“Cada vez que veo la foto de esa muchacha me dan ganas de llorar”, dice la señora. Está en una cola, frente a una farmacia donde, dicen, hay pañales para adultos. “Parece mentira que ya haya pasado un año”, añade. Y luego suspira hondamente. Como si ya no supiera qué hacer con tanta melancolía.
Se refiere a Geraldine Moreno, joven de 23 años, asesinada el 19 de febrero de 2014. Pero podría también estar hablando sobre cualquiera de las otras víctimas de los sucesos ocurridos el año pasado. Según un excelente trabajo del grupo de periodismo independiente Efecto Cocuyo (www.efectococuyo.com), de los 43 casos solo están 3 abiertos, en etapa de juicio. Hasta estos momentos, ninguno ha concluido judicialmente y en 32 de ellos ni siquiera hay detenidos. Casi 70% de las muertes se encuentran en fase de averiguación. Pero el poder y los medios oficiales, desde hace mucho, ya han emitido un juicio, ya han sentenciado, ya han decidido quiénes son sus culpables.
La abrumadora distancia que existe entre los datos precisos del proceso judicial y el discurso del gobierno ya es un delito. La impunidad da asco. Pero el uso mediático de la tragedia, la tergiversación y la satanización oficial de lo ocurrido dan asco y rabia. Mientras el oficialismo vocifera sobre “el monstruo de Ramo Verde” y los asesinos paramilitares, sobre la conspiración universal y el golpismo galáctico, la realidad muestra unas cifras diferentes y cruelmente insólitas: un año después, solo 6,9% de los casos está en etapa de juicio. Hay sospechosos que andan libres y detenidos sobre los que todavía no existe un proceso abierto. Hay denuncias de represión y abuso que parecen estar paralizadas. Hay –según José Vicente Haro– más de 2.000 jóvenes que se encuentran en libertad condicional… Es indignante el descaro del gobierno: se presenta como víctima de la violencia que él mismo ejerce.
Carlos Monsiváis, a propósito de la matanza de Tlatelolco, acuñó una expresión que resulta ahora, para nosotros, muy pertinente: aquí también el poder y sus medios han puesto en marcha una “operación amnesia”. Se trata de implementar un gran número de procedimientos para invisibilizar a los otros, a aquellos que no repiten la versión oficial de esta historia. Más que llegar a la verdad y hacer justicia, el poder solo quiere aniquilar la memoria ciudadana. La industria del olvido es también otra forma de impunidad.
Los medios de comunicación, militantes, sometidos o cómplices, tendrán algún día que explicarle al país todos sus silencios. El relato de lo que han callado es tenebroso y fatal. Todo forma parte de la misma inmensa campaña para que, entre nosotros, reine la desmemoria. Para que la palabra guarimba sea una mancha que no permita nunca llegar a la realidad, indagar y descubrir lo que realmente pasó. Para que todo lo que vivimos se convierta de pronto en un espejismo, en un resplandor confuso, en una duda: ¿qué pasó con Marvinia Jiménez? ¿Dónde está ella ahora? ¿Y dónde está la guardia nacional que la golpeó salvajemente? ¿Acaso ya solo es una imagen danzando en el fondo de la red? ¿Cuánto durará en nuestros recuerdos?
Cuando Nicolás Maduro le pide a la posteridad que no le anote en su agenda estos dos primeros años de gobierno, está en el fondo promoviendo la misma operación. La revolución nos necesita amnésicos. No quiere que recordemos lo que pasó el 12 de febrero de hace un año. No quiere que recordemos el primer disparo. Olvida lo que viste en la calle. Olvida lo que oíste. Borra todas tus preguntas y solo escucha al gobierno. Solo puede existir la verdad oficial.
Yo también siento ganas de llorar cuando veo la foto de Geraldine Moreno. Y siento náuseas cuando veo esa misma foto en un tuit de Telesur, usada sin pudor para ocultar su historia y para apoyar a quienes probablemente la mataron. Por eso escribo su nombre. Por eso hay que escribir todos los nombres. Y repetirlos. Siempre. La memoria también es una forma de combatir la impunidad.
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