La alcabala o la extorsión institucionalizada
LA OPINIÓN DECésar Pérez Vivas@CesarPerezVivas
La alcabala es una vieja institución que nos viene de la España Imperial. Es una figura tributaria que ha devenido en una de naturaleza policial. Los historiadores han ubicado su origen en tiempos del imperio romano, y de allí pasando por el tiempo de los visigodos, y de la presencia musulmana en la península ibérica, se estableció siempre como un impuesto de carácter local. Así lo fue desde el siglo XI, hasta que el rey Alfonso XI, autorizado por las Cortes de Castilla, la convirtió en un impuesto del reino con el fin financiar la guerra, con ocasión del sitio de Algeciras, entre 1342 y 1344. A partir de 1393 pasó a ser ya un impuesto permanente, propiedad del Rey, quien podía venderlo o donarlo a particulares.
Así nos llegó a tierras de América este tributo. Para su cobro se establecía un punto de control a la entrada y salida de las poblaciones, de modo que quienes movilizaban mercancías pagasen el tributo real.
La alcabala dejo de ser un lugar para cobrar un tributo, para pasar a ser un sitio de control policial y/o militar, utilizado fundamentalmente para el control de fronteras, o en situaciones excepcionales de guerra o grave alteración de la paz social.
De hecho, el Diccionario de la Academia Española nos ofrece las dos acepciones del término:
“1. f. Tributo del tanto por ciento del precio que pagaba al fisco el vendedor en el contrato de compraventa y ambos contratantes en el de permuta.
2. f. Col. y Ven. Puesto de policía en las salidas de las ciudades y carreteras.
La primera acepción del término no existe en la práctica, y hoy en día al hablar de alcabala se acepta la segunda.
Las sociedades modernas y democráticas, en respeto a la libertad de tránsito, y a los derechos humanos, ha reducido a su mínima expresión esta odiosa figura de la alcabala. Los mecanismos de control sobre personas potencialmente delincuentes o violadoras de la ley se adelantan sin afectar, en lo posible, el derecho del grueso de la población a no ser perturbado en su vida cotidiana.
En nuestro país, la figura de la alcabala como punto de control policial está vigente desde los mismos orígenes de la República. Fue una herencia de la estructura española del poder.
Los “socialistas del siglo XXI”, tan dados a denostar de la presencia imperial española en nuestra historia, no han reparado en lo perturbador y odioso de la figura de la alcabala. Dada la naturaleza militar del régimen “socialista y bolivariano”, han reforzado como nunca en nuestra historia esta figura “imperialista” que heredamos de la institucionalidad española.
En efecto, la camarilla roja empeñada en controlarlo todo, para terminar no controlando nada, ha multiplicado hasta niveles francamente indignantes esta figura de la alcabala con el fin de controlar todo tipo de movimiento de personas y bienes por el territorio nacional, que han terminado por retroceder esta figura a su naturaleza original. Es decir, hoy en día, en Venezuela, la alcabala es un lugar donde debe pagarse “un tributo”, solo que ahora no es para el Rey, ni tampoco para el estado como institución, sino para el funcionario de turno en el puesto alcabalero, y para su jerarquía de mando.
Lo cierto es que la alcabala ha terminado en un vulgar sitio de extorsión, donde un funcionario militar o policial, prevalido de su condición de autoridad, y ante la preeminencia de lo militar y policial, sobre la vida ciudadana, obliga a las personas a pagar una “coima”, so pena de retener las mercancías, los vehículos o hasta la misma persona, utilizando un pretexto legal o no, con el cual forzar la entrega de dinero o de bienes, contra la voluntad del ciudadano.
Es de tal magnitud el descaro con que actúan los funcionarios de alcabala, que existe un afanoso interés en prestar “servicio” en estos sitios de control. Pero lo más descarado, es que hoy en día se habla del “pote”, que es la colecta de extorsiones ejecutada por los funcionarios subalternos en cada punto de control, para compartir con los superiores, hasta el punto de confesar varios de ellos, que son obligados a efectuar esa recaudación desde los más altos niveles de mando.
El conjunto de regulaciones, permisos, guías, y documentos que se establecen en Venezuela para movilizar bienes y personas, es de tal magnitud, que se convierten en el caldo de cultivo más favorable a la brutal extorsión a que estamos siendo sometidos los ciudadanos venezolanos.
He recibido testimonio de productores agrícolas de los Andes, y de industriales de todo el país, de la forma abierta y sin rubor como son extorsionados en todos los sitios de control existentes a lo largo de la geografía nacional. Siempre el funcionario encontrara algún defecto en el permiso o guía para solicitar su coima. Y si todo estuviese en regla, en todo caso se le formula la petición bajo la cándida figura “una colaboración” para el comando o el puesto alcabalero, ya que deben adelantar alguna reparación en su sede, o en el vehículo que les sirve de apoyo. Sin el ciudadano se niega o no tiene el dinero en efectivo, entonces es compelido a entregar parte de la carga que lleva consigo.
La situación se ha convertido en un negocio tan lucrativo, que existen regiones del país, donde en una misma zona, hay cuatro puntos de control de diversos órganos de seguridad, donde cada uno por separado, aplican la extorsión.
Hay una abusiva proliferación de alcabalas. Autopistas como la José Antonio Páez, a lo largo de los Estados Barinas, Portuguesa y Cojedes, baten record de alcabalas de policías nacionales y regionales, del ejército y de la Guardia Nacional. Todas compiten en aplicar la extorsión a quienes por allí transitan.
Toda una verdadera vergüenza, típica de estos tiempo de abuso y violación de los derechos humanos, son estas alcabalas. Con el albor de un cambio, debemos promover su eliminación y reducción al mínimum necesario para momentos de verdadera necesidad, y así eliminar esa podredumbre acrecentada por la revolución.
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