La prensa cautiva: terror, silencio, prisión y exilio
Con el nombre de “La prensa cautiva: terror, silencio, prisión y exilio”, el Instituto Prensa y Sociedad -IPYS Venezuela- acaba de poner en circulación su Reporte Anual 2024, documento que debe ser leído con detenimiento y divulgado en cada una de sus partes. Los datos que recopila y ordena resultan en un informe devastador sobre el cada día más aguzado deterioro de las libertades en Venezuela. En sus páginas, la dictadura de Nicolás Maduro está retratada sin atenuantes.
La lectura no arroja dudas: durante el año 2024, el estado real de las libertades en Venezuela ha sufrido un grave empeoramiento. Venía ocurriendo desde antes de las elecciones del 28 de julio. Pero a partir de ese día, una vez que Nicolás Maduro, derrotado por los electores de forma aplastante, toma el poder por la fuerza, da inicio a un programa de represión y persecución, que ha tenido como una de sus líneas principales liquidar el libre ejercicio del periodismo, desaparecer el derecho de los ciudadanos a la información. Una vez cometido el golpe de Estado, Maduro y sus secuaces militares y civiles se han propuesto subsumir a la sociedad venezolana bajo un espeso manto de terror y silencio.
El informe de IPYS tiene una cualidad que debe destacarse en cada oportunidad: se fundamenta en 16 indicadores, a los que hace diario seguimiento. Así, mensual o anualmente, es posible determinar numéricamente, en cuánto han empeorado los hechos. Con respecto a 2023, las agresiones a periodistas, miembros de organizaciones no gubernamentales, dirigentes de la sociedad civil y medios de comunicación, nos informa que se ha producido un aumento de 64%.
¿Pero qué significa ese número? ¿Por qué, ahora mismo, en decenas de países hay una alarma tan extendida en las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos? Porque ese número se refiere a 571 violaciones de las garantías -es decir, 571 ataques-, lo que incluye 14 detenciones arbitrarias y sin fundamento de trabajadores de la prensa, 2 desapariciones forzadas, y 27 desplazamientos forzados, dentro y fuera del país. En el informe están, con el debido detalle, los nombres de estas 14 víctimas, la fecha en que fueron detenidos, los delitos que les imputan. En casi todos los casos la farsa es simplemente grotesca: les acusan de Terrorismo e Incitación al Odio, solo por informar. Acusan a profesionales como Carlos Julio Rojas, Luis López, Ismael Gabriel González, Yousnel Alvarado, Paul León, Deisy Peña, Roland Carreño, José Gregorio Camero, Ana Carolina Guaita y Carmela Longo, o a dirigentes políticos como Biagio Pileri, por delitos que no han cometido.
Ruego al amable lector que me acompañe en el seguimiento de otras cifras que expondré a continuación: suman, cuando menos, 151 las agresiones físicas o verbales a periodistas; en 96 ocasiones la dictadura ha lanzado ataques estigmatizantes en contra de personas que hacían su trabajo o ejercían derechos establecidos en la Constitución; son 86 los casos de portales informativos y medios de comunicación que han sido bloqueados, para impedir que los usuarios puedan acceder a los contenidos noticiosos o de opinión que ofrecen.
Sin embargo, la ferocidad de la persecución no termina en lo dicho. En el 2024 se produjeron no menos de 59 Restricciones de Acceso a la Información, 46 restricciones administrativas, 42 episodios absolutamente documentados de censura, 32 de hostigamiento judicial y más.
En el cuadro que muestra la ocurrencia de casos mes a mes, salta a la vista que la acción represiva se disparó en los meses de julio y agosto (en los días previos y posteriores al proceso electoral). Cuando se analiza el cuadro que muestra la distribución geográfica de los casos, se pone en evidencia que, aunque la ciudad de Caracas es el lugar predilecto de los perseguidores, su actuación está diseminada por todo el territorio.
La información sobre quiénes son las víctimas de la dictadura, no deja lugar a dudas: la encabezan, con ventaja, los periodistas. Pero no tienen la exclusividad: Maduro persigue también a camarógrafos, reporteros gráficos, locutores, corresponsales extranjeros, editores, articulistas y asistentes de producción. De lo anterior se deriva que no hay en la cadena informativa, ningún tipo de profesional que esté a salvo del objetivo de imponer un régimen de absoluta censura en todo el territorio venezolano.
La tendencia que viene manifestándose desde hace años, queda ampliamente ratificada aquí: contra la libertad de expresión no actúan solo tribunales, cuerpos militares y entes policiales. También organismos de inteligencia, la ilegal y usurpadora Asamblea Nacional -imitación circense del poder legislativo que se mueve bajo los latigazos del Maduro y sus socios-, gobernaciones, alcaldías, el ente estatal dedicado a las telecomunicaciones, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República, y hasta los guardaespaldas de altos funcionarios gubernamentales, estos y muchos otros que cabría mencionar aquí, son parte de la poderosa y extendida estructura del Estado venezolano dedicada a espiar, apresar y torturar a cualquier ciudadano que se atreva a levantar su voz para exigir el cumplimiento de sus derechos.
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