Fosas comunes
Cada plan de seguridad del Psuv convertido en fracaso, suma más muertes. El país ha sido un tubo de ensayo, los ciudadanos sus ratones de laboratorio y el Gobierno un macabro equipo probando su tesis
En Venezuela acaban de cometerse dos masacres. Dos masacres más. Una en Cariaco y otra en Barlovento. Veinte ejecuciones extrajudiciales con el agravante de torturas previas, confirmando que las OLP fueron diseñadas como operaciones de exterminio no como planes de seguridad. Un policía o un militar con licencia para matar, jamás respetará los derechos humanos y, si el éxito de los operativos privilegia la cantidad de muertos sobre la de detenidos o de armas recuperadas, con el amparo de la impunidad como incentivo, el resultado es el que estamos conociendo.
Cada OLP reporta pocos sobrevivientes y una enorme desproporción entre delincuentes asesinados y armas recuperadas. A menos que los malandros se defiendan con chinas y piedras, algo no cuadra. Pero además, desde su estreno en julio de 2015, las OLP no han reportado el descenso de nuestra tasa de criminalidad. Cada año, la cantidad de delitos aumenta y con ellos, la de asesinados. El balance de impunidad tampoco cambia. En Venezuela es muy barato ser criminal porque el sistema te privilegia a fuerza de improbabilidades: que te agarren; si te agarran que te retengan; si te retienen que te procesen; si te procesan que te condenen.
Cada plan de seguridad del Psuv convertido en fracaso, suma más muertes. El país ha sido un tubo de ensayo, los ciudadanos sus ratones de laboratorio y el Gobierno un macabro equipo probando su tesis: la inseguridad como política de Estado es eficiente. No es casual que no hayan abierto una sola investigación por el uso frecuente de granadas en delitos comunes. Si usted y yo lo sabemos, es imposible que el Ministro para la Defensa ignore la cantidad de militares y policías que en fechas recientes -y desde hace mucho tiempo- han estado involucrados en delitos de todo orden.
Defensores de los derechos humanos y periodistas de investigación coinciden en la imposibilidad de precisar cuántas fosas comunes más hay en el país producto de los operativos militares-policiales. El patrón de las torturas ya ha sido registrado por diversas organizaciones y la impunidad solo incentiva su réplica. El Gobierno nacional ha errado por acción y por omisión.
Que los co-responsables de las masacres declaren consternación, no reivindica a nadie. Sin la acción sostenida de los familiares de las víctimas, estas tragedias no habrían trascendido a los medios -máxime con la censura ejercida por algunos del Psuv como VTV y Últimas Noticias- y mucho menos a los organismos del Estado.
Un Presidente que honra militares en el marco de dos masacres cometidas por ellos, comete una afrenta con propósito. Un ministro que intenta amainar la gravedad de los eventos con el argumento de ser “un hecho aislado”, es por definición, un obstáculo para la investigación que se necesita. Si la FFAA tiene vocación humanista y garantiza respeto a los DDHH, Nicolás es un estadista.
Las masacres de Cariaco y Barlovento confirman los enormes riesgos de dejar funciones de seguridad ciudadana en manos de militares. Estas acciones deben ser de exclusiva competencia de cuerpos policiales civiles. Eso sí, mejor armados.
Cada OLP reporta pocos sobrevivientes y una enorme desproporción entre delincuentes asesinados y armas recuperadas. A menos que los malandros se defiendan con chinas y piedras, algo no cuadra. Pero además, desde su estreno en julio de 2015, las OLP no han reportado el descenso de nuestra tasa de criminalidad. Cada año, la cantidad de delitos aumenta y con ellos, la de asesinados. El balance de impunidad tampoco cambia. En Venezuela es muy barato ser criminal porque el sistema te privilegia a fuerza de improbabilidades: que te agarren; si te agarran que te retengan; si te retienen que te procesen; si te procesan que te condenen.
Cada plan de seguridad del Psuv convertido en fracaso, suma más muertes. El país ha sido un tubo de ensayo, los ciudadanos sus ratones de laboratorio y el Gobierno un macabro equipo probando su tesis: la inseguridad como política de Estado es eficiente. No es casual que no hayan abierto una sola investigación por el uso frecuente de granadas en delitos comunes. Si usted y yo lo sabemos, es imposible que el Ministro para la Defensa ignore la cantidad de militares y policías que en fechas recientes -y desde hace mucho tiempo- han estado involucrados en delitos de todo orden.
Defensores de los derechos humanos y periodistas de investigación coinciden en la imposibilidad de precisar cuántas fosas comunes más hay en el país producto de los operativos militares-policiales. El patrón de las torturas ya ha sido registrado por diversas organizaciones y la impunidad solo incentiva su réplica. El Gobierno nacional ha errado por acción y por omisión.
Que los co-responsables de las masacres declaren consternación, no reivindica a nadie. Sin la acción sostenida de los familiares de las víctimas, estas tragedias no habrían trascendido a los medios -máxime con la censura ejercida por algunos del Psuv como VTV y Últimas Noticias- y mucho menos a los organismos del Estado.
Un Presidente que honra militares en el marco de dos masacres cometidas por ellos, comete una afrenta con propósito. Un ministro que intenta amainar la gravedad de los eventos con el argumento de ser “un hecho aislado”, es por definición, un obstáculo para la investigación que se necesita. Si la FFAA tiene vocación humanista y garantiza respeto a los DDHH, Nicolás es un estadista.
Las masacres de Cariaco y Barlovento confirman los enormes riesgos de dejar funciones de seguridad ciudadana en manos de militares. Estas acciones deben ser de exclusiva competencia de cuerpos policiales civiles. Eso sí, mejor armados.
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