#OPINION Por José Luis Centeno S: Igualdad de equivalencia de condiciones
Doctrina colombiana ayudaría a resarcir daño a Machado por inequidad política.
El caso de María Corina Machado plantea un desafío para el análisis jurídico, que debe considerar los principios y las normas aplicables, así como los hechos y las circunstancias del caso concreto. La doctrina de igualdad de equivalencia de condiciones puede ser una herramienta útil para ello. Este análisis no pretende ser una opinión jurídica ni política, sino una reflexión académica.
La doctrina de igualdad de equivalencia de condiciones se refiere a la relación de causalidad entre el daño y el hecho que lo genera, en caso de pluralidad de causas.
Según esta doctrina, se equipara la relevancia de las causas y se impone la obligación de indemnizar al autor de cualquiera de ellas, basándose en el principio de igualdad, que implica el deber de crear un sistema jurídico diferente para quienes se encuentran en desigualdad en los amplios y complejos campos de la vida política, económica, social y cultural.
Desde esta perspectiva, se podría argumentar que la supuesta inhabilitación de Machado es una causa generadora de un daño a sus derechos políticos, que se suma a otras causas que también han afectado su ejercicio, como la represión, la persecución, la censura y la falta de garantías electorales.
Así, se podría sostener que Machado se encuentra en una situación de desigualdad frente a otros actores políticos, que no han sufrido las mismas limitaciones y restricciones, y que, por tanto, se le debe aplicar un tratamiento jurídico diferente, que reconozca y repare el daño causado.
Un ejemplo práctico de la desventaja de María Corina Machado con otros políticos es el caso de Nicolás Maduro, posible candidato del PSUV para las elecciones de 2024. Maduro no ha sido inhabilitado por la Contraloría, a pesar de que existen varias denuncias en su contra; tampoco ha sido objeto de represión, persecución, censura ni falta de garantías electorales.
No obstante, la validez de esta doctrina en el contexto venezolano podría cuestionarse por varias razones, básicamente, porque proviene del derecho colombiano, no forma parte del ordenamiento jurídico venezolano, y que se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la responsabilidad civil y administrativa, y no en el ámbito de los derechos políticos y electorales.
Sin embargo, se menciona esta doctrina porque se estaría ignorando a los referentes doctrinales nacionales y la desigualdad de condiciones en la administración de justicia se agravaría para María Corina Machado con el nombramiento de la nueva Presidenta del TSJ.
Con la designación de Caryslia Beatriz Rodríguez como presidenta del TSJ, se podría esperar que la demanda de Machado no tenga una respuesta favorable, debido a la afinidad política e ideológica de Rodríguez con el gobierno y a su historial de decisiones judiciales que han perjudicado a la oposición.
Por lo tanto, reitero, María Corina estaría en desventaja con otros políticos, que no han enfrentado los mismos problemas y obstáculos, y que, por eso, merece un trato diferente al que suele dar el TSJ a los adversarios políticos del régimen, que reconozca y repare el daño que le han causado.
Una posible forma de resarcir el daño a María Corina es zanjar el asunto de la supuesta inhabilitación y permitirle inscribirse como candidata presidencial, reconociendo su derecho a la igualdad y a la participación política. Además, se debería indemnizarla por los daños morales y materiales que le ha ocasionado la supuesta inhabilitación y las demás causas que han afectado su ejercicio político, de acuerdo con los criterios de proporcionalidad y equidad.
También, se debería garantizar que el proceso electoral sea transparente, libre, justo y democrático, con la presencia de observadores internacionales, la auditoría del sistema de votación, la depuración del registro electoral y el respeto a la voluntad popular; encima, debería cesar la represión, la persecución, la censura y la violencia contra Machado y otros líderes opositores, e investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en su contra .
La doctrina de igualdad de equivalencia de condiciones puede ser una herramienta útil para defender los derechos de Machado, pero también puede ser una fuente de controversia y de dificultades para su aplicación.
Ahora bien, sus postulados arrojan luces sobre un caso que requiere de un estudio riguroso y de un debate amplio y plural.
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