Dura lex, sed lex: la ley es dura, pero es ley
En medio de este triste panorama aparece Nicolás Maduro a ofrecer una "mediación"; por la situación de "golpe de estado"; en contra de Petro.
Acudiendo a la voz del pueblo vale recordar el adagio “Maña vieja no es resabio”. Es una característica y sin vacilación se puede afirmar que la habilidad del presidente para buscar “salidas” sin atender ni respetar la ley, es su manera inveterada de actuar. Así ha procedido, por ejemplo, con el “tutelón” cuando fue sancionado como alcalde de Bogotá, cuando el video recibiendo dinero en bolsas, cuando pese a la prohibición de contactarse con su hijo Nicolás fue a visitarlo y en muchas otras ocasiones.
Ahora vuelve a utilizar sus mañas para atacar la decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, en su sesión del pasado 8 de octubre, que era la esperada por la mayoría de los colombianos decentes: la apertura de formal investigación y consecuente formulación de pliego de cargos a la campaña presidencial en primera y segunda vuelta “Por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”. Hubo clara mayoría de 7 votos a favor y 2 salvamentos. Resolución que se produjo por la entidad competente, el CNE, como lo establece la ley. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado en su Sección Quinta y en su Sala de Consulta han reafirmado la competencia del CNE y la legalidad de su actuaciones, incluyendo el reciente rechazo de una tutela para invalidarlas.
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Esta decisión deja en evidencia que durante la campaña presidencial de 2022, liderada por el actual presidente Gustavo Petro, se incurrió en posibles violaciones a los topes electorales y se realizó una financiación prohibida, al recibir aportes de personas jurídicas. Las pruebas presentadas son contundentes y no admiten interpretaciones alternativas.
Bajo ninguna circunstancia se puede entender que la competencia del CNE incluye la posibilidad de decretar la pérdida del cargo de presidente de la República ya que esta facultad es exclusiva del Congreso, el cual debe seguir el procedimiento previsto para la indignidad política.
Aunque en el pasado el propio presidente pidió al CNE investigar al expresidente Juan Manuel Santos y al entonces candidato Oscar Iván Zuluaga, ahora es de público conocimiento que, a través de sus abogados, ha intentado diversas acciones judiciales para frenar el avance de las investigaciones del CNE. El que la justicia esta vez, no le haya dado la razón no justifica que el mandatario insistentemente recurra a expresiones incoherentes para victimizarse, máxime cuando tiene a su alcance todos los recursos disponibles que le ofrece el Estado de Derecho para su defensa.
Ahora anuncian, él y su abogado, que concurrirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que, al parecer, no es pertinente ni procedente. El presidente Petro, en ejercicio de sus funciones, cuenta con todas las garantías procesales para defenderse ante el Congreso de la República y, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, las insinuaciones de vulneración de sus derechos carecen de fundamento jurídico y fáctico sólido, se trata más bien de una medida desesperada para “quitarse” la espada de Damocles que pende exclusivamente por el quehacer de su campaña para hacerse a la presidencia.
También, es lo cierto, que este trámite no es asimilable al que en el pasado se adelantó cuando, siendo alcalde de Bogotá, fue destituido por el entonces procurador Alejandro Ordóñez. La decisión del CNE no constituye una sanción y por tanto no es comparable con la destitución de entonces. El CNE solo ha resuelto formular pliego de cargos.
“El que nada debe, nada teme” y “Quien no tiene nada que esconder, no tiene nada que bloquear” dicen los proverbios y la filosofía popular, actitud que no corresponde a la observada por el primer mandatario. Su reacción ha sido de desconocimiento a la Constitución y a la ley que facultan al CNE para adelantar las investigaciones (art. 265 de la CP y artículos 19 y 21 Ley 996 de 2005). También, a las decisiones judiciales adoptadas en ese sentido. Sin duda se ha tratado de una reacción incendiaria y desmedida.
Además, atenta contra la institucionalidad, al descalificar irresponsablemente a varios de los magistrados del CNE. Busca vincular a sus electores para obtener su apoyo, y en esa línea convocó a “su pueblo” a las calles y a la realización de “asambleas permanentes” para tratar de producir una constituyente. Todo esto para evadir su responsabilidad, faltando a su juramento de posesión.
Su proceder es imprudente en grado sumo, expone la integridad del país y socava la confianza en las instituciones justo cuando la nación requiere soluciones basadas en la ley y en el fortalecimiento institucional.
Con la justa decisión del CNE, el país y el mundo quedan informados que existen contundentes pruebas que dejan saber que la elección del presidente Petro fue ilegítima y por completo violatoria de la Constitución Política. Corresponderá por mandato legal y jurisprudencial esperar que la Comisión de Acusación e Investigaciones de la Cámara de Representantes cumpla a cabalidad su función y adelante, con fundamento en el pliego de cargos, la investigación por la violación de los topes electorales, para dar paso a la aplicación del artículo 109 constitucional sobre la pérdida del cargo del actual presidente.
La actuación del CNE comenzó en febrero de 2023 con la instauración de una denuncia anónima y reafirma que ningún ciudadano está por encima de la ley. Ni siquiera el presidente de la República. De este proceso la nación saldrá fortalecida. Petro, siendo candidato, y un grupo en el que figura el gerente de la campaña, permitieron que se violaran los topes en las dos vueltas electorales. Ahora tendrán que responder por sus acciones y omisiones. Ellos y únicamente ellos son los autores del ”golpe” a que alude Petro.
Hoy, es crucial rodear al CNE. Proteger a los 7 magistrados que adoptaron trascendental decisión. Las infracciones en que incurrió la campaña presidencial a las reglas de juego están al descubierto y deben ser investigadas y decididas por medio de los procesos institucionales y jurídicos previamente determinados. La importancia de preservar la legitimidad de las pautas establecidas tiene que ver con que proporcionan un marco para que los debates sean igualitarios y justos para todos los contendores. Entonces, si se prueba que las transgresiones a los topes son tan evidentes, ¿debemos quedarnos impasibles? Definitivamente no.
En medio de este triste panorama aparece el criminal Maduro a ofrecer una “mediación”; por la situación de “golpe de estado”; en contra de Petro. Este individuo, que se entromete en nuestros asuntos internos, no ha encontrado cómo distraer a la opinión pública de sus crímenes y se ha unido al invento de Petro. Su iniciativa merece el mayor de los rechazos.
Pildorita: Hoy se conmemora el día de la Hispanidad, antes conocido como día de la Raza. Celebramos en este día la diversidad cultural y rendimos homenaje a la lengua de Cervantes.
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