Alberdi, Milei y las empresas del Estado
El presidente argentino quiere privatizar las empresas estatales. La oposición dialoguista acepta solamente algunas y el kirchnerismo se niega a todas.
La República Argentina se caracteriza por su bostezante recurrencia a apegarse a prácticas políticas que han evidenciado su fracaso en el tiempo. Por ejemplo, ante el planteo de privatizar empresas del Estado, se puede observar argumentos de resistencia que engloban el desconocimiento de las ideas económicas de la constitución, del colapso económico que provocaron las empresas públicas a finales de los ochenta y argumentos a favor que son propios de la Europa de ‘’entre guerra’’. La primera irrupción generalizada de las empresas del Estado se produjo a partir del decreto 15349 del año 1946 inspirado en la ideología económica fascista (alemana/italiana) del capitalismo de Estado.
En las acotaciones técnicas del Segundo Plan Quinquenal, en el capítulo sobre ‘’Régimen de empresas’’, se llegó a sostener que todas las empresas privadas que no se organicen en base a la doctrina Peronista de por si están en contra de la constitución nacional de 1949 ‘’La doctrina peronista en ese sentido es clara y simple, esta prescripta en la Constitución Nacional Peronista’’. ‘’Si la empresa no está al servicio de la economía (Peronista) y del bienestar social, la empresa está en contra del pueblo’’. A su vez surge otra característica muy propia de los gobiernos populistas, la ‘’falacia antropomórfica’’. Esta idea pretende trasladar características del individuo a la Nación o en este caso a una empresa pública, expresiones tales como ‘’si se venden las empresas públicas, se vende el ser nacional o ‘’se remata la nación’’ suelen ser mencionados. Los antropomorfismos claramente sirven a los interesados en mantener capturada la empresa estatal, a los efectos de asignar sus deseos a colectivos inexistentes, para ocultar el hecho de que las metas propuestas son deseadas por quienes están en la órbita gubernamental para usufructo propio.
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A mitad de la década del ochenta, durante la presidencia de Alfonsín, el Estado era dueño omnipotente y administrador de 347 empresas públicas deficitarias que se regían por 19 regímenes legales diferentes, estaban exentas del pago de impuestos nacionales, provinciales o municipales y gozaban de financiamiento privilegiado. Además, era socio minoritario de otras 410 sociedades. En 1986, las pérdidas de las empresas estatales representaban el 105,7 % del déficit presupuestario y fueron la principal causa de la hiperinflación desatada 2 años después. En la actualidad, dichas empresas requerirían subsidios por más de 60.000 millones de dólares. En esta 2da etapa nos encontramos con 31 empresas estatales inviables que repiten los mismos síntomas que en la etapa descripta, siendo Aerolíneas Argentinas empresa que recibió desde su estatización subsidios por más de 6000 millones de dólares, tal vez el caso más emblemático del fracaso descripto.
Los argumentos ideológicos que intentan justificar la necesidad de empresas a cargo del Estado no son nuevos; a lo sumo, aggiornados a estos tiempos. Los defensores históricos de esta idea consideran que es necesario que el Estado financie la creación de empresas con fondos públicos, cuando los capitales del sector privado no puedan o no quieran realizar algún emprendimiento que el gobierno considerase “estratégico” –ya aclararemos el significado de este término– para el desarrollo del país. En realidad, el creciente estatismo, es decir la inexistencia de una legislación que defendiese la propiedad privada impidió el desarrollo de un mercado crediticio solido para desarrollar empresas. Podemos mencionar como parte de esas transgresiones a los derechos de propiedad de la ciudadanía, la nacionalización de depósitos ocurridas en 1946,1973 y 1989 (Plan Bonex), en el 2001 la confiscación de los fondos de las AFJP por parte del Estado, y finalmente, en el 2008, la estatización de las AFJP. Sin olvidar que la reforma de la carta orgánica del BCRA de 1946 abrió las puertas a las altísimas tasas de inflación e institucionalizó, salvo breves periodos, la emisión monetaria como método de financiamiento de los enormes déficits. Sumado a un festival de “controles de precios” atentatorios del desarrollo empresarial.
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En referencia al argumento de que las empresas públicas son “sectores estratégicos”, es bueno recordar que cuando los líderes europeos de izquierda y derecha mencionaban la necesidad ‘’estratégica’’ de estatizar el carbón, el acero o los ferrocarriles, lo decían en términos bélicos. Europa como territorio principal de las dos guerras mundiales, aun temía por una tercera y el control de las comunicaciones, las vías férreas, los puertos y la producción de acero se justificaba en nombre de la defensa nacional. Aquí se sigue mencionado el concepto sin entender el origen de esta termino.
Por último, en el pensamiento del padre de la constitución argentina Juan Bautista Alberdi, encontramos su total rechazo al estado empresario, ya que consideraba que ‘’todo reglamento, todo estatuto, que saca de manos de los particulares el ejercicio de alguna de esas operaciones, que se son industriales por esencia en todas las legislaciones del mundo, y hace de él un monopolio o servicio exclusivo del Estado- ataca las libertades concedidas por la Constitución’’.
Sentencia que:
‘’No hallaréis en toda la Constitución Argentina una disposición que atribuya a rama alguna del gobierno la facultad de ejercer el comercio, la agricultura o las. manufacturas por cuenta del Estado’’. Considera a la empresa estatal como ruinosa: “En todas las funciones que no son de la esencia del gobierno obra como ignorante y como un concurrente dañino de los particulares, empeorando el servicio del país, lejos de servirlo mejor, siendo estas cosas ajenas de la materia gubernamental, ni las atiende el gobierno, ni tiene tiempo, ni capitales, ni está organizado para atenderlas por la Constitución. La idea de una industria pública es absurda y falsa en su base económica”.
Anticipó uno de los principios de lo que años más tarde sería conocida como la teoría de la “elección pública”. Esta nos marca que cuando los agentes de gobierno están en funciones empresariales, tienen como objetivo principal ganar las próximas elecciones, expandirse de forma descontrolada para influir y ganar poder:
“El gobierno toma el rol de simple negociante; sus oficinas financieras son casas de comercio en que sus agentes o funcionarios compran y venden, cambian y descuentan, con la mira de procurar alguna ganancia a su patrón, que es el gobierno. Tal sistema desnaturaliza y falsea por sus bases el del gobierno de la Constitución sancionada y el de la ciencia, pues saca de su destino primordial, que se reduce a dar leyes (poder legislativo), a interpretarlas (judicial), y a ejecutarlas (ejecutivo). Para esto ha sido creado el gobierno del Estado, no para explotar industrias con la mira de obtener un lucro, que es todo el fin de las operaciones industriales”.
Concluye diciendo que:
“El gobierno no ha sido creado para hacer ganancias, sino para hacer justicia; no ha sido creado para hacerse rico, sino para ser el guardián y centinela de los derechos del hombre, el primero de los cuales es el derecho al trabajo, o bien sea la libertad de industria”
Advierte sobre el surgimiento de empresarios prebendarios:
“Un comerciante que tiene un fusil y todo el poder del Estado en una mano, y la mercadería en la otra, es un monstruo devorador de todas las libertades industriales.”
El objetivo de privatizar empresas del estado es respetar las ideas económicas de la Constitución Argentina, al igual que en 1853 su contenido constituye ‘’una gran ley derogatoria, en favor de la libertad, de las infinitas leyes que constituían nuestra originaria servidumbre’’.
Mg. Pablo Benítez Jaccod- Fundación Progreso y Libertad (Neuquén, Argentina)
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