La represión se sienta a gobernar con Maduro
Sabemos que cuando cuestionamos las actuaciones policiales o militares que tratan de reprimir la delincuencia muchos nos critican. Preguntan que dónde quedan los derechos humanos da las víctimas de los malandros
Lo que mal empieza, mal acaba. Las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo se estrenaron con mal pie y lo peor: siguen metiendo la pata. Las masacres de Cariaco, en el estado Sucre, y ahora en Barlovento, en Miranda, son las más recientes pero no las únicas donde los derechos humanos han sufrido graves violaciones.
Creemos que no es algo casual, sino que responden a una política diseñada desde el Ministerio de Relaciones Interiores.
Eso es bien grave.
Sabemos que cuando cuestionamos las actuaciones policiales o militares que tratan de reprimir la delincuencia muchos nos critican. Preguntan que dónde quedan los derechos humanos da las víctimas de los malandros. Tenemos que precisar que los derechos humanos solo son violados por los representantes del Estado. Los delincuentes violan la ley y deben ser castigados, de acuerdo a lo que establezca el código penal.
Violar la ley para castigar el delito solo aumenta el delito.
En este sentido en el país hay un incremento de la violación a los derechos humanos. Una de las formas es la detención sin pruebas de ciudadanos opositores. Ahí están los casos de Carlos Melo, Yon Goicoechea o Braulio Jatar, solo para citar a tres.
Ninguno de ellos violó la ley.
Les fabricaron pruebas para meterlos en prisión. El caso de Melo es emblemático en través de su cuenta en twiteste sentido, pues este dirigente político anunció a ter que le habían informado, un día antes, que el Sebin lo iba a detener, como en efecto ocurrió. Lo acusaron de cargar un cordón explosivo. Solo un tonto al que le advierten que lo van a detener se aparece con el referido cordón y Melo de tonto no tiene un pelo.
Esa es una forma de violar los derechos humanos, pero el Sebin tiene otras. Está el caso de un grupo de agentes de Chacao, quienes fueron detenidos por su supuesta relación con el asesinato del periodista Ricardo Durán.
Pues bien, hace tres meses un tribunal les otorgó la libertad, pero al director del Sebin los tribunales y sus decisiones le saben a casabe y, simplemente, no les para bolas. Un ejemplo de irrespeto a la legalidad.
Por cierto que sobre estos casos tanto la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, como el defensor del pueblo, Tarek William Saab, han guardado un preocupante silencio. Públicamente por lo menos no han denunciado estas irregularidades. ¿Las apoyan? El que calla otorga.
Según denuncia hecha por organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre julio de 2015 y julio de 2016 se han producido 1,2 ejecuciones diarias por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad. Según el Ministerio Público 245 personas murieron en el marco de las OLP en 2015, a las que Provea suma 215 ejecuciones en contextos distintos a la referida operación, lo que da un total de 460 casos de violación al derecho a la vida. Según la propia Fiscalía, dicen estas ONG, los homicidios han aumentado después de la implementación de las OLP.
Los secuestros también han subido y la seguridad no ha mejorado nada.
Lo ocurrido en Cariaco y Barlovento es un salto, todavía más peligroso, de lo que venía ocurriendo. En ambos casos ni siquiera simularon o hubo enfrentamiento. En lo ocurrido, en el estado Miranda los ciudadanos pasaron varios días en un cuartel militar y, según denunciaron sus familiares el pasado martes en la Asamblea Nacional, fueron torturados por efectivos militares. En cualquier país medianamente democrático los ministros de la Defensa y Relaciones Interiores habrían renunciado y el director del Sebin habría sido destituido.
Este hecho y la respuesta dada desde la Asamblea Nacional reivindica el triunfo logrado por los sectores democráticos el pasado 6 de diciembre. Si el Parlamento estuviera dominado por el PSUV su bancada se habría preocupado más por echarle tierra al caso que por investigarlo. Dieron muchas muestras de ello recientemente. Esperemos que la investigación anunciada aclare lo ocurrido y permita que la justicia llegue con la celeridad debida.
Ya basta de impunidad.
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