El Sebin y los militares acosan a los candidatos de la MUD en zonas con estado de excepción
Foto Manuel Sardá / Archivo
El régimen especial de suspensión de garantías está vigente en 24 municipios que forman parte de 10 circuitos con igual número de diputados. 7 de esas circunscripciones son de tendencia histórica reñida
22 DE NOVIEMBRE 2015 - 12:01 AM
Aunque los candidatos opositores han podido realizar actividades de campaña en los 24 municipios de Amazonas, Apure, Táchira y Zulia donde fue decretado estado de excepción desde agosto de este año, en algunos lugares denuncian que han sido amedrentados por organismos de seguridad del Estado.
“El martes pasado estábamos haciendo un recorrido por el sector El Valle, del municipio Capacho Nuevo, y unas camionetas del Sebin y de la policía regional empezaron a rodearnos para tomarnos fotos. Buscan generar temor para que uno no salga a hacer trabajo político”, afirmó Laidy Gómez, candidata de la MUD en el circuito 1 de Táchira, territorio con tendencia histórica reñida y uno de los sitios donde la oposición debe ganar para ser mayoría en el próximo Parlamento.
Una situación similar se dio en la parroquia José Ramón Yépez, del municipio zuliano Jesús Enrique Lossada, informó el candidato unitario en la circunscripción 2 de ese estado, Avilio Troconiz.
“Hemos tenido percances al tratar de llegar a la Ciudad Comunal El Laberinto, cuya entrada es resguardada por funcionarios del Ejército. En la primera semana de campaña un grupo que estaba allí tuvo que irse porque un comandante les dio 20 minutos para desalojar con la amenaza de detenerlos”, señaló Troconiz.
La votación en la parroquia José Ramón Yépez, donde sufragan más de 12.000 electores y el chavismo tiende a sacar al menos 15 puntos de ventaja, es importante para la circunscripción 2 de Zulia, otra reñida y que la MUD debe intentar ganar a pesar de que solo lo ha hecho en uno de los últimos 5 procesos electorales. Es clave que Troconiz reduzca la brecha en esta parroquia.
En la Ciudad Comunal El Laberinto se encuentra un centro de votación controversial: la Unidad Educativa Ernesto Che Guevara, donde el PSUV tiende a sacar 99% de los votos y la abstención tiende a ser muy baja. Allí están inscritas para votar 1.210 personas el 6-D.
“El candidato del PSUV no ha tenido problemas de entrar al lugar y ha llegado a amenazar a mi equipo de campaña con que se apoyará en el estado de excepción para que nuestros testigos no puedan llegar al centro de votación Che Guevara”, alertó Troconiz.
Además del amedrentamiento en lugares específicos, Laidy Gómez denunció que el lunes 16 de noviembre fueron cerradas dos emisoras que le habían hecho varias entrevistas: Máxima 106.1, de San Antonio del Táchira, y Wepa, de Ureña.
“Ambas fueron creadas como medios comunitarios y ahora Conatel denunció que eran ilegales. Ya en agosto las autoridades militares amenazaron con intervenirlas luego de que nos entrevistaron a María Corina Machado y a mí para comentar sobre el estado de excepción”, advirtió Gómez.
Movilización. A pesar de los incidentes particulares, Troconiz y Gómez aseguran que han podido efectuar otras actividades proselitistas. Incluso el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, visitó el miércoles la parroquia La Concepción, la más opositora del municipio Jesús Enrique Lossada y donde Troconiz está obligado a obtener una brecha mayor de 5 puntos sobre su adverdariooficialista.
Sin embargo, ambos temen que el día de la elección las autoridades militares inventen excusas para entorpecer el trabajo de sus maquinarias de movilizar votantes y testigos.
“Uno sabe que este gobierno está dispuesto a cualquier cosa y no nos sorprendería que creen cualquier figura sorpresiva como prohibir la circulación de vehículos. Pero eso igual lo derrotaríamos porque la gente está resteada y se va a mover de cualquier manera”, asegura la candidata tachirense.
Troconiz anuncia que preparan un plan especial de contingencia, aunque no quiso revelar detalles.
En total, el estado de excepción influye sobre 10 circunscripciones, una de Amazonas, 2 de Apure, 3 de Táchira y 4 de Zulia. Siete de ellas son de tendencia histórica reñida y la MUD está obligada a obtener un buen resultado para poder ganar la mayoría simple de la próxima Asamblea Nacional.
Esos siete territorios clave son el circuito 1 de Amazonas, las circunscripciones 1, 2 y 3 de Táchira y las 1, 2 y 12 de Zulia.
La cátedra libre Democracia, Elecciones y Comunicación, de la UCV, afirma que se deben restituir las garantías constitucionales en las 4 entidades y 24 municipios bajo estado de excepción y desmilitarizar la frontera, pues considera que la decisión del Ejecutivo afecta la campaña para las parlamentarias del 6 de diciembre.
Sin embargo, recientemente la medida fue prorrogada en todos los lugares donde fue tomada, por lo que seguirá vigente incluso después de los comicios.
El politólogo Jesús Castellanos asegura que el estado de excepción afectará a 1.752.608 ciudadanos del país, lo que representa 5,68% de los votantes inscritos en el registro electoral.
Además, influirá en la elección de 10 diputados nominales, 9 diputados lista y 2 indígenas. “En total, se afecta a 13% de los cargos por elegir”, indicó Castellanos en un foro organizado por la universidad la semana pasada.
“La frontera está cerrada para el pobre”
Tres de las cinco circunscripciones de Táchira se encuentran bajo estado de excepción. Al recorrer pueblos como Colón, Lobatera y Palo Grande, que forman parte del circuito 2 de la entidad, se observa mucha presencia de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Las alcabalas de militares se suceden a cada momento y habitantes de la zona aseveran que antes no era así. “Solo estaban las alcabalas en los puntos normales, ahora usted las ve en todas partes”, dijo un empleado de una panadería de la zona.
Los guardias vigilan cada carro y cada cierto tiempo piden que alguno se detenga a la derecha, incluido el vehículo en el que viajó El Nacional, para revisar la maletera. Pero no abren el equipaje ni buscan demasiado, parece un ejercicio de rutina. Los funcionarios, que durante horas permanecen de pie en medio de la carretera con sus fusiles en mano, lucen aburridos.
La candidata de la oposición en el circuito 2 es Gaby Arellano. El decreto afecta dos municipios fronterizos de su circunscripción, que tienen 40,3% de la población del circuito, algo que ha limitado su campaña, pues debe pedir permisos para hacer reuniones públicas o manifestaciones. El autorizado para firmarlos es el gobernador José Gregorio Vielma Mora (PSUV).
Arellano manifestó que el exceso de militarización le impedía hacer recorridos casa por casa, pero admitió que luego de que la presidente del CNE, Tibisay Lucena, dijo que la medida no tiene que impedir la campaña, los militares le han permitido efectuar algunos recorridos.
“No nos dejaban hacer casa por casa ni reuniones de muchas personas, teníamos que pedir permiso; pero eso mejoró. Sin embargo, persiste el ventajismo: nosotros llegamos con un mensaje y ellos (candidatos del PSUV) con lavadoras, licuadoras y carros. Pero a pesar de eso ganaremos todos los diputados en Táchira”, expresó.
La fuerte presencia militar no impide en la práctica cruzar la frontera. Cualquiera puede hacerlo. Un taxista de la zona, que prefirió resguardar su identidad, dijo que hace varios viajes a la semana para Cúcuta y afirmó que para que un carro particular pase hay que pagar 5.000 bolívares a un guardia.
“Con 5.000 usted pasa, y eso es lo de menos; los que mandan las gandolas con gasolina son los que más pasan, pagan entre 250.000 y 300.000 al mes. La frontera está cerrada es para el pobre”, manifestó.
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