Los magistrados que cantaron el himno en la plaza Alfredo Sadel; por Valentina Oropeza
Por Valentina Oropeza | 22 de julio, 2017.PRODAVINCI
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José Sabino Zamora se levantó de la silla con el pecho henchido cuando la diputada Sonia Medina pronunció su nombre por micrófono en el renglón de magistrado principal de la Sala de Casación Social. El viernes 21 de julio de 2017, la Asamblea Nacional venezolana designó 33 jueces en paralelo a los que ocupan las oficinas del Poder Judicial en el centro de Caracas, quienes han bloqueado todas las iniciativas parlamentarias desde que los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumieron las riendas del Poder Legislativo tras ganar los comicios del 6 de diciembre de 2015, la primera gran victoria electoral de la oposición venezolana en 16 años de gobiernos chavistas.
Un aluvión de cámaras registraron la expresión de orgullo de Sabino y sus colegas. El nombramiento se produjo un día después de que se cumpliera un paro nacional de 24 horas convocado por la oposición, una semana antes de que se elija una Asamblea Constituyente impulsada por el gobierno y al mismo tiempo que los magistrados de la Sala Constitucional amenazaban con juzgarlos por “usurpación de funciones” y “traición a la patria”, quizás en el banquillo de una corte militar.
Los periodistas que reportaban la sesión parlamentaria instalada en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, al este de Caracas, se preguntaban si Sabino y sus compañeros temen que los persigan y los metan presos. “Yo no tengo miedo. De esta situación uno puede esperar cualquier cosa pero tengo la sensación de que va a haber democracia en este país”.
El bloque parlamentario de la oposición organizó la sesión en la calle vigorizado por una consulta popular que arrojó 7,6 millones de votos en contra de la Asamblea Constituyente, más sufragios de los que obtuvo Nicolás Maduro cuando fue electo presidente en 2013, después de la muerte de Hugo Chávez.
Un centenar de personas han fallecido en Venezuela durante más de 100 días de manifestaciones. Al despojar a la AN de sus atribuciones y transferirlas al Presidente a través de dos sentencias, el TSJ detonó protestas que reflejan el descontento fomentado por la escasez de comida y medicinas, la inflación más alta del mundo y uno de los peores índices de inseguridad ciudadana. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, admiradora de Chávez y timón del Ministerio Público durante una década, denunció la inconstitucionalidad de las decisiones tomadas por la máxima corte contra el Parlamento y se convirtió en la cabeza visible del chavismo disconforme con la gestión de Maduro. Sin el respaldo de los fiscales, policías y guardias nacionales recibieron la orden de entregar a los detenidos en revueltas a tribunales castrenses, aunque fuesen civiles.
Mientras los diputados opositores designaban su propio TSJ, el presidente de la Sala Constitucional de la máxima corte, Juan Mendoza Jover, declaraba “nulo” el acto de la Asamblea Nacional vestido con toga y rodeado por otros magistrados de esa instancia. Advirtió que el Legislativo incurre en “desacato”, una figura que utilizó el TSJ para desconocer todas las decisiones parlamentarias después de que la MUD restituyó a tres diputados de Amazonas, cuya elección fue denunciada como fraudulenta por el chavismo. Su desincorporación anuló la mayoría simple de la oposición y hasta el momento no se han celebrado nuevos comicios para renovar la representación de ese estado.
“Ante los actos declarados nulos, de evidente ánimo subversivo, la Sala declara que corresponde a las autoridades competentes, civiles y militares, ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional”.
A Sabino no le importan los detalles de esa declaración. Se preparó durante 22 años para este momento. Comenzó como suplente de Defensoría Pública, luego fue inspector nacional de tribunales, presidente del circuito penal de Anzoátegui, rector y juez de la corte de ese estado. También fue fiscal nacional electoral. Aunque lleva 11 años jubilado, a sus 59 está dispuesto a correr “los riesgos que hagan falta” para cumplir esta designación.
El diputado Carlos Berrizbeitia lideró la Comisión de Postulaciones Judiciales que escogió a los 33 magistrados entre 150 aspirantes. En el derecho de palabra que le asignaron para presentarlos, se burló de los “errores ortográficos” que se escapan en las sentencias dictadas por los magistrados que nombró Diosdado Cabello al final de su mandato como presidente de la AN en diciembre de 2015, un día antes de Navidad. Seis meses después, Henry Ramos Allup, al frente de la directiva del Legislativo, afirmaba que la decisión de Cabello era “írrita”, por lo que evaluarían a nuevos candidatos para reemplazar a los “magistrados exprés” que no cumplían con los requisitos previstos en las leyes para dirigir el TSJ.
Una barrera de metal circundaba el hemiciclo instalado en la plaza Alfredo Sadel con sillas de plástico vestidas de azul, bajo un toldo oscuro que preservaba a los parlamentarios, jueces y reporteros de los chubascos del día. 13 sillas dispuestas para diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela quedaron vacías. Al otro lado de la reja, cerca de los simpatizantes opositores que acudieron al acto, María Alexandra esperaba ver la juramentación de su esposo Rafael Ortega Mata como magistrado suplente de la Sala de Casación Social.
El nombramiento es un “sueño hecho realidad” para la pareja y sus dos hijos de 17 y 14 años. Ataviada con un vestido beige y sandalias de tacón alto, María Alexandra se sintió satisfecha al comprobar que tantos años de estudio y docencia llevaron a su marido al TSJ, aunque no pueda instalarse en el despacho que supone le corresponde. No les preocupan las amenazas de la Sala Constitucional. Mientras Ortega caminaba hacia el espacio reservado entre los diputados para levantar la mano derecha y jurar que cumpliría con la tarea, divisó a María Alexandra entre un puño de espectadores y salió de la fila para besarla.
Un abogado constitucionalista que miraba la escena detrás de la barrera piensa que debe quemar los libros de Derecho de su biblioteca. Que sea el TSJ y no la Fiscalía quien impute a estos magistrados, a los manifestantes o a cualquier ciudadano por un delito y los lleve a tribunales militares pese a que son civiles le parece una condena a muerte para la Justicia.
El parlamentario Américo de Grazia, en cambio, se mostró más optimista. Simpatizantes del gobierno le dieron una paliza en los jardines del Palacio Legislativo el miércoles 5 de julio de 2017, durante la sesión conmemorativa de los 206 años de la independencia de Venezuela. Cinco diputados sufrieron lesiones en el asedio, que fue condenado por gobiernos y parlamentos del mundo. Le partieron 3 costillas, le hicieron una herida de 9 centímetros en la cabeza y le ocasionaron un edema cerebral. Después de la consulta del 16 de julio está convencido de que el país transita por una calle sin retorno para frenar la Constituyente.
Una vez que jueces, diputados y espontáneos cantaron el himno nacional de Venezuela y culminó la juramentación en la plaza Alfredo Sadel, los magistrados caminaron un par de cuadras hacia el Consejo Municipal de Baruta. Los conductores que intentaban salir del atasco en la avenida principal de Las Mercedes tocaron las bocinas de sus vehículos y aplaudieron a los hombres de saco y corbata. Antes de entrar a su primera reunión, fotógrafos de la prensa les pidieron agruparse para una foto de familia. Sonrieron pero se negaron a hablar. “Por ahora es mejor que guardemos silencio”.
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