Los escuadrones de la muerte del OLP
La gestión de Maduro se apartó definitivamente de las obligaciones en materia de respeto a los derechos humanos que le imponen los estándares internacionales y los instrumentos nacionales vigentes que regulan la actuación policial y el uso de la fuerza. El gobierno está desconociendo el propio marco normativo creado luego del proceso de reforma policial
Ha sido relanzado el Operativo de Liberación del Pueblo y sus resultados son tan o más preocupantes que el saldo registrado en sus dos primeras fases de ejecución. En apenas tres semanas, más de 90 personas han sido asesinadas en circunstancias no aclaradas por las autoridades, y en medio de denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y abusos por parte de agentes de la fuerza pública. Lo que más preocupa en esta nueva fase es la aparente institucionalización de escuadrones de la muerte para asesinar personas en comunidades populares. Para que tengamos una idea sobre el aumento de la letalidad policial, en los primeros tres meses de OLP, de julio a octubre de 2015, 60 personas fueron asesinadas por efectivos militares y policiales en todo el país, en quince días de esta nueva fase ya se superó esa cifra.
El OLP ha cambiado desde sus inicios. Ya no se realizan las redadas masivas al estilo del Plan Unión de los 80` y los allanamientos masivos que se registraron entre los meses de julio y diciembre de 2015, en los que unas 15.000 personas fueron detenidas arbitrariamente y unas 18.000 viviendas fueron allanadas sin orden judicial. Ahora, el OLP va directamente a generar otros abusos que llevan más sufrimientos a las familias pobres del país: los asesinatos masivos que son presentados como “partes de guerra” por el ministro de Interior y Justicia y las autoridades policiales. 19, 11, 10 muertes por cada operativo realizado, cada una de ellas presentadas al país como un triunfo del Estado.
Desde julio de 2015 y hasta la fecha, más de 700 personas han sido asesinadas por miembros de la PNB, Sebin, Guardia Nacional y Ciccpc en el marco de estos operativos. El Gobierno ha comenzado una verdadera guerra contra los más pobres. No sólo se está criminalizando la pobreza como lo advertimos desde el comienzo del OLP, se está actuando para intimidar y generar temor entre los habitantes de las zonas populares y al mismo tiempo emplear dicho temor como un mecanismo de control y contención frente el creciente descontento social. El mensaje del OLP es claro: aquí está el Estado, no para brindar justicia, fortalecimiento institucional, reducción de la pobreza, y ayudar a superar cientos de problemas, sino más bien para imponer el poder simbólico y real de un Estado que se ha puesto de espaldas a los ciudadanos y que ha lanzado a los más pobres a una suerte de sálvese quien pueda, en medio de una profunda crisis económica que amenaza la garantía de los derechos sociales. Aquí está el Estado para imponer una visión militarizada de la sociedad y sus problemas. Para imponer una respuesta autoritaria y no democrática frente a los conflictos propios de una sociedad en crisis. Para imponer la versión de que los ciudadanos son enemigos y la seguridad del Estado es lo principal.
En 2006 la Comisión Presidencial para la Reforma Policial (Conarepol) advirtió acerca de los riesgos de una visión militarizada de la seguridad ciudadana. En su trabajo “Estudios sobre la policía venezolana” la Comisión dijo: “En cuanto a la relación con los ciudadanos, el modelo militarizado de policía supone una lógica bélica, según la cual el ciudadano es definido como enemigo, y los estilos y tácticas de relación están modulados por esta definición, lo que implica mayores probabilidades de abuso, mayor disposición al uso de la fuerza física, patrones operativos agresivos e ineficientes como métodos de lucha contra el delito”.
Para quienes trabajamos en Provea es importante que se atienda el grave problema de la inseguridad y la violencia en el país. Entendemos la situación de angustia que padece la mayoría de los venezolanos, sobre todo los más pobres, debido a los altos índices de violencia. La entendemos porque además la padecemos, somos también víctimas de esta situación que genera sufrimientos a miles de familias. Pero a pesar de ello insistimos en que el Ejecutivo está optando por el peor camino para abordar el fenómeno del delito.
La gestión de Maduro se apartó definitivamente de las obligaciones en materia de respeto a los derechos humanos que le imponen los estándares internacionales y los instrumentos nacionales vigentes que regulan la actuación policial y el uso de la fuerza. El gobierno está desconociendo el propio marco normativo creado luego del proceso de reforma policial, que en su momento constituyó un avance en materia de control de la actuación policial en Venezuela, y se aleja de su deber de respetar y asegurar la vida de los ciudadanos. Seguridad ciudadana y seguridad de la nación son dos cosas distintas, pero el Ejecutivo no lo entiende así.
Mientras se cierren los espacios para el debate y la búsqueda de consensos para superar los problemas y mientras se insista en hablar de guerras, paramilitares, enemigos internos y externos, entre otros adjetivos, y mientras el asesinato de personas sea presentado como un logro de la actual gestión, las víctimas mortales de la OLP seguirán aumentando.
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