EL ZARPAZO CONTRA EL
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
A El Chafarote de
Sabaneta no le bastó con suprimir la Corte Suprema de Justicia y convertirla en
Tribunal Supremo de Justicia al servicio del castro-chavismo-militarismo, el comienzo del deterioro definitivo de las
instituciones republicanas del país, la nación latinoamericana.
El
10 de diciembre de 2020, en el portal INFOBAE, Laureano Pérez Izquierdo escribió al respecto:
Hugo Chávez junto a Nicolás Maduro el 8 de ciciembre del 2012, con una
copia de la Constitución Bolivariana (AP)
-En
mayo de 2004 la democracia de Venezuela crujió
para siempre. Venía herida aunque repuesta del intento de golpe de estado
frustrado dos años antes. Sin embargo, temeroso de que pudiera gestarse
otro, Hugo Chávez -aconsejado
por sus aliados cubanos- comenzó a controlar todos los resortes institucionales
del país e ideó su propio coup d’etat contra la máxima
autoridad judicial del país: el Tribunal
Supremo. El despojo se
produjo mediante una ley de la Asamblea
Nacional que por entonces contaba con mayoría simple del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
más sus aliados.
(En abril de 2002 no hubo
ningún golpe de Estado, sino que El Chafarote de Sabaneta, sino que renunció al
cargo luego de que el general se negó a activar el Plan Ávila. Así lo anunció
el general Lucas Rincón y luego quedó demostrado en la sentencia emitida por el
Tribunal Supremo de Justicia, a cual el
déspota Chávez acusó de haber puesto la plasta)
Luego
indicó:
-El
proceso comenzó en 1999 y se aceleró los últimos dos años en los que el
caudillo caribeño vio comprometida su jefatura absoluta. Durante ese tiempo, en
primer lugar, el chavismo se ocupó de desprestigiar al Poder Judicial ante los
ojos de la sociedad para contar con una legitimidad que le permitiera avanzar. Necesitaba un relato con algún síntoma de
verosimilitud para poder avanzar y arrasar contra los molestos funcionarios.
Chávez fue por todo pese a las alertas
internacionales que indicaban que sus planes configuraban un atentado contra la
democracia. No se detuvo en minucias: qué importaba lo que decía, por ejemplo,
la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) cuando su plan era perpetuarse en el
poder y aplastar cualquier reflejo que sintiera como amenaza. La Carta Democrática Interamericana a
la que había adherido el propio militar era clara: “separación e independencia de los poderes públicos”. Al Teniente
Coronel del Socialismo del Siglo
XXI no lo conmovían esos conceptos imperialistas.
También
explicó:
-Entonces, Human
Rights Watch calificó la maniobra chavista de “flagrante” y advirtió que tal atropello “agravaría la falta de independencia judicial”. Comparó a Chávez con Alberto Fujimori, el ex presidente
de Perú que comandó un autogolpe y también barrió de un
soplido con la independencia de magistrados “mediante destituciones masivas” y privándolos de su “estabilidad en los cargos”.
Para
esa ONG no eran tan distintos, al fin del día, Chávez y Fujimori.
En
otra parte del reportaje se lee:
-El
régimen de Miraflores sabía
que para obtener el control completo del Tribunal Supremo debería asegurarse que la mayoría de
los ministros que lo componen estuvieran de su lado y así lograr una corte que
cumpliera todos sus deseos. Pero para eso necesitaría coparlo.
Así
lo hizo. La Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) sancionada en mayo de
2004 dispuso que se ampliara la composición de ese cuerpo de 20 a 32 miembros.
A partir de ese momento, Chávez podría
designar militantes con la mitad más uno de los votos de la Asamblea Nacional. Era el último paso
de un largo camino de golpes contra la Justicia.
La
embestida general, sin embargo, había comenzado años antes. En 1999 Chávez emprendió su
objetivo de contar con jueces amigos en su círculo cercano. Convocó una Asamblea Nacional Constituyente para
reformar la Constitución a
medida que entraría en vigor en diciembre de ese mismo año. El uniformado tenía
su carta magna. Pero el avance debía acelerarse. Ese mismo cuerpo legislativo
decretó al sistema judicial en emergencia. Eso le facilitó comenzar una
persecución de funcionarios judiciales como nunca antes. A partir de entonces
podría suspender a un juez si contaba con siete quejas, fueran las que fueran.
Cientos quedaron en el camino.
Y
agrega:
-Blanca
Rosa Mármol de León formó parte durante 37 años del Poder Judicial de Venezuela, 12 de
ellos, como miembro del Tribunal
Supremo de Justicia -entre 2000 y 2012- resistiendo la persecución
del régimen. Eran tiempos en que muchos “rebeldes” terminaban confinados a la
sombra de una celda. ”Chávez siempre
quiso ponerle la mano a la Justicia. Y lo primero que hizo fue una limpieza de
jueces ordinarios. Con el Tribunal Superior hizo lo mismo: aumentó a 32 el
número de magistrados para garantizarse la mayoría”, contó en
conversación telefónica con Infobae.
“Esta es una corte monolítica a favor del
régimen. Cada vez que Maduro necesita una medida se la pide al Tribunal, donde
todo se fabrica, y hasta se toman atribuciones propias de la Asamblea Nacional.
Es la manera que tienen de controlar a Venezuela hoy: a través de la Justicia y
del TSJ”, remarcó Mármol de
León. A tal punto llega la farsa en el país que dos de esos 32 miembros
supremos se autodesignaron para controlar las últimas elecciones, las mismas
que fueron desconocidas por las principales democracias del mundo. Fue esa máxima instancia judicial la que
convalidó el fraude y la persecución a los opositores.
Fue
la oficina de Michelle Bachelet la
que también alertó sobre la interferencia judicial que padece el único
organismo que mantiene su independencia en el país: “Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en relación con la
Asamblea Nacional controlada por la oposición han dado lugar constantemente a preocupaciones
sobre las consideraciones políticas que prevalecen sobre las determinaciones
legales”.
Asimismo
señaló:
-Para
el abogado constitucionalista Juan
Manuel Rafalli es “evidente” que no existe la
independencia judicial en aquella nación. “El Tribunal Supremo de Justicia está tutelado por magistrados que han
sido militantes activos e incluso diputados del partido de gobierno, el PSUV”.
A pesar de la gravedad del caso, lo peor para el académico son las
consecuencias que enfrentan aquellos que se animen a fallar en contra de los
intereses de la dictadura. “Hay algo
mucho peor que es el régimen de terror contra los jueces que se animan a
decidir en contra de los designios de Miraflores y pueden correr la suerte de
la jueza Afiuni”, recordó. Se refiere a un caso que tuvo trascendencia
internacional: el de María Lourdes
Afiuni. quien fuera detenida en su domicilio sin orden alguna y estuvo
presa tres años y medio.
Mármol de
León subrayó
la importancia de la independencia de los poderes en cualquier territorio: “No hay esperanzas de ejercer derecho alguno
en Venezuela. No hay instancias a las cuales acudir. El Poder Judicial es la
bisagra entre los otros dos poderes. Cuando se toma esa bisagra, no hay
esperanza de democracia”.
“Hay
magistrados que no tienen el perfil ni académico ni jurídico para estar allí,
son paracaidistas que están allí para complacer al gobierno”, dijo Rafalli. La dependencia mutua entre
el Tribunal Supremo y
el Palacio de Miraflores llegó
a esferas insólitas. Hasta tal
punto que el presidente de ese cuerpo judicial es Maikel
José Moreno Pérez, un ex espía y guardaespaldas sobre quien pesa una denuncia de asesinato. Se le atribuye haber matado a un
adolescente en 1989. El crimen quedó impune. Es un hombre que conoce el mundo
criminal como pocos, por haberlo experimentado en todos sus eslabones: acusado,
detenido, abogado defensor, juez, presidente del TSJ. Moreno es, además, un
todoterreno: responde a las
necesidades de Nicolás Maduro y del resto del régimen con el mismo fervor que
encara complots para desbancarlo. Aquellos que lo conocen aseguran -con
algo de malicia- que a Maikel no lo mueve ni el amor ni la causa chavista.
De
igual modo precisó:
-En
tanto, el Director Ejecutivo para América de Human Rights Watch, José
Miguel Vivanco, señaló que el “chavismo hizo un copamiento” de aquel
órgano y que desde entonces “el poder judicial se transformó en un apéndice del
ejecutivo”. “En Venezuela, la justicia
no sirve para investigar delitos y mucho menos para investigar violaciones de
derechos humanos. Por el contrario, es un instrumento del régimen para
perseguir a opositores y críticos en un sentido muy amplio, incluyendo no solo
a los políticos de oposición, sino también, por ejemplo, a periodistas o
médicos que se atreven a dar a conocer la terrible realidad en el país”,
sentenció.
El
16 de abril de 2012, desde San José de Costa Rica, el exmagistrado del Tribunal
Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte escribió una carta abierta en la que
confiesa haber recibido órdenes y presiones del entonces mandatario nacional teniente coronel ®Hugo Chávez para condenar
sin derecho al jefe de la seguridad ciudadana de la Alcaldía Mayor de Caracas
Iván Simonovis y a los comisarios de la Policía Metropolitana Henry Vivas y
Lázaro Forero, aplicando la pena máxima por su participación en los sucesos de
abril de 2002.
(La Policía Metropolitana dejó de existir el 5 de abril de 2011 cuando culminó
el proceso de migración a la nueva Policía Nacional Bolivariana (PNB) adscrita
al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.)
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