Misión Censura
Acallar críticas y aplastar la disidencia política son objetivos directos del gobierno de Maduro a través de la "Ley del Odio"
El ruido que traen las piedras del río Constituyente apunta de forma clara a otra etapa de pensamiento totalitario donde ya se tipifica como delito cualquier diferencia ideológica que se le antoje a los legisladores bajo el vago y amplísimo paraguas de “incitación al odio.”
La Caperucita Delcy ha presidido las ponencias, nunca debates, sobre la fulana “Ley de la convivencia y contra la intolerancia” que busca controlar los contenidos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, etc., iniciativa que pondría a Venezuela en la vanguardia de la censura mundial, con penas “ejemplarizantes” que contemplan hasta 25 años de prisión bajo la excusa de fomentar el odio entre la población.
Decirle “lobo feroz”, por ejemplo, a alguno de los jerarcas del régimen podría constituir delito siempre que una corte de jalamecates decidiera que esa mención incita a los cazadores a perseguir alguna fiera (y ni pensar si la hieren o le hacen algo peor). En dos platos: censura por todo el cañón y cárcel a quien “insulte”.
Conatel ya instrumentó el cierre de Caracol TV y RCN, medios audiovisuales colombianos que divulgaban sus señales por cable y vía satélite en Venezuela.
La programación de ambos canales dejó de emitirse en nuestro territorio desde la madrugada del jueves tras una clara represalia oficialista contra contenidos informativos que incomodaban al actual gobierno.
El cese de transmisiones de cadenas internacionales en Venezuela arreció en febrero de este año, cuando Conatel sacó del aire la señal de cable y satélite de CNN en Español, días después de que el canal estadounidense emitió una investigación sobre la presunta emisión fraudulenta de pasaportes y visas en el país.
Otro antecedente de censura a canales internacionales acaeció en 2014 cuando le tocó el fatídico turno a NTN24, otro canal colombiano de noticias también transmitido por cable y vía satélite. En ese momento, el gobierno de Maduro alegó que la cobertura de las protestas que ese año se desataron en Venezuela estaba sesgada y divorciada de la realidad.
Al hablar de clausura de canales es imposible no recordar el cierre de RCTV hace ya más de 10 años, todavía con Chávez en el poder. Notoriamente molesto por la línea editorial de sus noticieros, el gobierno decidió no renovar la concesión del canal para seguir transmitiendo y prácticamente decretó la disolución del consorcio audiovisual en mayo de 2007.
Durante la gestión de Chávez también salieron del aire 33 emisoras de radio, todas críticas con el Gobierno, y en 2004 fue promulgada la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, mejor conocida como “Ley Resorte”, para supuestamente "fomentar el equilibrio democrático" en las comunicaciones. (Ya sabemos que en la práctica ese instrumento ha funcionado como un mecanismo de presión del gobierno para generar sumisión entre quienes administran licencias del espectro radioeléctrico nacional, y a partir de su modificación en 2011, también toma algunas previsiones sobre Internet.)
Si quedase algún vacío por llenar en el campo de la coacción y la censura, Delcy y su constituyente chimba traen ahora bajo el brazo la “Ley del Odio”, sin contar de que –en la práctica- ya se aplican otros castigos contra cualquier adversario del régimen, englobados bajo la categoría de “presos políticos.”
Que nadie olvide a ninguno de esos detenidos de forma irregular, acusados de cometer “delitos de conciencia” no tipificados en ley alguna. Sólo en dictaduras son posibles tales arbitrariedades, vejámenes que paradójicamente suelen movilizar ideales libertarios capaces de revertir las estructuras despóticas.
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