La legislatura unicameral, que se renueva cada cinco años, ha estado bajo el control de la revolución bolivariana de Hugo Chávez durante más de 15 años. Al cierre de esta edición, los resultados oficiales no habían sido anunciados, pero los partidos de oposición confiaban contar esta vez con suficiente apoyo popular para quitarles el control mayoritario a los chavistas.
No obstante, Venezuela no ha llevado a cabo una elección justa o transparente en más de una década y el presidente Nicolás Maduroanunció en octubre que la “revolución” nunca cedería el poder. Si el Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, anuncia una victoria para el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Maduro y su aliado, el Partido Comunista, no sorprendería ver a un electorado molesto saliendo a las calles.
Esto podría generar otra sangrienta represión. El gobierno aplastó el año pasado las manifestaciones en todo el país deteniendo a más de 3.000 personas, la mayoría de ellas estudiantes. Muchos fueron torturados. El asesinato al estilo de pandillas de un activista de la oposición en una protesta el mes pasado es un recordatorio de que el gobierno y sus instructores cubanos han fomentado un profundo odio entre sus simpatizantes para proteger su poder. Sin embargo, la rebelión se calienta a fuego lento y los problemas económicos podrían causar que hierva y se desborde.
Venezuela alberga una de las mayores reservas petroleras del mundo y por décadas ha sido muy dependiente del oro negro para obtener divisas extranjeras. Como importador de muchos alimentos, así como autopartes, electrónicos y materias primas para fabricar desde automóviles hasta detergente, necesita dólares para pagar sus facturas.
Cuando los precios del petróleo estaban por encima de US$80 el barril, Chávez compró la conformidad del público, tanto los pobres como algunos miembros de la clase empresarial, para consolidar su poder. Confiscó propiedades, silenció a los medios y destruyó a los empresarios disidentes. Muchos de los más productivos dejaron el país. A otros, como el magnate de medios Gustavo Cisneros, se les permitió mantener sus activos siempre y cuando aceptaran autocensurarse.
Cuando los gerentes y trabajadores de la petrolera estatal PDVSA se declararon en huelga para protestar por la toma de poder de Chávez, esta los despidió y los reemplazó con personal leal. La pérdida de profesionales golpeó a la producción, los ingresos y el crecimiento.
Ahora, el banco central se está quedando sin reservas internacionales, la capacidad productiva ha sido mermada y el banco central imprime divisa local a pedido del gobierno, generando una hiperinflación. Desde el 11 de noviembre, cuando los controles de precios fueron impuestos sobre los huevos, ya no se consiguen huevos en los mercados formales. “Eso les costará”, me escribió un venezolano la semana pasada, refiriéndose al PSUV.
Es improbable que esta elección sea justa. Ni el gobierno de Chávez (1999-2013) ni el de Maduro han permitido que las actas electorales sean auditadas independientemente. Maduro rechazó una misión observadora de la Organización de Estados Americanos. En cambio, aceptó al ente multilateral sudamericano conocido como Unasur, controlado por los gobiernos procubanos de Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Brasil.
Voluntarios de la oposición hicieron su mejor esfuerzo para actuar como supervisores electorales. Pero en muchos precintos era peligroso mantenerse en las estaciones de votación al caer la noche debido a las altas tasas de delincuencia y a las pandillas pro gobierno y es probable que el miedo obligara a muchos a regresar a casa. De ser así, muchos operativos del gobierno no tuvieron supervisión al momento de contar los votos.
Para cantar victoria, la oposición necesitaba ganar por un amplio margen. Se supone que las urnas cerraban a las 6:00 p.m. hora local, a menos que hubiera votantes en fila. Miembros de la oposición me dijeron que en la última elección presidencial, en abril de 2013, las mesas de votación se mantuvieron abiertas después de las 6:00 p.m. aunque no había filas. Aseguran que activistas progubernamentales usaron esos minutos para identificar a los electores que no se presentaron y sufragar en su nombre, dándole a Maduro su estrecha victoria.
El Consejo Nacional Electoral ha favorecido al gobierno al redibujar los distritos electorales y diseñar boletas de votación para confundir a los electores. Además, cada uno de los 24 estados recibe automáticamente dos escaños, sin importar su población. Así que una victoria abrumadora para los candidatos de la oposición en un estado grande tiene el mismo efecto que una victoria apretada de los chavistas en un estado con baja población que el gobierno controla fácilmente. Muchos de los políticos más populares de la oposición pasaron las elecciones en la cárcel y se les prohibió postularse.
Incluso si el régimen permite una apretada victoria de la oposición, es difícil imaginarse que Maduro ceda el poder. Es más probable que una derrota del gobierno sea seguida del encarcelamiento o expulsión de congresistas de oposición, como ha sucedido, o que sean comprados. Otra carta que tiene Maduro a mano es la “ley de poder popular” al mejor estilo soviético, que haría que los consejos locales bolivarianos sean los legisladores y el Congreso pase a ser irrelevante.
Las formalidades de cómo se quedarán los chavistas en el poder aún se desconocen. Pero que no quepa duda de que planean quedarse.
Este articulo está en WSJ
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