PRESAS POLÍTICAS
SUFREN TORTURAS O TRATOS CRUELES
El
hecho de ser mujeres, no evita que las 23 prisioneras de la narcodictadura
sufran torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes en las mazmorras
donde se encuentran confinadas sin el debido proceso por parte de sus
carceleros.
El viernes 22 de julio de 2022 Martha
Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, denunció
públicamente que estas 23 mujeres privadas de su libertad por motivos políticos
son víctimas en los sitios de reclusión de tratos crueles o torturas, forman parte
de las 316 personas que a la fecha había privado de su libertad el régimen
dictatorial de Nicolás Maduro por disentir del mismo.
La activista de derechos humanos
señaló también que, según los registros de la ONG, cinco han sido condenadas, y las otras 18 se mantienen en procesos
judiciales en los que no se ha logrado establecer su responsabilidad en la
comisión de algún delito o hecho punible, por lo que se podría hablar de condenas anticipadas.
De igual modo aseveró que estas presas políticas son víctimas de la falta de una alimentación
debida, de asistencia médica, de dotación de insumos médicos, de agua potable y
de instalaciones para que puedan tener una higiene adecuada, y además, en
muchos casos, las mantienen aisladas e incomunicadas.
(A dicha prisioneras se les violan los derechos que les consagra el
Código Orgánico Penitenciario)
Asimismo
afirmó que la JEP ha documentado torturas a tal punto que, en algunos casos,
han tenido daños irreversibles.
-Una
de ellas –apuntó- fue detenida estando en embarazo y, como consecuencia de las
torturas que recibió, perdió a su bebé. Y así tenemos documentación de casos de
torturas muy graves, de incomunicación muy graves,
(Se trata de Emirlendris Benítez condenada en agosto
por el caso de los drones y todavía el 4 de diciembre el tribunal de la causa no
había publicado la infame sentencia que la condenó a la pena máxima contemplada
en el Código Penal, 30 años.
Fue detenida el 5 de agosto de 2018, cuando se encontraba haciendo una
carrera en la madrugada, junto a su pareja Yolmer Escalona, y pasaron por una
alcabala donde le pidieron sus papeles, los entregó. Seguidamente, fueron
detenidos sin que les explicaran los motivos. TalCual recordó el 4 de
diciembre de 2022 qu Benítez fue
acusada y condenada por siete delitos: homicidio calificado en grado de
frustración, homicidio calificado con alevosía y por
Y agregó: A principios de febrero de 2022, el Grupo de Trabajo sobre
Detenciones Arbitrarias, uno de los mecanismos especiales de Naciones Unidas,
solicitó la libertad inmediata de Emirlendris Benítez. Además pidió que se le
concediera una indemnización y otros tipos de reparación, pero la decisión fue
ignorada por la jueza Hennit Carolina López cuando dictó la sentencia.
Es madre soltera de un niño de ocho años, al que escasamente ha podido
ver durante los cuatro años que lleva en prisión, pese a que las leyes solo
permiten que una persona se mantenga en prisión preventiva por un máximo de
tres años.
Cuando estuvo detenida en la sede de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue golpeada por funcionarios, vapuleada
contra objetos contundentes como paredes y asfixiada con bolsas plásticas.
Esto situación le hizo abortar al bebé que estaba gestando. Además,
contribuyó a un encapsulamiento en mama de una de sus prótesis y la migración
de biopolímeros desde sus glúteos hasta sus piernas y columna vertebral).
El 25 de noviembre del mismo año la parlamentaria Delsa Solórzano
denunció en su cuenta en Twitter que “23 mujeres son actualmente presas
políticas en Venezuela” y “Cada una de ellas ha sido víctima de tortura y demás
violaciones a sus Derechos Humanos. Cada mujer que sufre para tener acceso a
servicios públicos y a una vida digna es igual de víctima”.
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