Manuel Malaver La Razón / ND

Capriles y la destitución constitucional de Maduro

21 Febrero, 2016

Comparto la propuesta del ex candidato presidencial y gobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles, de que la “Enmienda Constitucional” y el “Referendo Revocatorio” podrían activarse simultánea y paralelamente para arrollar y poner fin a la dictadura de Maduro.

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Sería lo que, en términos militares, se conoce como una “Operación Tenaza”, porque estrecharía el cerco contra el dictador desde dos ángulos que al cerrarse, lo obligarían a la situación que en el habla coloquial venezolana se grafica como: “O corre o encarama”.

Eso sí, “Enmienda y Revocatorio” tendrían que activarse cuanto antes, sin más dilaciones (y esta idea también es de Capriles), por cuanto, en una fase de crisis política y terminal, el tiempo trabaja a favor del poder agónico pero establecido, ya que el más insignificante, pero oportuno y sorpresivo suceso, podría surgir para darle respiración “boca a boca” a un ahogado declarado “técnicamente” muerto.

Pienso que, a este “milagro” apuntan Maduro y Eulogio del Pino en su insistencia de que la Opep baje la producción de crudos para que suban los precios, y aunque es una aspiración absolutamente descabellada dadas las características del mercado actual, no es un resultado que no cuente en la prognosis de los asuntos humanos y económicos tan expuestos en el mundo que vivimos a inestabilidades que pueden llevar las tendencias hacia donde menos se esperan.

Pero hay otro enfoque en la propuesta de Capriles (“Enmienda y Revocatorio” paralelos, simultáneos, alimentándose y retroalimentándose) que, igualmente, brilla por su asertividad y es que, si bien la convocatoria debe venir de la AN y el Poder Electoral, el nacimiento o parto debe ocurrir en la calle y como producto de una movilización popular, pues originándose el actual proceso político en los resultados del 6D, deben ser los electores quienes cristalicen su continuidad, dados los nudos casi indisolubles que surgen del choque entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

“Enmienda y Referendo cuanto antes y me voy a la calle” decía Capriles a mediados de semana y, conociéndolo, no creo que estuviera amenazando con tumultos, motines plebiscitarios o violencia callejera de cualquier signo y característica, sino más bien refiriéndose a asambleas de ciudadanos donde el liderazgo opositor llevara sus propuestas y las pudiera discutir amplia y profundamente con los electores.

¿Pero hay tiempo para ello?, podrían objetar líderes políticos y voceros de la sociedad civil, justamente preocupados porque la extensión, profundidad y dramatismo de la crisis, lejos de tomar el cauce de una salida constitucional y pacífica, tome los atajos de una explosión social o un pronunciamiento militar.

Capriles diría que sí y es porque piensa que la movilización debe ser parte sustantiva y fundamental de la convocatoria de la Asamblea Nacional y el Poder Electoral que, en stricto senso, deben seguir la pauta que el 6D construyó una unidad espontanea para que pueblo y oposición democrática iniciaran la ruta que dio al traste con el modelo socialista con que unos apocalípticos y desintegrados que venían, ideológicamente, del siglo XIX, avanzaron en la destrucción de Venezuela.

Debe irse ahora, en consecuencia, por el poder remanente o residual, el Poder Ejecutivo, blindado en el que no dudamos en llamar su adláter más bastardo y espurio, el TSJ, porque, aparte de no dudar en violar la Constitución para defender al tirano, deben sus cargos a bastardías y corruptelas que es insoslayable denunciar para que la AN, la Constitución y el pueblo lo extirpen como un tumor fétido e infeccioso.

En otras palabras: que Maduro tiene que ser desalojado del poder, -como lo pedía el jueves la ex magistrada, Blanca Rosa Mármol de León-, “por su incapacidad para desempeñarse como presidente de la República” y no solo “por razones constitucionales”.

Y a los efectos, habría que referirse a la forma criminal, desatinada y desequilibrada como la economía venezolana ha sido despedazada por áreas, sin dejarle respiro a la recuperación y lanzándola a un abismo donde tocar fondo ha resultado un imposible dada la cuantía de los recursos involucrados y dilapidados.

De “catástrofe humanitaria” han sido correctamente calificados por expertos venezolanos y extranjeros los déficits alimentarios, de salud y seguridad que marcan la tragedia venezolana actual y es en este contexto donde debe plantearse la urgencia de la salida de la Maduro, así como la necesidad de identificar los mecanismos para lograrlo, y las fechas que tendrían que cumplirse en el menor tiempo posible, para que la pesadilla chavista, castrista y madurista se remita al pasado más cruel, irracional e inútil de la historia venezolana.

Es una responsabilidad de la cual está consciente la totalidad del liderazgo opositor venezolano, que en especial la Asamblea Nacional ha consignado entre los primeros puntos de su agenda, pero que necesita de voces como las de Capriles que le impriman velocidad y no permitan que el neototalitarismo llegue hasta el fin de año descuartizando a Venezuela.

Tarea que, ciertamente, debe cumplirse en dos áreas o fases, la Enmienda y el Revocatorio, pues por la primera, se refrescaría un texto constitucional que establece aberraciones como la reelección vitalicia, el período presidencial de seis años y la incautación de los Poderes Públicos no electivos por el Ejecutivo.

Y con el segundo se le pondría fin al madurato y comenzaría un nuevo período constitucional que restablecería la democracia constitucional, la libertad, el estado de derecho, y recuperación de la economía.

Con el “Revocatorio”, entonces, se le cerraría cualquier escape al TSJ para que remita la eficacia del “Enmienda” al siguiente período, y con la primera, la Constitución quedaría libre de cualquier otro contrabando que nos traiga un nuevo Chávez redivivo y recargado.

Cito una frase de Karl Popper que creo es la mejor definición de la democracia que conozco: “Democracia: nombre tradicional que damos a una Constitución que debe impedir una dictadura”, y aunque no sé si yace o subyace en la iniciativa de Capriles, sí pienso que apunta al objetivo supremo de blindar la libertad y el Estado de Derecho con una Constitución de hierro.

Son lamentables y sobrados los casos en que, desde Hitler y la República de Weimar, la democracia no es la fortaleza que impide y protege a las sociedades de los totalitarismos y las dictaduras absolutistas del nazismo y el comunismo, sino lo contrario, las brechas por donde se filtran, cuelan, embozan para terminar destruyéndola. La Venezuela de los años 90 y comienzos de los 2000 fue quizá un ejemplo cabal de ello.

Por ello, no basta con derrocar a Maduro sino hacerlo constitucionalmente y para que una nueva Constitución enmendada o reformada no deje brechas por donde los nuevos totalitarismos -que siempre están al acecho- no regresen para incautarnos, robarnos, los principios que mejor caracterizan a una sociedad del siglo XXI: libertad, democracia, estado de derecho y defensa de los Derechos Humanos.

El ex candidato presidencial y gobernador del Estado Miranda ha sido un testigo de excepción en la tragedia venezolana de los últimos 17 años, y por eso creo que al lado de otros líderes democráticos no solo tiene la responsabilidad de ponerle fin, sino de que no vuelva a repetirse.