Hubo 26 “violaciones a la libertad de expresión” en septiembre, según Espacio Público
REDACCIÓN AL NAVIO 
(EFE).- En Venezuela se registraron 26 “violaciones a la libertad de expresión” en septiembre, 75 menos que en agosto, cuando se documentaron 101, según datos difundidos este viernes por la ONG Espacio Público.
A través de una nota de prensa, la ONG indicó que registraron siete actos de censura, seis de hostigamiento verbal, seis restricciones administrativas, cuatro de intimidación, dos hostigamientos judiciales y una amenaza.
“Entre las 17 víctimas, contabilizamos seis periodistas o reporteros, cuatro medios de comunicación y cuatro páginas o plataformas web”, añadió.
Asimismo, dijo que documentaron 16 victimarios, la mitad de ellos fueron, -sostuvo- instituciones del Estado, así como dos funcionarios, dos operadoras privadas, un cuerpo de seguridad y un miembro del Poder Ejecutivo, que no precisó.
“Este patrón confirma que se mantiene la política oficial de ataques a la libre expresión y la inacción por parte de otros organismos estatales para evitar esta y otras violaciones a los derechos humanos”, indicó Espacio Público.
La ONG recordó que a principios de septiembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “hostigó” a los medios digitales nacionales Efecto Cocuyo, TalCual y El Pitazo, durante una alocución de su programa de televisión semanal.
“Maduro acusó a los tres medios de ser ‘fundados, financiados y mantenidos por la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)’ y de imponer ‘la manipulación en la red en el momento preciso’, haciendo mención a su cobertura de las protestas postelectorales y del apagón nacional del 30 de agosto”, dijo la ONG.
Igualmente, la organización documentó el anuncio de cierre de una emisora de radio en el estado Falcón (noroeste), por “órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)”, tras 25 años de transmisiones.
El pasado 26 de junio, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció que un total de 405 medios de comunicación han cerrado en Venezuela en las últimas dos décadas, como parte -sostuvo- de una “política de Estado” contra “la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo”.
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