EL PRESIDENTE OBRERO
Trabajadores de
CVG Venalum denuncian que laboran en condiciones de riesgo
Deudas contractuales, pérdida de
autonomía gerencial, persecución y amenazas con ser desactivados son los
conceptos que se manejan en las jornadas de trabajo dentro de CVG Venalum
EL NACIONAL Septiembre
16, 2024
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Han pasado 6 años del gran apagón, cuya
consecuencia para las empresas básicas fue que la gestión dejara sin
efecto las funciones de los delegados de prevención en CVG Venalum y
en consecuencia, la medida se replicó en el resto de las empresas
pertenecientes al holding CVG.
Hasta el día de hoy no hay trabajadores
que cumplan esas funciones y la crisis que genera la mano de obra
profesional y calificada alcanzó a los bomberos industriales quienes
no protestan porque temen al riesgo de ser desactivados bajo la figura de
contingencia, por lo que están limitándose solo a cumplir horario y dejar pasar
cualquier tipo de situación irregular.
En este sentido, José Omar Amezquita,
delegado de prevención y coordinador del Parlamento Obrero de Base, destacó que
la principal característica del trabajador de CVG Venalum, al igual que del
resto de la masa laboral en las empresas básicas de Guayana es su nobleza.
“Están laborando sin uniformes, sin lentes
adecuados, utilizando respiradores de polvo y neblina cuando necesitan
implementos aptos para alúmina y gases orgánicos, así le echan pierna con
camisas mangas cortas”.
Señaló que con esta iniciativa están
sacando la producción bajo condiciones riesgosas, toda vez que en la planta
existe la amenaza de una proliferación de enfermedades, sin que el patrono se
de cuenta del esfuerzo que está haciendo la masa trabajadora para sacar
adelante las empresas a costa de su propia vida.
Explicó que un trabajador de vieja data
-más de 20 años en el oficio- estas áreas contaminantes como Reducción,
Molienda y Compactación, esta situación le va afectando su salud y su calidad
de vida.
Amezquita asegura que lo sacaron de planta
como delegado de prevención y miembro del comité de salud y seguridad laboral
porque “a ellos no les interesa que nadie vele por eso y quién lo haga corre el
riesgo de ser sacado bajo el plan de contingencia”, detalló.
Por ello señala que “da pena ajena, cuando
aquellos seudos dirigentes sindicales, aliados al patrono, pretenden engañar al
trabajador con el supuesto reclamo, mediante un pliego de carácter conflictivo
para que se recuperen las convenciones colectivas, cuando en realidad ellos
mismos firmaron el 2792 y entregaron todos los beneficios”, afirmó.
Agregó que es por ello que se mantiene en
pie de lucha por el cambio y la justicia. “Se debe recuperar el respeto por la
dignidad del trabajador guayanés y buscar que haya una manera de cuidarlos
adecuadamente”.
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En CVG Venalum laboran sin equipos ni implementos
EL NACIONAL, 16-9-2024
Amezquita recordó que el trabajador de CVG
Venalum para poder cumplir con su jornada necesita: Camisa, pantalón,
chaquetas, polainas, lentes de seguridad, caretas y unas mascarillas adecuadas
para esos gases tóxicos en celdas, además de los guantes. Refirió que sin
embargo, los trabajadores cumplen la jornada sin implementos, y
mantienen el reclamo que iniciaron hace 6 años y que sigue sin respuesta, “esa
deuda se continúe arrastrando”, lamentó.
Lo grave de la situación es que los trabajadores
para ser incluidos a la empresa, sus supervisores les piden que busquen sus
equipos y cuando los tengan serán incorporados a la jornada.
Denuncian vialación de leyes del trabajo en la CVG
La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) tiene como propósito garantizar a los
trabajadores condiciones de seguridad y bienestar en su correspondiente
ambiente laboral.
Especialistas y consultores en materia de
seguridad laboral aseguran que la Lopcymat es una de las leyes orgánicas más
modernas de América Latina y el resto del mundo, sin embargo en la
actualidad no se cumplen sus preceptos en ninguna empresa básica de Guayana.
Otros ejemplos de faltas es el relacionado
con el transporte, pues señala que un trabajador en el trayecto de su casa al
trabajo está en horario laboral y ya lo ampara la reglamentación estipulada en
la Locypmat. Luego está el programa de seguridad, que no debe haber una
industria sin delegados de prevención en las plantas y, debe haber delegados
por turnos y centros de trabajo, como célula más pequeña de la industria,
lineamiento que tampoco se cumple en Guayana.
Luego están los análisis de riesgos de
tareas. Cuando se hace esa evaluación, inmediatamente se debe realizar la
inspección al sitio de trabajo, y al empleado, para que todo sea adecuado al
marco legal, y que el empleado cuente con los implementos necesarios.
Aunado a esto, el tema del programa de seguridad,
que exige contar con un presupuesto por este concepto y dentro de ese
presupuesto están los Equipos de Protección Personal (EPP), mandato que no se
cumple y que se suma a la cadena de incumplimientos dentro de la reductora de
aluminio.
Finalmente alertan que se debe retornar a
“hacer la cosas como deben hacerse, puesto que pedirle al trabajador que lleve
los implementos de trabajo es absurdo. Para ello, está el presupuesto. Se está
incumpliendo la Ley Orgánica del Trabajo y sus principios, ya que tampoco se
cumple con el programa de seguridad, el cual debe ser revisado una vez al año
para actualizarlo”.
CVG Venalum, así como el resto de las
empresas básicas, también están en mora con las elecciones de los delegados de
prevención que según la Lopcymat, debe hacerse
cada dos años y en consecuencia desaparecieron las reuniones de comité mensual
paritaria; es decir, igual cantidad de delegados como de representantes
patronales.
Estas reuniones son vitales ya que es
cuando se revisan los índices de accidentalidad, la estadística de la
producción y morbilidad entre otros conceptos desaparecidos.
Bonificación de
los salarios no beneficia al trabajador, según experto
junio 20 2023, 8:47 am
Posteado en: Actualidad, Economía, Nacionales
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Una mujer cuenta
billetes de bolívar para comprar comida en la calle en Caracas el 28 de abril
de 2023. (Foto de Federico PARRA / AFP)
El director del Instituto de
Investigación Bolívar-Marx, Carlos Lazo, aseguró que la causa de la
ruptura entre el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el régimen de Nicolás
Maduro son las políticas económicas del Ejecutivo. El experto cuestionó la
bonificación del salario.
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Por Unión Radio
“Ese anuncio (del 1° de mayo) que lo que
ha hecho es bonificar el salario y desarrollar una política donde el 90 % de
los ingresos de los trabajadores es bono. Los trabajadores esperan este para
tener sus ingresos y poder comprar todo lo que son bienes y servicios para su
mantenimiento. Ese es un elemento que va en contra de la clase trabajadora, la
ruptura con el PCV fue precisamente por eso”, explicó.
Lazo enfatizó que las decisiones
del gobierno en materia económica han liberalizado la economía provocando un
incrementó el desarrollo de los precios, lo cual va en detrimento de la clase
trabajadora a nivel de salario.
“Los bonos no tienen incidencia en
las prestaciones sociales y todo lo que está alrededor de eso abarata
el despido, por eso incrementa el desempleo”, agregó.
Asimismo, consideró que el problema de
la economía de Venezuela reside en el sistema económico.
“La estructura económica venezolana es
dependiente de las estructuras científicas y tecnológicas del resto del mundo,
sobre todo de Estados Unidos. Eso significa que Venezuela siempre tendrá que
importar todo lo que son los bienes de capital, maquinarias de equipo y
materias primas”, agregó.
La patilla
Exigen fe de vida de los
sidoristas apresados por la Digcim
20 de junio, 2023 -
7:35 am
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Noticias
Familiares, allegados y compañeros de trabajo de
Leonardo Azócar y Daniel Romero se concentraron, este lunes nuevamente, para
exigir la liberación de los dirigentes sindicales y si fe de vida.
Desde la Plaza Monumento a la CVG, en Puerto Ordaz,
hicieron un llamado a las instituciones del Estado para que se aboquen al caso
y que se cumpla con el debido proceso.
Exigen que se dé fe de vida de ambos dirigentes
sindicales, ya que se cumplió una semana desde sus detenciones y no han tenido
comunicación con ellos.
«Desde Guayana exigimos fe de vida y la libertad plena
para los trabajadores y sindicalistas de nuestra ciudad», expresó María Rosa
Muñoz, allegada de los detenidos.
Por su parte, Daniel Salazar, trabajador de Sidor,
reiteró el llamado al fiscal General, Tarek William Saab y al presidente de la
República, Nicolás Maduro.
«No tenemos hasta el momento ningún conocimiento de
dónde puedan estar los compañeros. La desesperación y angustia de los
compañeros de trabajo, de los vecinos, de sus familias nos embarga. Entonces
necesitamos por lo menos saber dónde están», sostuvo Salazar.
Mientras que, Rubén González, dirigente sindical de
CVG Ferrominera, dijo que están exigiendo que se cumpla con el Estado derecho
que estipulado e el Código Orgánico Procesal Penal, alegando que de cumplirse
se le debería otorgar la libertad plena a los detenidos, ya que a su juicio «lo
único que hicieron fue reclamar los derechos de todos los trabajadores
sidoristas».
800 NOTICIAS
Ajuste de bonos del Gobierno «obrero» de Maduro
entierra derechos laborales
Brian Contreras|Mayo 3,
2023
Con el ajuste de bonos aprobado por Nicolás Maduro,
los trabajadores de la administración pública pasan a recibir un ingreso
mensual de $75, cuyo 92% de remuneración no genera impacto en las prestaciones
sociales ni ningún tipo de pasivo laboral, violando derechos conquistados tras
décadas de lucha sindical
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En contra de los principios de toda la filosofía
socialista promovida por el chavismo, Nicolás Maduro anunció un ajuste de la remuneración
mensual mínima sin modificar el
salario de 130 bolívares vigente desde marzo de 2022, incrementando ligeramente
el ingreso de los trabajadores de la administración pública a través de la
bonificación, pero magullando sus derechos laborales como consecuencia.
El anuncio de Maduro, hecho ante una marcha de
trabajadores militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
durante el Día Internacional del Trabajador, consistió en incrementar el bono
de alimentación de Bs 45 —equivalente $1,81 según el tipo de cambio publicado
por el Banco Central de Venezuela (BCV)— a un monto que represente $40 al
momento de hacer el pago, que actualmente se traduciría en Bs 990.
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Adicionalmente, el mandatario ordenó reducir el monto
que se pagaba discrecionalmente a trabajadores de la administración pública
registrados en el Sistema Patria por concepto de Bono de Guerra Económica, de
un equivalente en bolívares a $45 a una suma de tan solo $30.
La suma de los bonos, ahora indexados al dólar,
aunadas al salario de Bs 130 ($5,25) dan un total de $75. En términos
de ingreso, sí se produjo un ligero incremento en torno al 44%, al pasar de
$52 que cobraron los trabajadores de la administración pública en abril con el
pago del Bono de Guerra Económica, el cestaticket y el salario mínimo, a los
$75 que deberían pagarse para el cierre de mayo.
Sin embargo, este aumento en bonos —más no en salario—
se traduce en la destrucción de los beneficios laborales conquistados
por los trabajadores tras décadas de lucha obrera, contemplados en la
Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y las Trabajadoras (LOTTT).
El problema central de este ajuste y cambio en la
estructura de la es la evasión de los pasivos laborales, pues toda prestación
social establecida en una relación laboral entre trabajador y patrono se ve
vulnerada al depender de un salario mínimo que quedó anclado en Bs 130,
mientras que la mayor parte del ingreso se concentra en unos $70 otorgados
mediante bonos sin carácter salarial.
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Así lo subrayó Gricelda Sánchez, presidenta de la asociación civil para la Formación
de la Dirigencia Sindical (Fordisi),
al denunciar que no existió incremento salarial alguno, aunque la
administración de Maduro intentara inculcar esa idea.
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«No hubo un aumento de salario y pasó
por debajo de la mesa. Pretenden profundizar esa política de Estado de no
cancelar prestaciones sociales ni bonos vacacionales. Las utilidades y las
vacaciones van a ser efímeras, van a ir desapareciendo», recalcó durante una
entrevista a Unión
Radio.
Con esta práctica, el Ejecutivo emplea un mecanismo
para evadir normas que el mismo Gobierno implementó en leyes decretadas bajo la
administración chavista, como la LOTTT, cuyo artículo 104 define salario
como «la remuneración devengada por el trabajador o trabajadora en
forma regular y permanente por la prestación de su servicio».
El cestaticket se paga de forma regular y permanente
por la prestación del servicio de los trabajadores, sin embargo, la Ley del Cestaticket Socialista para los
Trabajadores y las Trabajadoras aclara
que este bono «no será considerado como salario». La LOTTT incluye el bono de
alimentación dentro de la lista de beneficios sociales de carácter no
remunerativo, pero las características de este pago han variado con el paso del
tiempo.
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*Lea también: Gobierno
reparte bonos de $210 a nómina especial y el de las familias es de $4
Originalmente, el cestaticket se otorga como un bono
de alimentación a los trabajadores para suplir la necesidad alimenticia, e
incluso es posible cumplir con esta exigencia mediante comedores, cupones,
tarjetas electrónicas de alimentación o dinero. Con este ajuste, no es una
prima que se asigne para cubrir gastos alimenticios, sino la
remuneración principal del trabajador.
Esta redistribución de salario frente a cestaticket
incumpliría también con las leyes sancionadas durante el gobierno de Maduro, de
no ser por decretos y modificaciones que han tenido que aplicarse en los
últimos años, sobre la marcha, para adaptar las leyes a la nueva política
salarial que implementan a conveniencia.
El director del Instituto de Altos Estudios Sindicales
(Inaesin), León Arismendi, explicó que originalmente las leyes establecían un
tope de proporcionalidad en materia de bonos, según el cual el cestaticket no
podía exceder el 40% del ingreso total del trabajador; pero esta regla fue
derogada con decretos aprobados cada vez que el chavismo decidía aplicar nuevas
normas. En este sentido, el último decreto publicado por el chavismo establece
un monto fijo de Bs 45 por concepto de cestaticket que ahora debe ser
modificado.
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«Creo que van a modificar eso. Tienen que publicar un
decreto con el cestaticket para que no haya una inconsistencia. El monto que se
otorgaba tenía un tope porcentual de la remuneración total del trabajador,
precisamente para que no afecte otros beneficios», detalló en una conversación
con TalCual.
El experto considera que es necesario
esperar a que el decreto sea publicado en Gaceta Oficial para examinarlo con
lupa y determinar qué implicaciones legales tendrá esta nueva estructura de
ingresos.
León Arismendi recordó que el chavismo
tendrá que actualizar sus decretos anteriores para que el anuncio sobre el
reajuste de la remuneración mínima tenga coherencia con el marco legislativo
ad
Pensionados sin derechos laborales
Aunque la decisión del Gobierno perjudicó a toda la
masa laboral del país debido a la práctica desaparición de sus beneficios
laborales, los más afectados fueron los pensionados y los jubilados de la
administración pública.
Para las personas de la tercera edad que cotizaron
toda su vida a la seguridad social con la finalidad de labrarse una vejez
digna, no queda otra opción más que mantenerse en las calles y pelear por sus
derechos, pues con este ajuste están condenados a recibir una
remuneración de Bs 130 por concepto de pensión, sin cestaticket y
recibiendo bonos discrecionales únicamente si están registrados en el Sistema
Patria, en lugar de depender del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
(IVSS), ante el cual cotizaron durante décadas.
El presidente del Frente Amplio Unido en Defensa de
los Pensionados y Jubilados (Ufajup), Luis Cano, lamentó la decisión del
Ejecutivo y asegura que el sector se mantendrá en las calles presionando por un
ingreso digno ante un «exterminio» declarado por el chavismo a más de 5
millones de jubilados y pensionados en el país.
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«Ante un Gobierno que le ha declarado la
muerte de manera continua y sistemática a más de 5 millones de venezolanos,
vamos a seguir en la calle. Vamos a ejercer el artículo 68 de la Constitución
(sobre el derecho a protestar)», aseguró a TalCual.
Cano destacó que el ajuste deja al venezolano, pero
especialmente a los pensionados, bajo el umbral de la pobreza extrema según la
definición del Banco Mundial (BM), que aplica este concepto para todo
aquel trabajador que genere ingresos inferiores a $1,90 diarios, cuando los
$35 mensuales que percibirán los pensionados que reciban el Bono de Guerra
Económica representan $1,1 diarios.
Por otra parte, denunció que el Gobierno sigue
debiendo el cumplimiento de diversas promesas hechas en los últimos años y del
marco legislativo en general, puesto que no cumple con el artículo 80 de la
Constitución, relativo a una vejez digna y tampoco paga deudas como los Bs 10.000 que ofreció el año pasado a los
trabajadores que se jubilaron entre 2018 y 2020.
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«Hace un año, el presidente decretó un bono de Bs
10.000 para los jubilados de la administración pública desde 2018 hasta 2022.
Ha pasado un año y ese bono no lo ha cobrado nadie y si lo pagara en estos
momentos, estaría muy devaluado», denunció.
Para el momento en el que el chavismo
anunció este bono de Bs 10.000, esta suma representaba $2.272 a un tipo de
cambio oficial de Bs 4,4 por divisa. Ahora esa misma cantidad de bolívares
equivale a $404. Esto quiere decir que perdió un 82% de su valor.
El dirigente sindical recordó que el sector al que
representa no cuenta con demasiado tiempo, puesto que los activistas más
jóvenes ya tienen 60 años y su salud se deteriora debido a la ineficiencia de
un sistema sanitario destruido que no puede garantizar medicamentos y
tratamientos para los ciudadanos de la tercera edad.
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«Nosotros no tenemos tiempo para esperar. Aquí el más
joven tiene 60 años. Es difícil porque uno, cuando visualizó su vejez, se
imaginó sus últimos años compartiendo con la familia, viajando, y en estos
momentos no es así. Es difícil envejecer en Venezuela y acostarte todas las noches
sin saber cómo se hará el día siguiente para comprar medicinas o alimentos»,
insistió.
*Lea también: ONG Convite
ofrece «alimento para el alma» a personas de la tercera edad en Venezuela
Ajuste autoritario
El problema de la decisión tomada por Maduro en torno
al salario no solo radica en las violaciones laborales, sino en la falta de
compromiso y coherencia con las conversaciones sostenidas en el último año
con sindicatos y empleadores privados en el marco del Foro de Diálogo Social instalado en marzo de 2022.
Tras casi un año de reuniones esporádicas mediadas por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en febrero se acordó instalar
mesas técnicas que agruparan a representantes de organizaciones sindicales,
empresas privadas y Estado con la finalidad de definir un mecanismo para la
fijación del salario mínimo que se recomendaría al Ejecutivo para tenerlo en
consideración al momento de tomar la decisión.
ad
Estas conversaciones, así como las propuestas surgidas
de estas mesas técnicas fueron ignoradas por Maduro y, en lugar de solucionar
los problemas en materia laboral ya denunciados por la Comisión de Encuesta de
la OIT, crea más violaciones.
La Comisión de Encuesta de la OIT publicó un informe
en 2019 tras una visita a Venezuela, en la que destacaba el incumplimiento de
tres convenios ratificados por el país: el 26, el 87 y el 144, relativos a
salarios, libertad sindical y diálogo tripartito, respectivamente.
Según razonó la directora del Observatorio Venezolano
de Libertad Sindical (Ovlis), Jacqueline Richter, este reajuste acerca a Venezuela al incumplimiento
de otro convenio ratificado por el país, el 95 relativo
a la protección del salario.
ad
«Esta decisión es una violación flagrante de la
Constitución, de la LOTTT y de la Ley de Cestaticket, pero también del convenio
95 de la OIT sobre la protección del salario, que señala que no debe pagarse el
salario con bonos. Deben reconocerse todos los efectos que tiene el trabajador
en la relación laboral», explayó en una entrevista con TalCual.
A pesar del incumplimiento, la OIT se ve atada de
manos y no tiene mecanismos para obligar al Gobierno a rectificar, más allá de
los mecanismos ya implementados para orientar el Foro de Diálogo Social.
«La OIT no puede hacer nada para presionar al
Gobierno, porque no es su función. La comisión de expertos en aplicación de
convenios y recomendaciones ya había señalado que el Gobierno incumple el
convenio 95. Venezuela avanza en estar entre los 20 países con mayor
incumplimiento, porque esta decisión es contraria a las recomendaciones de la
Comisión de Encuesta», sostuvo.
ad
Jacqueline Richter resaltó el papel que
puede jugar la OIT en el contexto de las violaciones laborales venezolanas, sin
mecanismos viables para obligar al Gobierno a cumplir, pero insistiendo cada
vez más en sus infracciones
Para Richter, la decisión fue inesperada, precisamente
por las conversaciones de los últimos meses, pues se hicieron distintas
propuestas para pactar un salario tomando en cuenta indicadores económicos y
las necesidades de la población, pero todos los sectores fueron
ignorados.
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«Las organizaciones sindicales hicieron
propuestas de metodología para discutir aumentos salariales. Tomaban en cuenta
las necesidades del trabajador y su grupo familiar, junto con indicadores
económicos como el Producto Interno Bruto (PIB), la inflación o la ley de
presupuesto. Se pedía que se diera información sobre esos indicadores, pero
nada de eso lo ha hecho el Gobierno», acotó.
TCD
Inaesin: despidos y acoso
laboral fueron motivos de protestas de trabajadores en agosto
5 de
septiembre, 2024 - 9:50 pm
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referencial
La incertidumbre política generada tras las elecciones
presidenciales del 28 de julio explica que el número de reclamos laborales se
redujera solo a 11 en agosto, el segundo más bajo del año después de los 18
registrados en julio, de acuerdo con el Instituto de Altos Estudios Sindicales
(Inaesin).
Dos aspectos destacan del monitoreo del Observatorio
de Conflictos Laborales y Gestión Sindical, del Inaesin, por ser la primera vez
que se dan. El primero, que el amedrentamiento del gobierno impidió que los
trabajadores llevaran a las calles sus quejas laborales, por tanto, la
totalidad se canalizó vía denuncia. Y segundo, los 11 casos se concentraron en
el Distrito Capital.
Trabajadores de los sectores comunicaciones,
ministerios como el de Salud y Petróleo, empresas estatales del área
petroquímica y gas expusieron su malestar laboral representando cada uno 18,18%
del total; mientras que personal de los sectores de la educación, servicios de
electricidad e industrias manufactureras tuvo cada uno 9,09%.
El acompañamiento sindical se dio en 72,73% de los
casos. Igualmente, 90,09% de las denuncias fueron presentadas por trabajadores
del sector público.
En agosto de 2024, las demandas por mejores salarios
dejaron de ser el principal motivo de los reclamos para compartir el tercer
lugar con el acoso laboral (9,09% cada uno), en tanto el primer puesto lo
ocuparon los despidos con 63,64%, y las exigencias porque se cumplan las
convenciones colectivas abarcaron el segundo lugar con 18,18%, de acuerdo con
el registro del Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical.
El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa
(SNTP) está documentando los despidos en medios estatales (Venezolana de
Televisión y Radio Nacional de Venezuela) luego de las presidenciales del 28 de
julio, porque empleados mostraron apoyo en sus estados de WhatsApp o redes
sociales a la líder opositora María Corina Machado.
«Instituciones públicas y privadas emprendieron una
persecución política contra los empleados que no ocultaron su desacuerdo con
los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral», indicó Inaesin.
Nota
de Prensa
Froilán Barrios:
La desgracia de ser trabajador en el socialismo del siglo XXI
Las recientes protestas de los trabajadores de SIDOR
en Guayana agudizadas con la detención de sindicalistas, son una muestra
adicional del permanente curso antilaboral de un régimen que ha abusado de su
supuesta condición de “origen obrero”, para precarizar al extremo de la
indigencia a los trabajadores del sector público, allí incluimos a los activos,
a los jubilados y pensionados, quienes sufren el sometimiento de aquellos que
en sus inicios se calificaron como los redentores de los pobres en Venezuela.
El tamaño de la tragedia es digna de ser visualizada
en una saga, ya que cada sector de los trabajadores públicos, sean de las
empresas básicas como es el caso de los de PDVSA, Corpoelec, CANTV, de la CVG
entre otros, o de los diferentes ministerios de la Salud, Educación, Justicia,
Universitarios, alcaldías, institutos autónomos y Gobernaciones habían logrado
conquistas laborales de diversa índole durante el siglo XX, hoy a lo largo de
24 años de gestión chavista todo se resume en una palabra, la extinción total
de los beneficios alcanzados sustituidos por bonos y atención médica precaria.
En esta oportunidad mencionamos a los trabajadores de
SIDOR, quienes consolidaron a partir de la acción sindical de SUTISS, uno de
los contratos colectivos de mayor alcance de todos los trabajadores venezolanos
al convertirse en referencia para todo el mundo del trabajo en nuestro país.
Este legado comenzó a desmoronarse en imágenes todavía
frescas de aquel 2008, cuando centenas de trabajadores alborozados celebraban
la nacionalización de SIDOR ante el consorcio argentino-brasileño Ternium,
propietario de la factoría desde 1997, cuando adquirió de la Administración de
Rafael Caldera la propiedad mayoritaria a manos del capital transnacional
privado.
Ese mayo de 2008 un Chávez eufórico decretaba la
nacionalización de SIDOR prometiendo que la empresa iría a manos de los
trabajadores y del pueblo de Guayana, dicho anuncio provocó el éxtasis de
muchos de los que hoy lideran la protesta, sin saber que con los cantos de
sirena en poco tiempo enterrarían la más próspera empresa que junto a PDVSA,
eran el emblema de la prosperidad y de la siembra del petróleo tan mentada por
Uslar Pietri.
SIDOR para el momento de la disparatada decisión producía
un promedio de 4.5 millones de toneladas anuales, que en la década de los 90
fortalecía la participación del país en la Comunidad Andina de Naciones y en el
mercado mundial, así también suplía a la industria nacional de todos los
productos de acero para la pequeña, mediana y gran industria fundamentales en
los procesos productivos y desarrollos habitacionales.
En ese orden de importancia se destaca la experiencia
cogestionaría en dos ámbitos, en el administrativo con la elección de los
directores laborales por los trabajadores a la junta directiva de SIDOR, y en
lo financiero con la asignación de un 20% de acciones a trabajadores y
comunidades, lo que constituyó el proceso de cogestión más avanzado del país.
En materia de democracia sindical las elecciones de
SUTISS eran de importancia nacional, fueron un ejemplo de la democracia y la
participación de los trabajadores, como también la libre participación de todas
las corrientes sindicales y partidistas en las elecciones, a tal nivel que la
dirigencia sindical y política se mudaba a Guayana para lograr el triunfo que
le significaba un puesto de honor en el mundo sindical.
Con referencia a los contratos colectivos de los
trabajadores sidoristas eran los mas avanzados del país, por el tabulador
salarial, las condiciones de trabajo, la capacitación de los trabajadores, la
seguridad social y la educación de los hijos de los trabajadores desde el
prescolar hasta el nivel universitario. Sus beneficios eran el baremo
comparativo para el resto de las contrataciones colectivas en el país.
¿Qué sucedió para que todo se derrumbara? Que la
estafa chavista adornada de falsas promesas embaucara a los trabajadores,
primero en tan solo 8 años SIDOR se fue la ruina hasta niveles de producción
cero, luego fue espacio para la demagogia politiquera implantando modelos
revolucionarios “el control obrero”, el cual solo sirvió para la corrupción y
el reparto de las miserias de la otrora empresa emblema del desarrollo
nacional.
En materia de cogestión los directores laborales quedaron
como fantasmas en las decisiones de la empresa, entre tanto la cogestión
accionaria se esfumó con la quiebra de la empresa, hoy los actuales directivos
de SIDOR evaden toda responsabilidad de reconocer el paquete accionario y la
entrega de dividendos a los accionistas clase B. Es de suponer en una empresa
saqueada y en ruinas las primeras victimas fueron las comunidades y los
trabajadores propietarios de acciones, cuyo significado era de tal magnitud que
el trabajador recibía mas ingresos por los dividendos que por salarios.
Finalmente, la puntilla fue el contrato colectivo
quedó solo como papel mojado, sin aplicación alguna y el empobrecimiento
paulatino de los trabajadores sidoristas, quienes hoy engrosan las filas de la
diáspora nacional que recorre el mundo en búsqueda de condiciones de vida.
Ahora bien, el objetivo puntual era el sindicato SUTISS había que reducirlo a
cenizas, fue intervenido su proceso electoral en 2013 por amparo del TSJ y
hasta la fecha no ha podido renovar sus directivos.
La posición actual de los valientes trabajadores
siderúrgicos de defender sus conquistas laborales, su sindicato, el derecho a
la protesta se manifiesta en las calles de ciudades de Guayana, al momento de
abrir los ojos ante la dictadura que amenaza exterminar la condición de vida no
solo de los guayaneses, también de todos los venezolanos mediante la violación
flagrante de las leyes laborales y los principios de DDHH consagrados en la
CRBV.
Movimiento
Laborista.
COSTA
DEL SOL
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