CIDH calificó como "bastante inusual" la postura del TSJ ante la AN
El relator de la Comisión para Venezuela recordó la sentencia del TSJ que dejó sin representación a un estado y los grupos indígenas
Como “bastante inusual”. Ese fue el calificativo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a la postura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) frente a la Asamblea Nacional y en particular a su decisión de “suspender” a los diputados electos por el estado Amazonas.
La afirmación la realizó el relator para Venezuela del organismo, el peruano Francisco Eguiguren, durante la audiencia sobre la situación de falta de independencia del Poder Judicial celebrada este miércoles en Washington (Estados Unidos), donde el funcionario recordó que la medida adoptada por la Sala Electoral el 30 de diciembre de 2015 “privó de representación (en el Parlamento) a un sector indígena de la población en base a una mera denuncia”.
Tras indicar que la resolución no solo ha “afectado el derecho de los parlamentarios electos a ejercer sus funciones sino lo más importante, de los electores a tener una voz en la Asamblea”, el comisionado requirió de los representantes del Estado información sobre el estatus del caso.
En su sentencia 260 la Sala Electoral admitió el recurso contencioso electoral que la derrotada candidata chavista a diputado por Amazonas, Nicia Maldonado, interpuso contra los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 y suspendió la posesión de los cuatro legisladores (tres opositores y uno oficialista), mientras analizaba la veracidad de las denuncias de compra de votos formulada por la aspirante del partido de gobierno. Sin embargo, más de un año después ni siquiera se ha fijado la fecha de la audiencia oral y pública.
La negativa de la mayoría opositora de la AN a acatar este dictamen fue la excusa del TSJ para anular todas las decisiones que el Parlamento ha tomado desde que se instaló en enero de 2016.
Durante la audiencia, el consultor jurídico del TSJ, Rommel Pacheco, negó que el caso se encuentre paralizado y aseguró que está en la etapa de recolección de pruebas. Por su parte, el agente del Estado ante la CIDH, Larry Devoe, agregó a los comisionados que “ha sido la propia actividad de las partes la que ha generado que no se tenga fecha definitiva para la resolución del juicio”.
Asimismo defendió la posición del máximo juzgado de prácticamente anular al Legislativo alegando que “si hay una decisión judicial, ninguna autoridad está llamada a desacatarla”.
Con información de Transparencia Venezuela
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