El “bonoabuelo”, entre el salario mínimo y la Unidad Tributaria

A discusión Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados

Desde el PSUV dicen que el proyecto es populista y demagogo, pero propondrán que este subsidio sea financiado por el sector privado

Expertos consideran que debe ser calculado en base al salario mínimo y no en base a la Unidad Tributaria, como lo plantea el proyecto

En el sistema del Seguro Social Venezolano están inscritos 3 millones 90 mil 281 adultos mayores, que cobran una pensión mensual de Bs.9.648,16. Actualmente, esta cifra equivale a un salario mínimo que representa el 19,1% de lo que necesita un venezolano para poder cubrir la canasta alimentaria, según publica el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), en su sitio Web:www.cendas.org.ve, quienes además sostienen que la calidad de vida de los ciudadanos y de los trabajadores en general, ha mermado como consecuencia del proceso inflacionario del que ha sido víctima la economía venezolana, situando su índice por encima del 400% de inflación. Teniendo en cuenta este panorama, la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional impulsa la “Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados” que luego de 48 meses engavetado, fue desempolvado y llamado a debate con el objeto de extender el beneficio alimenticio a los abuelos, como medida de acompañamiento para los adultos de la tercera edad.

Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional por la MUD y presidente de dicha comisión, informó a Quinto Día que si bien este subsidio no va a solucionar el problema de la merma en el poder adquisitivo de los venezolanos, en este caso concreto de los adultos mayores, si es un paliativo a la terrible situación económica en la que está sumido el país y un elemento de justicia social en medio de una dificultad tan importante como la que existe en Venezuela.

Entre martes y jueves, después de Carnaval, se llevará a cabo la primera discusión de este proyecto de ley que tiene por objetivo facilitar la alimentación y adquisición de medicinas por parte de los pensionados y jubilados del sector público y privado que hasta ahora nunca han sido beneficiados con el bono de alimentación.

Pizarro informó que la discusión de este proyecto se estará dando por etapas, en las que se harán convocatorias a todos los representantes y asociaciones de jubilados y pensionados para que conozcan la ley, puedan revisarla y empaparse de ella. “La idea es que cuando estemos en la segunda discusión, la propuesta de ley sea producto de un consenso público y no sólo de unos cuantos diputados”, agregó. Al tiempo que explicó la necesidad de que el proyecto base tenga alimentación, matices, detalles, correcciones, entre otras cosas a tomar en cuenta para construir un proyecto de ley en donde todos participen y se beneficien.

En su Artículo 3, el proyecto estipula que los adultos mayores recibirán un monto fijo equivalente a 67 unidades tributarias (UT). Si la ley entrara en vigencia en la actualidad, el Bono de Alimentación y Medicamentos sería de Bs.10.050 mensuales (calculado con el valor de Bs.150 por UT). En este sentido, el presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral señaló que los recursos para financiar este bono se calculan en base al 0,6 y 0,8 del PIB, y esto depende de la administración pública y del Estado. “Si se destina el montón de plata que se utiliza para compra de armas, publicidad, propaganda, viáticos y lujos que tiene el Gobierno y se reorientan y destinan a la inversión social, no tendríamos una discusión de fondos para el financiamiento de esta ley”, alegó el diputado.

Para los promotores de este proyecto, esta es una ley que es absolutamente viable en la medida en que el Estado tenga claro cuáles son sus prioridades, “si la administración pública sigue teniendo prioridades equivocadas, pueden tener la certeza de que el dinero que tiene que ir para el Bono de Alimentación y Medicinas lo vamos a ver después en un desfile militar con un tipo que tenga todos los guindalejos que puedan conseguir en el Panteón”, advirtió Pizarro.

El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Loengri Matheus, calificó la propuesta de “demagógica y populista”, además consideró que los fondos para el financiamiento del subsidio que plantea dicho proyecto deben salir del sector privado y no del Estado.

Ante las diferencias con la bancada del PSUV, Pizarro señaló que la política requiere que más allá de las diferencias que puedan existir entre sus protagonistas, hay problemas que se deben resolver sin necesidad de buscar enemigos y de juzgar las propuestas dependiendo de quien las plantee, por el contrario, se debe tener en cuenta la gente que se beneficia con esa propuesta. “Hay que tener conciencia de que estamos en una crisis reflectora que amerita crear mecanismo paliativos, de aguante y de acompañamiento a quienes más la padecen para que podamos, en conjunto, salir de ella aunque un grupo de privilegiados la nieguen”, agregó.

Para el director del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), profesor Oscar Meza, el cálculo de este beneficio debería darse en base al salario mínimo vigente y no en base a la unidad tributaria como lo estipula el proyecto de ley. El economista asegura que una vez que se ajuste el salario mínimo este año, el ticket de alimentación calculado en 67 unidades tributarias quedaría rezagado con respecto al salario mínimo. En cambio, si se hace en base al salario mínimo vigente, no tendrían que colocar en el proyecto ningún monto, sino que automáticamente éste se calcularía en función del salario mínimo que salga en gaceta para el momento del cálculo, si se ajusta el salario, se ajustaría el Bono de Alimentación.

QUINTO DÍA, 5-2-2016Leni Ramírez

@Eco_Periodistas