 muertos, y eso solo lo sabemos los que vivimos ahí. En cada comunidad
tendrán una historia parecida. Pero ¿qué pasaría si con cifras oficiales todos
podemos verificar que en Venezuela nos estamos muriendo de hambre, de
enfermedades y a manos del hampa desbordada?”.
Los perjuicios de la opacidad pueden aumentar en tiempos de
dificultades económicas y sociales. Si los venezolanos no saben que en 2015 se
ha registrado el mayor número de casos de malaria desde 1937, porque los
boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud se dejaron de publicar en
noviembre del año pasado, y que 79,56% corresponde al estado Bolívar,
difícilmente podrán tomar suficientes previsiones para no contraer la enfermedad.
La difusión oportuna de información epidemiológica oficial puede marcar la
diferencia entre la vida y la muerte.
Lo grave es que las autoridades del Ministerio de Salud han
recabado los datos precisos correspondientes a la malaria (82.707 casos
notificados hasta el 22 de agosto, lo que representa un aumento de 55,7%), pero
no divulga los respectivos documentos. La información de interés público
trasciende a los medios de comunicación independientes (porque los oficiales se
suman al secretismo) a través de expresiones organizadas de la sociedad civil,
en este caso la Red
Defendamos la Epidemiología de la Sociedad Venezolana
de Salud Pública. Hay otros caminos verdes para obtener y difundir información
oficial sobre emergencias sanitarias, como los reportes de la Organización Mundial
de la Salud
sobre los repuntes de dengue y chikungunya en el país.
Algo similar sucede con las estadísticas de criminalidad, sobre
las cuales destacan los aportes de los investigadores de siete universidades
nacionales agrupados en el Observatorio Venezolano de Violencia. Año a año
informan al país sus cálculos sobre la criminalidad en el país. Para 2014
indicaron que hubo 24.980 homicidios y una tasa de 82 muertes violentas por
cada 100.000 habitantes.
En otros casos las consultoras privadas nacionales y extranjeras
se encargan de llenar el vacío de información. Por ejemplo, las 24 consultoras
y bancos que integran el Latin Focus Consensus pronostican que al cierre de
2015 la inflación será superior a 185%.
Correa advierte que todos estos esfuerzos por disipar las dudas no
eximen al Estado de su responsabilidad por violar el derecho de acceso a la
información pública.
“En algunos casos los daños son irreparables, porque la calidad
del dato está asociada a la regularidad en su difusión. Durante todo el año de
oscuridad en materia de indicadores macroeconómicos, los trabajadores
venezolanos no han podido saber con claridad cuál es el impacto de la inflación
sobre sus ingresos. Y estamos hablando desde el buhonero hasta el empresario”,
insiste el director de Espacio Público.
“Queda claro que las razones de la opacidad no son técnicas,
porque las instituciones del Estado tienen la infraestructura, la tecnología y
el recurso humano suficientes para procesar la información de interés público.
Las motivaciones son fundamentalmente políticas. Ser transparente
es rentable políticamente, a menos que los gobernantes sean conscientes de que
están haciendo una mala gestión”, opina De Freitas. Y Correa contribuye a la
suspicacia al señalar que “en vez de dar el dato oficial, en apego al principio
de transparencia activa que significa que el Estado no debe esperar que el
ciudadano le pida información de interés público, sino que debe ofrecerla por
iniciativa propia, el gobierno se dedica a tratar de desvirtuar el dato
extraoficial”.
Los organismos del Estado encargados de cada área se negaron a
precisar: cantidad de territorio indígena demarcado, número de jueces titulares
y provisorios, memoria y cuenta de los ministerios, atención a las víctimas de
delitos, índices de criminalidad y homicidios, cantidad y procedencia de los
alimentos importados, número de fundos zamoranos, estadísticas de adjudicación
de tierras, matrícula universitaria, muertos y heridos en las cárceles,
resultados de los planes penitenciarios cayapa, chamba y cambote, número de
viviendas construidas entre 2001 y 2014 y de títulos de propiedad entregados,
así como la cantidad de derrames petroleros y de vertederos de desechos sólidos
a cielo abierto.
Sobre el particular, en las Observaciones Finales del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, publicadas el 19
de junio, se manifiesta la preocupación del organismo por “el limitado acceso a
la información de interés público y la inexistencia de una ley que lo regule”.
Entre las recomendaciones de la ONU destaca la necesidad de establecer
“mecanismos eficaces de difusión de la información que sea de interés para los
titulares de derechos (…), tales como criterios de elegibilidad para programas
sociales, resultados de indicadores, así como informes de rendición de
cuentas”.
Resistencia. El 19 de septiembre, en
la sede de Unión Vecinal para la Participación Ciudadana ,
en Catia, se realizó otra jornada de El Pueblo Pregunta. A los 22 líderes
comunitarios allí reunidos les resultó muy cercana la referencia a un caso
exitoso de exigibilidad de información pública, que está amigablemente expuesto
en un folleto elaborado por Espacio Público.
El 7 de agosto de 2005, el presidente Hugo Chávez anunció que los
habitantes del barrio Federico Quiroz debían ser desalojados de sus viviendas
por problemas topográficos. Los afectados se interesaron por saber mayores
detalles y, con el apoyo de Unión Vecinal para la Participación Ciudadana ,
solicitaron información a la
Alcaldía del Municipio Libertador. No recibieron respuesta,
pero persistieron en la búsqueda (en el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital
y Funvisis, entre otros organismos públicos) hasta que consiguieron el estudio
topográfico e incluso lograron entrevistarse con el ingeniero que lo suscribió,
José Gregorio Delgado, director de Riesgos de la Alcaldía de Libertador,
que les dijo que no necesariamente tenían que desalojar.
La experiencia de la gente de Federico Quiroz permite verificar el
talante instrumental del derecho de acceso a la información pública, en la
medida en que sirvió para defender el derecho a la vivienda. Como dice William
Requejo, director de la
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana :
“Para pasar de la simple queja al reclamo de un derecho, necesitamos
información oficial, confiable y oportuna. Es distinto decir “me falta el agua”
a “me están violando mi derecho humano al agua. Aunque el gobierno se haga el
loco, eso está clarito en los artículos 51 y 143 de la Constitución ”.
Todos los que participan en el taller El Pueblo Pregunta se llevan
a sus casas otro folleto para que no olviden por qué es importante tener acceso
a la información de interés público. “Mientras más informado esté, más
posibilidades de decisiones y participaciones acertadas tendré en asuntos
relativos a mi comunidad, región y nación. Podré promover el acercamiento del
pueblo al ejercicio del poder, el fortalecimiento de la democracia, el Estado
de Derecho y el buen gobierno. Contribuiré a la prevención de la corrupción, a
una gestión transparente y a un uso más eficiente de los recursos públicos.
Fomentaré que los funcionarios y las autoridades rindan cuentas de su gestión y
que todas las personas participen más efectivamente en la toma de decisiones de
carácter público”.
21 normativas para la opacidad
Al menos 17 leyes, 2 reglamentos y 1 decreto presidencial tendrían que ser modificados para mejorar el acceso a la información pública en Venezuela, pues la forma en que están redactados favorece la opacidad y desvirtúa el derecho consagrado enla Constitución
y en los tratados internacionales.
Al menos 17 leyes, 2 reglamentos y 1 decreto presidencial tendrían que ser modificados para mejorar el acceso a la información pública en Venezuela, pues la forma en que están redactados favorece la opacidad y desvirtúa el derecho consagrado en
En algunos casos las prohibiciones son tajantes. Los archivos de
los órganos del Poder Ciudadano son secretos, según sus respectivas leyes. El
Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional
establece que el registro de sus actividades es confidencial y que solo pueden
acceder al salón de sesiones los periodistas del canal de televisión de la Asamblea Nacional.
La mayoría de las normas abren espacio para su aplicación
arbitraria. La Ley
del Estatuto de la
Función Pública exige que todo ciudadano demuestre un
“interés legítimo” para acceder a cualquier información de carácter público.
Y la Ley
Orgánica de la Administración Pública
establece el derecho de acceso a los archivos y registros “siempre y cuando no
se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios”.
En contra de la posibilidad de que cualquier interesado indague
sobre elfuncionamiento del Estado se impuso la Normativa de
Clasificación y Tratamiento de la Información de la Administración Pública ,
la cual establece que los entes públicos podrán clasificar como confidencial
toda información financiera, técnica y administrativa.
La gestión de las autoridades municipales puede ser restringida,
“para resguardar el interés público y salvaguardar el patrimonio público”, de
acuerdo con la Ley
Orgánica del Poder Municipal. La Ley de los Consejos de
Planificación Pública señala que solo los entes gubernamentales pueden acceder
a información sobre sus actividades. La Ley Orgánica del Poder Popular establece que la
contraloría social es un ámbito de actuación del “poder popular”, en el cual no
está incluida toda la sociedad civil.
En la Ley
Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los
Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público se establece que este
tipo de información podrá ser restringida “por razones de seguridad y defensa
de la nación”.
El máximo riesgo de discrecionalidad está en el Decreto
Presidencial de Creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria , el cual establece
que se podrá declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación
limitada “cualquier información, hecho o circunstancia que sea tramitada por
este ente y tenga interés estratégico para la seguridad de la nación”.
En materia económica, las restricciones impiden el
escrutinio público del dinero que pertenece a todos los venezolanos. La Ley del Banco Central de
Venezuela establece que el director del instituto emisor puede determinar la
confidencialidad de cualquier información que considere una amenaza a la
seguridad y estabilidad monetaria. Y la
Ley de Contrataciones Públicas dispone que el acceso a los
contratos de adquisición, obras y servicios está limitado a los oferentes.
Por limitaciones de ley, tampoco es posible hacer una contraloría
ciudadana efectiva sobre hidrocarburos gaseosos, transporte ferroviario,
servicio eléctrico, ciencia y telecomunicaciones.
El empobrecimiento marcará el rumbo del voto
Para evaluar la gestión gubernamental, a propósito de los próximos comicios parlamentarios, es obvio que el elector se pregunte: ¿estamos mejor o peor?
Para evaluar la gestión gubernamental, a propósito de los próximos comicios parlamentarios, es obvio que el elector se pregunte: ¿estamos mejor o peor?
Por eso y para eso se necesitan los indicadores. El Índice de
Desarrollo Humano que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo pudiera resultar orientador. El último corresponde a 2013 y
Venezuela aparece ubicada en el puesto 67 en una lista de 187 países, con una
puntuación de 0,764 (en una escala de 0 a 1), una esperanza de vida al nacer de 74,6
años, un promedio de años de escolaridad de 8,6, una previsión de años de
escolarización de 14,2 y un ingreso nacional bruto per cápita de 17.067 dólares
al año. Entre 2008 y 2013, el IDH de Venezuela descendió 2 puntos.
Pero los datos que llegan a Nueva York los suministran los
gobiernos y, según Jesús González, docente investigador de la Universidad Central
de Venezuela y especialista en análisis de datos en ciencias sociales, Naciones
Unidas no hace mayores indagaciones de cómo se construyen. “Y precisamente de
ello depende la credibilidad de los datos”, advierte el experto.
Lo primero que habría que aclarar, considera González, es que el
IDH de 2013 está calculado sobre la base del precio del dólar en 2011. Los
indicadores oficiales del gobierno utilizan la tasa de cambio de 6,30 bolívares
por dólar. Sin embargo, el tipo de cambio del mercado negro, que está alrededor
de 700 bolívares por dólar, da una idea mucho más real de cuánto cuestan los
bienes y servicios y cómo el salario de los venezolanos no alcanza para
adquirir los productos básicos por los efectos de la inflación.
La calidad del dato también está determinada por la oportunidad de
su difusión. “Por eso desde hace un año el Banco Central de Venezuela se niega
a publicar los indicadores de inflación y escasez y, seguramente, el secretismo
proseguirá hasta después de las elecciones”, razona el experto de la UCV.
En todo caso hay cifras que no podría ocultar el gobierno, como el
precio internacional del barril de petróleo. “Basta tener en cuenta que en 2013
estaba por encima de 100 dólares y su descenso a 40,79 dólares (al cierre de
esta semana), para inferir, sin lugar a dudas, que el IDH se ha venido abajo y
el oficialismo no podría utilizarlo en su campaña electoral, como lo hizo en
otras oportunidades”, advierte González.
Con los índices de pobreza sucede algo parecido, agrega Marino
González, profesor de la Unidad
de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar:
“El último dato fundamentado en el ingreso que publicó el INE
(27,3% de pobres y 8,8% de pobres extremos) corresponde a diciembre de 2013.
Con las tendencias sostenidas de caída de la economía y aumento de la
inflación, sin dudas, repunta la pobreza. La encuesta que hicimos varias
universidades nos indicó que para agosto de 2014 la pobreza extrema ascendió a
24%. Con un incremento de la inflación cercano a 200% para finales de 2015,
cuando los ciudadanos irán a las urnas electorales, tampoco hay dudas de que
seremos más pobres en Venezuela”.
Los efectos de la manipulación y la baja calidad de estadísticas
oficiales más directamente vinculados con las elecciones parlamentarias del 6
de diciembre tienen que ver con la distribución de diputados de acuerdo con los
índices poblacionales. El Consejo Nacional Electoral definió el número de
parlamentarios por circuito con fundamento en proyecciones poblacionales que no
son las que tiene el Instituto Nacional de Estadísticas en su página web.
Sencillamente, alegaron haber utilizado otro estudio del INE que
no es público. Si la guía fueran los datos públicos del INE, la distribución de
diputados sería distinta y más beneficiosa para la oposición.
Sentencias inadmisibles
La Sala Constitucional del TSJ (cuyos
criterios son de obligatorio cumplimiento para todos los tribunales del país) la Sala Político
Administrativa y las Cortes de lo Contencioso Administrativo han debilitado
progresivamente las garantías del derecho constitucional de acceso a la
información pública
2010
9 de julio
Sueldos de funcionarios
La Sala Constitucional declara inadmisible la
acción de amparo ejercida por Espacio Público contra la Contraloría General
de la República ,
por no responder de manera oportuna y adecuada cuál era el salario base y otras
derogaciones de sus funcionarios. “Se hace necesario: que el o la solicitante
de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los
cuales requiere la información; y que la magnitud de la información que se
solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la
información solicitada”, indica el fallo
9 de julio
Sueldos de funcionarios
15 de julio
Boletines epidemiológicos
La Sala Constitucional declara inadmisible la
acción de amparo intentada por las ONG Espacio Público y Provea contra el
Ministerio de Salud por no publicar los boletines epidemiológicos
correspondientes al primer semestre de 2009. El TSJ sentencia que debían agotarse
los recursos de la jurisdicción contencioso administrativa
Boletines epidemiológicos
2011
25 de julio
Archivos del CNE
La Sala Constitucional declara inadmisible la
acción de amparo interpuesta por el periodista Carlos Subero, luego de que el
Consejo Nacional Electoral le negara acceso a los archivos de ese organismo. El
TSJ reitera que el amparo no es la vía idónea y que el asunto, en esta
oportunidad, se debía ventilar ante la Sala Electoral
25 de julio
Archivos del CNE
2012
23 de mayo
Violencia de género
La Sala Constitucional declara inadmisible la
acción de amparo formalizada por Espacio Público y Provea debido a la negativa
del Ministerio de la Mujer
y la Igualdad
de Género a responder las peticiones de información sobre programas, políticas
y demás estrategias para prevenir la violencia contra la mujer. Se sugiere
utilizar el recurso de abstención o carencia
23 de mayo
Violencia de género
5 de junio
Publicidad gubernamental
La Sala Constitucional declara inadmisible el
amparo interpuesto por Espacio Público ante la negativa del Minci a informar
sobre la inversión hecha en los últimos años en materia de publicidad
gubernamental. Reitera que el mecanismo idóneo es el recurso de abstención o
carencia
Publicidad gubernamental
6 de junio
Campañas de VTV
La Sala Político Administrativa declara
inadmisible el recurso interpuesto por Espacio Público contra la campaña que
desarrolló Venezolana de Televisión contra Carlos Correa, director ejecutivo de
la ONG. Se
había ejercido un recurso de abstención o carencia, como lo propuso la Sala Constitucional
en un fallo precedente. Sin embargo, ahora se determina que el demandante no
probó haber hecho las gestiones administrativas para obtener respuesta y que
VTV no estaba obligada a informar
Campañas de VTV
2 de Octubre
Estadísticas de criminalidad
La Corte Segunda de lo Contencioso
Administrativo declara inadmisible el recurso de amparo ejercido por Espacio
Público contra el Cicpc, luego de negarse a suministrarle estadísticas sobre la
criminalidad en Venezuela. En el fallo se señala que esos indicadores los
elabora la policía científica y el Instituto Nacional de Estadísticas, pero
solo a efectos de su remisión al Ministerio de Interior y Justicia y no para
ser difundidos a los particulares
Estadísticas de criminalidad
2013
29 de noviembre
Adquisiciones de Pdvsa
La Sala Constitucional declara inadmisible la
solicitud de revisión interpuesta por el periodista César Batiz de la sentencia
de la Sala Político
Administrativa, respecto a la negativa del ministro de Petróleo y Minería,
Rafael Ramírez, a informar sobre la adquisición de unidades eléctricas para
atender la crisis de suministro en 2010. El TSJ dice que la revisión es una
potestad discrecional de la propia sala, de modo que podía rechazarla sin dar
explicaciones, como en efecto lo hizo
29 de noviembre
Adquisiciones de Pdvsa
2014
17 de julio
Dólares de Cadivi
La Sala Constitucional declaró inadmisible una
acción de protección de intereses difusos y colectivos intentada por José Simón
Calzadilla José Antonio España y José Guerra, en vista de la negativa de Cadivi
a publicar la lista de empresas a las cuales se les habían aprobado divisas en
2013. Se determinó la falta de legitimidad de los demandantes
17 de julio
Dólares de Cadivi
5 de agosto
Importación de medicinas
La Sala Político Administrativa declara
inadmisible el recurso de abstención ejercido por Espacio Público, Provea y
Acción Solidaria contra el Ministerio de Salud, por su negativa a informar de
las medidas para corregir las irregularidades en la importación de medicinas,
que había detectado la
Contraloría General de la República. Esta
vez, el TSJ llega al extremo de señalar que “peticiones como las de autos,
donde se pretende recabar información sobre la actividad que ejecuta o va a
ejecutar el Estado para el logro de uno de sus fines, atenta contra la eficacia
y eficiencia que debe imperar en el ejercicio de la administración pública, y
del Poder Público en general, debido a que si bien toda persona tiene derecho
de dirigir peticiones a cualquier organismo público y a recibir respuesta en
tiempo oportuno, no obstante el ejercicio de ese derecho no puede ser abusivo
de tal manera que entorpezca el normal funcionamiento de la actividad
administrativa, la cual, en atención a ese tipo de solicitudes genéricas,
tendría que dedicar tiempo y recurso humano a los fines de dar explicación
acerca de la amplia gama de actividades que debe realizar en beneficio del
colectivo, situación que obstaculizaría y recargaría además innecesariamente el
sistema de administración de justicia ante los planteamientos de esas
abstenciones”
Importación de medicinas
18 de noviembre
Salud sexual y reproductiva
La Sala Político Administrativa declara
inadmisible el recurso de abstención interpuesto por Espacio Público contra la Defensoría del Pueblo,
después de que se le negó información relacionada con las actuaciones de dicha
institución en materia de salud sexual y reproductiva. El TSJ argumenta que la ONG “no arguyó el fin
específico por el cual requería la información”
Salud sexual y reproductiva
2015
24 de marzo
Bloqueos a Internet
La Corte Segunda de lo Contencioso
Administrativo declara inadmisible el recurso de abstención interpuesto por
Espacio Público contra la Cantv ,
por no informar sobre los bloqueos de Internet en Venezuela. El fallo indica
que el demandante no precisó cómo se pudieran afectar intereses particulares o
colectivos
24 de marzo
Bloqueos a Internet
4 de agosto
Indicadores del BCV
La Sala Político Administrativa declara
inadmisible la demanda por abstención contra el presidente del BCV, Nelson
Merentes, interpuesta por Transparencia Venezuela por no publicar los
indicadores de inflación, escasez, balanza de pagos y producto interno bruto.
El TSJ determina que la ONG
no formalizó la solicitud ante el instituto emisor
Indicadores del BCV
8 de agosto
Corrupción en registros y notarías
La Corte Segunda de lo Contencioso
Administrativo sentencia que Transparencia Venezuela “no posee legitimación
para solicitarle al Servicio Autónomo de Registros y Notarías que le suministre
información relacionada con supuestos hechos de corrupción, dado que dichas
investigaciones deben ser realizadas por los organismos del Estado creados a
tal fin”.
Corrupción en registros y notarías
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