TSJ en el exilio ordena suspender explotación del Arco Minero
La “medida preventiva” se interpuso siguiendo los procedimientos que están previstos frente a los actos de la administración pública nacional, cuando se dicta un decreto ley que puede “viciado de nulidad porque no se siguieron todos los procedimientos legalmente establecidos”.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio declaró “procedente” un recurso presentado por la fiscal destituida por la Constituyente chavista, Luisa Ortega y ordenó suspender la exploración en una zona de ese país rica en minerales conocida como el Arco Minero del Orinoco.
El magistrado José Luis Rodríguez, de la Sala Político Administrativa, dijo a Efe que el TSJ en exilio se pronunció sobre “un recurso de nulidad”, con un “amparo cautelar” y una “medida cautelar innominada” (preventiva) para “suspender los efectos del Arco Minero” que Ortega puso a consideración de esa instancia el pasado 2 de noviembre.
“Se acordó dictar la medida cautelar, declararla procedente y en virtud de esa declaratoria es que se ordena la suspensión de los efectos del decreto que crea el Arco Minero en Venezuela”, explicó Rodríguez, quien señaló que de forma preliminar “estaban cumplidos los requisitos que establece la ley”.
El jurista detalló que, “al estar suspendido esos efectos, ninguna empresa o ninguna persona natural que se encuentre realizando actividades de aprovechamiento de todos esos minerales o que esté realizando actividades de explotación de los minerales” en esa zona pudiera continuar.
El magistrado aclaró en otras declaraciones en una conferencia de prensa en Bogotá que la decisión cautelar es con “carácter provisional” hasta tanto la Sala Político Administrativa “decida el fondo de este asunto” para dictar “una decisión” en firme. En ese sentido, pidió informar de la decisión a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
El 24 de febrero del 2016, el presidente Nicolás Maduro ordenó certificar las reservas del Arco Minero del Orinoco, una franja con una extensión aproximada de 111.000 kilómetros cuadrados que se extiende desde la Guayana Esequiba hasta la frontera con Colombia y dispone de yacimientos de oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita y otros minerales.
En ese entonces, Maduro firmó con representantes de más de 150 empresas de 35 países “un conjunto de contratos para proceder a la certificación de tres áreas del Arco Minero del Orinoco”.
Según el magistrado, la “medida preventiva” se interpuso siguiendo los procedimientos que están previstos frente a los actos de la administración pública nacional, cuando se dicta un decreto ley que puede “viciado de nulidad porque no se siguieron todos los procedimientos legalmente establecidos”.
En ese contexto, Rodríguez resaltó que esta medida “tiene efectos internacionales” y señaló que además solicitarán a las Naciones Unidas información sobre el proceso de Venezuela para obtener la certificación Kimberley, que regula la venta de diamantes.
Al anunciar el recurso, Ortega dijo en ese entonces a periodistas que esa acción busca “detener el saqueo a Venezuela” y denunció que su país está siendo robado “no solamente con el Arco Minero, sino con otros temas que están impactando seriamente la economía” y “que han incidido sobre la población”.
Ortega fue destituida el 5 de agosto pasado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, que la acusó de cometer “actos inmorales”, y a su esposo de ser parte de una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.
El magistrado hace parte del grupo de 33 integrantes del TSJ que se juramentó en Caracas el pasado 21 de julio ante la AN y que días después tuvieron que abandonar Venezuela luego de que Maduro anunciara que irían presos “uno por uno”.
De ese grupo de magistrados, varios permanecen en Colombia después de que el Gobierno les concediera el refugio, otros en Estados Unidos, así como en Chile y Panamá.
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