Foro por la Vida: Ambigüedad del decreto permite arbitrariedades
El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, señaló que "la situación extrema en Venezuela, donde la gente corriente está sufriendo como consecuencia de las malas decisiones del gobierno
EL NACIONAL, 19 DE MAYO 2016 - 12:01 AM
Las ONG que conforman el Foro por la Vida rechazan el decreto de estado de excepción y emergencia económica, del 13 de febrero, por considerar que representa una ruptura del orden constitucional. Argumentan que se coloca "en situación de riesgo y vulnerabilidad al conjunto de la población, en un contexto de grave afectación de los derechos sociales dado un contexto de mucha escasez de medicinas y alimentos; de graves problemas con el suministro regular de agua potable y electricidad".
Cuestionan que no haya limitaciones para la suspensión de garantías constitucionales. Exponen que la indeterminación de la norma afecta derechos humanos como las libertades de asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacífica. "El decreto por su ambigüedad y amplitud permite interpretaciones discrecionales y arbitrarias, lo que relativiza las obligaciones del Estado y posibilita la criminalización del ejercicio inderogable de estos derechos por parte de todas las personas".
Alertan sobre la promoción de mecanismos ilegales para el control del orden público, al conceder funciones que garantizan "la seguridad y soberanía del país" a grupos de filiación político-partidista como los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP). El Foro por la Vida advierte que la supresión de las competencias de la AN es peligrosa para la seguridad y la institucionalidad de la nación.
El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, señaló que "la situación extrema en Venezuela, donde la gente corriente está sufriendo como consecuencia de las malas decisiones del gobierno, no debería ser utilizada como pretexto para atacar y oprimir a la sociedad civil".
La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, indicó que a la sociedad civil se le debe asegurar su papel de vigilancia "para garantizar que el gobierno responda ante la gente".
Cuestionan que no haya limitaciones para la suspensión de garantías constitucionales. Exponen que la indeterminación de la norma afecta derechos humanos como las libertades de asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacífica. "El decreto por su ambigüedad y amplitud permite interpretaciones discrecionales y arbitrarias, lo que relativiza las obligaciones del Estado y posibilita la criminalización del ejercicio inderogable de estos derechos por parte de todas las personas".
Alertan sobre la promoción de mecanismos ilegales para el control del orden público, al conceder funciones que garantizan "la seguridad y soberanía del país" a grupos de filiación político-partidista como los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP). El Foro por la Vida advierte que la supresión de las competencias de la AN es peligrosa para la seguridad y la institucionalidad de la nación.
El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, señaló que "la situación extrema en Venezuela, donde la gente corriente está sufriendo como consecuencia de las malas decisiones del gobierno, no debería ser utilizada como pretexto para atacar y oprimir a la sociedad civil".
La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, indicó que a la sociedad civil se le debe asegurar su papel de vigilancia "para garantizar que el gobierno responda ante la gente".
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