Estamentos
el nacional, 28 DE OCTUBRE 2015 - 12:01 AM
El presidente de la república bramó nuevamente, balbuceando –eufemismo para eludir el correcto término de ordenar– a los sumisos poderes públicos que el señor Lorenzo Mendoza había cometido un delito y que en consecuencia debería ser enjuiciado. Dentro de sus atribuciones constitucionales no está establecida ninguna facultad que le permita interpretar la ley, calificar delitos, y mucho menos ordenar acciones de carácter penal a determinados ciudadanos. La particularísima situación que vivimos en Venezuela nos indica que ese locuaz desvarío no significa otra cosa que la inmediata detención y apertura de juicio penal amañado por parte del Ministerio Público y jueces venales, como suele ocurrir, con inusitada frecuencia, en la actual Venezuela, a aquellos compatriotas incómodos a las posturas gubernamentales. Son diversos los precedentes de actos similares y las consecuencias derivadas de ese atropello. La novedad estriba en que el que preside el incompetente organismo que no legisla, ni controla ni parlamenta, se ha convertido en estridente caja de resonancia y martillo aporreador de los caprichos presidenciales.
La praxis política criolla implementada a través de las tesis políticas y programas de gobierno, luego de la aparición de los partidos políticos modernos, a raíz de la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935, comenzó a establecer propuestas referidas a los diversos roles que deberían desempeñar las clases sociales y las instituciones. El concepto y la forma del manejo en la dirección política, social y económica del Estado. Dentro de este amplio espectro surgieron diversas interpretaciones y proposiciones dirigidas a los sectores industriales o empresariales y del ejército.
En la izquierda y sectores progresistas, dentro de sus diversos matices, surgieron dos opciones delimitadas con claridad absoluta. Respeto por la propiedad privada con determinadas restricciones derivadas por la preponderancia del interés público. Reforma agraria para la liquidación del latifundio y el establecimiento de la propiedad individual y colectiva, tendente a solucionar la problemática social y económica del campesino, generando la genuina producción de alimentos y materia prima para los venezolanos. El fortalecimiento de la clase media, generadora de diversidad de modos para el ejercicio profesional y económico. Fortalecer el proceso de industrialización a través de la iniciativa privada, necesaria para que el sistema productivo industrial estuviese conectado en armonía e interdependencia con los demás sectores del complejo económico nacional mediante el establecimiento de un sistema de estímulo, protección y crédito para el fortalecimiento del sector manufacturero. Dentro de estas áreas se incluyen las industrias secundarias que se nutren directamente de la producción de las industrias cardinales estatales mediante la elaboración de otras materias primas, bienes durables y semidurables de consumo y bienes de capital, como las industrias ligeras de consumo esenciales dedicadas a la transformación de productos agropecuarios u otros, alimentos, textiles, calzados, medicamentos, materiales para la construcción de viviendas, muebles, bienes durables para el hogar, medios de transporte, etc. Se planteó siempre que el ejercicio del poder traería como consecuencia que determinadas industrias básicas, (petrolera, siderúrgica servicios públicos primordiales, gas, petroquímica, aluminio, generación de energía hidroeléctrica etc.) serían reservadas para el Estado, con la posesión, manejo y control de los mismos como punto de partida hacia el eficiente desarrollo económico independiente.
La contraparte –dentro de la izquierda– estuvo representada por el Partido Comunista. Su tesis era y sigue siendo (donde de manera precaria aún subsisten y con radio de influencia muy limitado) que el poder tutelar del Estado sea ejercido plenamente, de manera totalitaria.
Este régimen desde 2002 ha venido desmantelando la propiedad privada agraria y pecuaria que permitía el abastecimiento de carne bovina, pollos, pescados, maíz, arroz, azúcar, café, etc. Estableciendo la nociva política de importación de más de 90% de todos los bienes de consumo, muchos de ellos establecidos desde varias décadas atrás. Esta ineficaz política de Estado nos mantiene en un crónico desabastecimiento, hambruna y derrape social en ciernes; al alimón, con el surgimiento de una nueva clase, la llamada “boliburguesía” –milicos y vivianes civiles en maridaje ruin– que luce una grosera riqueza, adquirida de forma delictual, incompatible con el estado de pobreza generalizada en que vivimos el resto de la población.
“La guinda” de esta torta la constituye la apertura del juicio, con la segura prisión, si se entrega, del presidente de las empresas Polar. Además de la confiscación –para no decir robo– inminente de los activos de esa sociedad mercantil. Desde hace tiempo hemos constatado que algunos de sus rubros de producción empezaron a escasear –atún, mayonesa, aceite, etc.– y seguramente la harina PAN “nuestra de cada día” será una exquisitez para limitados gourmets. Se trata de uno de los pocos sobrevivientes de la exitosa burguesía nacionalista, real productora, que existía. La misma que nos permitía paliar, de alguna manera, las necesidades alimentarias comunes. Dos cosas fundamentan la absurda y coercitiva pretensión: no le perdonan la innegable eficacia empresarial privada; en diáfano contraste, muy humillante por lo demás; con la incompetente y corrupta gestión “empresarial” gubernamental que los deja mal parados. Necesitan, pues, el tradicional “chivo expiatorio”; para justificar lo injustificable, en la goebbeliana campaña mediática de “guerra económica” que nos aturde.
De igual manera la politiquería y demagogia gubernamental se ha cebado –al igual que en otras oscuras épocas– en las Fuerzas Armadas; donde actualmente existe un sentimiento de curiosidad responsable frente a los problemas nacionales. Muchos oficiales y tropa, inmunes al halago y conscientes de las obligaciones de su profesión, saben que pertenecen a una nación abrumada de males y reconocen el papel patriótico que les corresponde. En el fondo de su conciencia hay emociones venezolanistas y en el camino de su formación profesional surge el reclamo de su contribución al engrandecimiento del país. Presienten que Venezuela tendrá otra realidad en el futuro muy cercano. El momento llegará cuando la situación haga crisis ineluctable y se apliquen los mecanismos constitucionales procedentes.
Se quiere convertir al ejército en letales máquinas policiales. Con vocación represiva y mercantil; ingrediente impropio, por volátil y explosivo. Alejado de su real propósito o razón existencial. “Generales banqueros, empresarios y contrabandistas” o “coroneles ganaderos y comerciantes usureros”. (Como en: 1870-1892, 1902-1935 y 1950-1958). Estos milicos aprovechados, cual ave fénix cualquiera, gozan en la actualidad de una singular preponderancia en el manejo de la cosa pública (gobernadores, ministros, presidentes de institutos autónomos y empresas del Estado) que les está generando un sentimiento arrollador de repulsa nacional –personal e institucional– por sus conductas. Todas signadas por incompetencia, inmoralidad y peculado voraz. Muchos son señalados por el inequívoco dedo acusatorio de la opinión pública como delincuentes de “cuello rojo”, impunes e incorregibles por sentirse guapos y apoyados por bayonetas innobles
Una organización castrense que tenga todas las comodidades materiales; donde sus miembros no vislumbren ninguna dificultad, pierde sus atributos combativos. Los actuales gobernantes, jefes y políticos, todos coludidos, abruman a la oficialidad con gabelas presupuestarias y vuelcan sobre ella la cornucopia de todas las abundancias. Constituyen un real enemigo, no por solapado menos eficaz para la institución castrense. Esta antipatriótica conducta y criterio reduce al Ejército a una facción armada; cuyos hombres tienen patente de corso para proporcionar coerciones indebidas, por inconstitucionales, en provecho de politicastros y aventureros de la peor ralea.
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