Provea alerta que candidatos del PSUV que den casas violan cuatro normas
La organización criticó al Consejo Nacional Electoral (CNE) por no tomar medidas para garantizar la igualdad en la campaña y poner coto al ventajismo.
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
viernes 20 de noviembre de 2015 03:31 PM
Caracas.- La entrega de viviendas que vienen realizando candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el marco de la presente campaña electoral viola cuatro normativas vigentes en la legislación venezolana, denunció el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la cual criticó la inacción del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En un comunicado, la agrupación recordó que la Constitución, la Ley del Estatuto de la Función Pública, la de Procesos Electorales (Lopre) y contra la Corrupción sancionan el uso de fondos y recursos públicos para financiar las contiendas.
El artículo 21 de la Constitución establece: "Todas las personas son iguales ante la ley (...) No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos o libertades de toda persona", mientras que el Estatuto de la Función Pública, en su artículo 34 prohibe a los funcionarios "realizar propaganda, coacción pública u ostentar distintivos que los acrediten como miembros de un partido político, todo ello en el ejercicio de sus funciones".
Por su parte la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su artículo 75, señala que "no se permitirá la propaganda electoral que (...) sea financiada con fondos públicos", Por último el artículo 70 de la Ley Contra la Corrupción estipula: "El funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años".
Provea, en su comunicado, denunció que organismos públicos como el Instituto Nacional de Tierras Urbanas del Táchira (INTU) ha publicado informaciones sobre la entrega de viviendas y títulos de propiedad de tierras y ha reconocido que en los actos han participado abanderados oficialistas como Néstor Sayago, postulado por el PSUV para el Circuito 1 de Táchira.
La organización criticó al CNE por la actitud omisiva demostrada en esta campaña y en otras. "La ausencia de sanciones ha generado una situación en la que se ha "normalizado" el uso de recursos públicos para favorecer las candidaturas del partido de Gobierno".
Las misiones electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea que siguieron procesos electorales en años anteriores instaron en su oportunidad al árbitro a garantizar la igualdad en las campañas.
En un comunicado, la agrupación recordó que la Constitución, la Ley del Estatuto de la Función Pública, la de Procesos Electorales (Lopre) y contra la Corrupción sancionan el uso de fondos y recursos públicos para financiar las contiendas.
El artículo 21 de la Constitución establece: "Todas las personas son iguales ante la ley (...) No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos o libertades de toda persona", mientras que el Estatuto de la Función Pública, en su artículo 34 prohibe a los funcionarios "realizar propaganda, coacción pública u ostentar distintivos que los acrediten como miembros de un partido político, todo ello en el ejercicio de sus funciones".
Por su parte la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su artículo 75, señala que "no se permitirá la propaganda electoral que (...) sea financiada con fondos públicos", Por último el artículo 70 de la Ley Contra la Corrupción estipula: "El funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años".
Provea, en su comunicado, denunció que organismos públicos como el Instituto Nacional de Tierras Urbanas del Táchira (INTU) ha publicado informaciones sobre la entrega de viviendas y títulos de propiedad de tierras y ha reconocido que en los actos han participado abanderados oficialistas como Néstor Sayago, postulado por el PSUV para el Circuito 1 de Táchira.
La organización criticó al CNE por la actitud omisiva demostrada en esta campaña y en otras. "La ausencia de sanciones ha generado una situación en la que se ha "normalizado" el uso de recursos públicos para favorecer las candidaturas del partido de Gobierno".
Las misiones electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea que siguieron procesos electorales en años anteriores instaron en su oportunidad al árbitro a garantizar la igualdad en las campañas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario