“El gobierno oculta problemas y cuando las personas se quejan las arresta"
La represión a los panaderos demuestra cómo el Ejecutivo implementa la persecución política, indicó Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano
Ayer hubo tres audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
“Existe un patrón sistemático de persecución política del gobierno de Venezuela: no asume los problemas, los oculta y cuando las personas se quejan, las arresta. Si esto no funciona, busca chivos expiatorios para justificar su narrativa”, aseguró Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, quien dejó claro que por esta situación atraviesan los panaderos. “El Ejecutivo no asume su responsabilidad ante la escasez de trigo y los culpa de ser responsables de no producir pan”.
Esta afirmación la hizo en una de las tres audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que Venezuela fue protagonista. La persecución política, el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas se debatieron en el seno de la Organización de Estados Americanos, con participación de ONG venezolanas y representantes del Estado.
Romero indicó que la represión aumentó desde 2014 y que aunque se liberaron algunas personas, se ha encarcelado a otras, manteniéndose siempre un número cercano a los 100 detenidos. “El diálogo, más que traer liberación de personas, incrementó los arrestos para utilizar a los presos políticos como fichas de negociación”.
Alertó sobre 19 casos con boletas de excarcelación que no han sido ejecutadas. “¿Cómo es posible que un tribunal dicte una medida y las personas no hayan sido liberadas?”.
Las ONG Transparencia Venezuela, Acceso a la Justicia, Centro de Justicia y Paz, Provea, Sinergia, Civilis, el Instituto de Prensa y Sociedad y Espacio Público entregaron a la CIDH un informe en el que se denuncia que en Venezuela no hay justicia y que se irrespetan los derechos humanos. El documento tiene ocho capítulos en los que se destacan la falta de independencia judicial, la violación al debido proceso, el hecho de que no se admiten casos por formalidades, la violación al derecho de acceso a la información pública y a la libertad de expresión e información.
Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, señaló que en el país la justicia y la política están vinculadas. Destacó que hubo parcialidad en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Declaró que se limitan las investigaciones por actos de corrupción.
Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, denunció la violación del debido proceso. Detalló que 21 de los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no cumplen con los requisitos mínimos para estar en sus cargos. Subrayó que en el caso de los magistrados nombrados en diciembre de 2015 la situación era peor: 10 de los 13 no deberían estar en sus cargos. Advirtió que lo único que se tomó en cuenta es que son leales al gobierno.
Mencionó que 73% de los jueces son provisorios, por lo que pueden ser destituidos sin mayores procesos.
Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, afirmó que se utiliza el poder judicial para aplicar patrones sistemáticos de persecución. “Lo más común es abrir procedimientos judiciales contra quienes disientan. También se han hecho detenciones arbitrarias, destituciones de sus cargos y ataques a la inmunidad parlamentaria”.
Reparación a las víctimas. Cofavic, Provea y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas participaron en la audiencia en la que representantes del Estado presentaron el informe de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que detalla la investigación de de crímenes y violaciones de los derechos humanos entre 1958 y 1998.
“Tras 28 años no se ha sancionado a ninguno de los autores del Caracazo, ocurrido en 1989, ni se ha permitido a familiares acceder a los restos de seres queridos”, informó Liliana Ortega, directora de Cofavic. “Al menos en los casos que documentamos que ninguno de los restos ha sido entregado a sus familiares. Esa es una tarea impostergable”.
Dijo que en el informe debieron incluirse los casos de la masacre del Retén de Catia, en la que hubo más de 60 víctimas en 1992, y las desapariciones forzadas de Vargas, en 1999. Subrayó que el problema de las cárceles en Venezuela se mantiene vigente.
Inti Rodríguez, coordinador de Investigaciones de Provea, especificó que deliberadamente de las investigaciones se excluyeron a personas vinculadas al partido de gobierno, señaladas en expedientes como responsables de varias masacres. Destacó los casos de Cantaura y El Amparo. “En general, nos preocupa no tener certeza sobre el alcance real de la voluntad de la Comisión de la Verdad para investigar y promover el enjuiciamiento de todos los autores materiales e intelectuales de graves violaciones de derechos humanos”. Indicó que no puede haber victimarios de primera y segunda categoría ya que todos deben ser investigados y juzgados.
Precisó que el Estado venezolano incumple con las recomendaciones de la CIDH para que no se repitan los hechos. “Por el contrario la militarización se ha profundizado en los últimos años y hoy día tenemos instituciones tan preocupantes como la Operación Liberación del Pueblo que ha cobrado cientos de víctimas en el país, a través de ejecuciones extrajudiciales”.
Recalcó que el propio Ejecutivo ha sustentado su actuación en la doctrina de la Seguridad Nacional para reprimir la protesta social, sobre la teoría de los enemigos interno y externo. “Se ha justificado el uso excesivo de la fuerza”.
RECUADRO
Se vulneró la libertad de expresión
El IPYS y Espacio Público documentaron las actuaciones judiciales que vulneraron la libertad de expresión e información. Según el IPYS, entre 2002 y 2016 hubo 36 personas demandadas por delitos de difamación e injuria, la mayoría periodistas, y resultaron afectados 4 diarios impresos y un portal web. Espacio Público instruyó casos que muestran cómo perjudica la falta de independencia del Poder Judicial a la libertad de expresión: la salida de circulación de El Carabobeño, la detención de Braulio Jatar, la prohibición del vuelo de drones entre agosto y septiembre de 2016, la prohibición de difundir videos de linchamientos, la censura a diputados para declarar sobre casos de corrupción, la condena del director del Correo del Caroní y la demanda contraEl Nuevo País.
El Estado: En Venezuela no hay presos políticos
“En Venezuela no hay presos políticos, reconocido incluso por los partidos políticos de oposición en el proceso de diálogo”, señaló Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y delegado venezolano ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos.
Devoe representó al Estado venezolano en las audiencias ante la CIDH, junto con Zair Mundaray, director general de Actuación Procesal del Ministerio Público, y Romer Pacheco, consultor jurídico del Tribunal Supremo de Justicia.
Aclaró que la mayoría de los detenidos, señalados por las ONG, violaron leyes venezolanas, muchos de ellos relacionados con la violencia de 2014. “Producto de estas acciones 43 personas perdieron la vida y 878 sufrieron graves lesiones”.
Recalcó que las manifestaciones no fueron pacíficas. “En virtud de eso hubo 3.351 detenidos cuya mayoría se encuentra en libertad. Hubo 1.525 personas acusadas. No pueden ser considerados presos políticos”.
Devoe aseguró que el Estado garantiza los derechos humanos de las personas privadas de libertad y se refirió al caso de Leopoldo López. “Permanece en una celda que se adapta a los estándares internacionales. Está dotada con televisión, nevera, cocina y cafetera. Incluso cuenta con televisión por cable. Tiene garantizado el acceso a familiares y abogados. Participa en actos deportivos y religiosos, y atiende un huerto”.
Rechazó que la situación venezolana requiera una atención especial. “Lo que sí es cierto es que se ha usado la violencia para lograr por la fuerza lo que no se ha podido con votos”.
Zair Mundaray informó que las reparaciones a las víctimas entre 1958 y 1998 han venido avanzando, incluso, sin terminar las investigaciones: 408 víctimas directas e indirectas han recibido beneficios del gobierno.
Para Romer Pacheco el poder judicial es “autónomo e independiente”. Indicó que no hay influencia externa, “como sucedía en el pasado”.
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