sábado, 31 de octubre de 2015

Granadas bajo el manto de la impunidad

Granadas bajo el manto de la impunidad

Son siete los atentados perpetrados contra sedes policiales sin que hasta el momento algún grupo se haya atribuido la autoría. Sólo dos personas se encuentran detenidas y los casos, según los expertos, son actos de retaliación, de venganza hacia el estamento policial venezolano y se han mantenido en “bajo perfil”
Hasta el momento de redactar este escrito se contaban en siete el número de ataques con granadas perpetrados por grupos desconocidos contra sedes de cuerpos de seguridad en distintas zonas del país. Los atentados arrancaron en septiembre y hace pocos días se generó el último, en la ciudad capital, específicamente en la zona de El Cementerio, donde se encontraba una comisión de la policía nacional y durante el cual resultó herido un funcionario, amén de los daños materiales causados a varios vehículos. En cinco oportunidades los explosivos fueron lanzados por sujetos aún no identificados, que se transportaban de noche a bordo de motos de baja y mediana cilindrada. Poliguárico dos veces, CICPC Mariara, CICPC El Llanito y una comisión de Polibaruta, acción que dejó a otro policía gravemente herido, constituyeron los primeros objetivos. Asimismo, la sede de la División de Vehículos del CICPC ubicada en Quinta Crespo fue objeto de un ataque por individuos que lanzaron desde un vehículo un artefacto que no estalló y que posteriormente fue detonado por el comando antiexplosivos. Más recientemente ocurre el del cementerio que fue ejecutado desde una camioneta Toyota. Estos dos últimos perpetrados a plena luz del día.
Según lo explica el periodista de investigación Javier Ignacio Mayorca en su blog “Crímenes sin castigo”, en los casos de los ataques contra la comisión de Polibaruta y contra la sede de la Policía de Guárico en San Juan de los Morros fueron arrojadasGranadas Fragmentarias GPM 75 de fabricación alemana, mientras que contra el cuerpo municipal (Polibaruta) fue utilizado un explosivo M26 hecho en EE.UU., aunque también es fabricado en Colombia y ambos modelos -a decir del periodista- formaban parte de los inventarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Javier Mayorca acota demás en su blog, que desde hace varios años los principales suplidores de este tipo de armas para Venezuela son China y Rusia.
En el blog “Crímenes sin castigo”, el investigador argumenta que estas acciones serían parte de un “peligroso ensayo destinado a generar condiciones similares a las que propiciaron la suspensión de garantías en municipios de la frontera con Colombia”. Ahora bien, cabe la pregunta: ¿Estos ataques pueden calificarse como terroristas o simplemente como parte de acciones de grupos interesados en generar zozobra? Mayorca explica que “se trata de acciones terroristas ejecutadas con premeditación, alevosía y en la mayoría de los casos en condiciones de nocturnidad evaluadas con antelación por los perpetradores”.
“Al país lo tomó el pranato…”
Al ser consultado sobre el tema, el criminólogo, profesor universitario y asesor de riesgos especiales, Fermín Mármol García dice estar convencido de que la investigación criminal y la actividad del Ministerio Público deben enmarcar el proceso dentro del marco de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y, por consiguiente, lo ajustado sería interpretar estos actos como una acción coordinada, con el ánimo de generar zozobra en la colectividad, intimidarla, y a su vez pretender que las fuerzas policiales y militares del país en funciones de seguridad ciudadana, se abstengan de determinadas prácticas.
-Según algunos teóricos, los terroristas buscan muertes para imponer un mensaje, entonces ¿Por qué estos grupos han calculado causar el menor daño a las personas y sí a la propiedad?
-No necesariamente el acto terrorista tiene como única misión la muerte de las personas; teóricamente también puede materializarse a través del secuestro de personas, destrucción de propiedades públicas o privadas, apoderamiento de naves o aeronaves, entre otros. Los hechos que nos ocupan deben interpretarse como eventos que buscaron ambos objetivos, por un lado matar o herir y por el otro destruir. La muerte de al menos 30 personas y 45 heridos, en un aproximado de 35 eventos, refuerza la tesis de la intencionalidad terrorista de hacer daño a la integridad física de las personas y, por supuesto, a los bienes.
-Tomando en cuenta las versiones que presumen que los actos son producto de una retaliación o venganza por la aplicación de la operativo OLP, ¿A quiénes podría atribuírseles los ataques y cuál sería el mensaje?
-Sin duda son actos de retaliación, de venganza hacia el estamento policial venezolano. La institución más atacada ha sido el CICPC, la policía científica, ello se debe a los certeros golpes a varios cabezas de organizaciones delictivas. Las hipótesis apriorísticas más sensatas es apuntar hacia dos direcciones, el pranato carcelario que invadió el tejido social y por ende constituyó bandas criminales fuera de los muros carcelarios y al concepto de las mega bandas.
-Pero específicamente, ¿Los ataques podrían ser una reacción al operativo OLP adelantado por el Gobierno?
-Es oportuno indicar que nadie a ciencia cierta sabe cuál es el alcance conceptual de la OLP. En otros planes como los del Patrullaje Inteligente o por Cuadrante; el de Desarme o el de Pacificación se conocían sus objetivos, sus alcances, al menos en lo teórico. En la OLP, el formato no está claro, se inicia con operativos policiales y  militares a gran escala en zonas populares y, pareciera que ahora toda acción policial rutinaria que genera buenos resultados, se le coloca el remoquete de OLP. Por lo anterior insisto que es una acción de la delincuencia estructurada cada vez que alguna institución de seguridad pública asesta un golpe al crimen.
-Los ataques han incluido objetivos tanto del Oficialismo como de la Oposición, entonces ¿Cuál sería el móvil, de qué lado estarían los autores o podría presumirse que son propiciados por alguno de los grupos políticos polarizados?
-No observo a priori asuntos políticos partidistas o ideológicos con lo que ha acontecido. Es un asunto del crimen organizado contra las fuerzas del orden. Una delincuencia estructurada, agresiva y envalentonada que se acostumbró a no tener contención del Estado venezolano, a estar actuando bajo el manto de la gigantesca impunidad, que al menos en Venezuela es del 92%.
Venezuela entre los 15 países más corruptos del planeta
Explica el asesor de riesgos Fermín Mármol García que la procedencia de los explosivos y otras armas de guerra en manos de la delincuencia pueden tener varias aristas y no se puede determinar deportivamente. Es un asunto complicado. Lo cierto es que cobra fuerza la hipótesis de que el material provenga de la corrupción, sobre todo tomando en cuenta que este flagelo alcanza hoy día a todos los sectores de la sociedad.
-¿El material bélico es de la FANB o podría provenir del tráfico de armas, el contrabando o haber sido suministrado por agentes externos?
-Ciertamente, el crimen estructurado en Venezuela sustenta en buena medida elementos que nos permitan aseverar que son armas de guerra en su definición clásica, me refiero a fusiles automáticos y artefactos explosivos tipo granada. Así las cosas, en un abanico de posibilidades, es muy factible en un país que se encuentra dentro de los 15 más corruptos del planeta, que algún miembro de la Fuerza Armada Nacional haya violado las leyes y el código de honor y por consiguiente consumara el hurto de fusiles y/o granadas de los distintos parques o almacenes militares; sin embargo, es erróneo generalizar. También es muy conocido como que los jóvenes reclutas al desertar, en algunas ocasiones, lo hacen con el armamento y proceden a su venta en las zonas populares. A su vez no se puede descartar la tesis del gran corredor de drogas ilícitas provenientes de Colombia, dicha ruta de la droga también perfectamente puede adicionar a los cargamentos de cocaína, armamento y municiones para proteger la ruta; y por último, negociaciones del crimen venezolano con miembros de las FARC, ELB y paramilitares colombianos que hacen vida en los estados occidentales, sobre todo los fronterizos.
-¿El Estado perdió el control, esto se le salió de las manos?
-Los últimos 7 años han sido muy cruentos en Venezuela; no sólo en cuanto a la alta incidencia criminal, sino también en lo relativo a la pérdida de la convivencia ciudadana, buenas costumbres, respeto a la Ley y la necesaria procura de la paz social. Es oportuno señalar que lo vivido no es para nada común, al contrario, es atípico, y no debemos suponer que de esta manera viven la mayoría de los ciudadanos de otros países, pues ello no es nada cierto. La comunidad internacional está constituida por aproximadamente 192 Naciones-Estados y unos 10 países fluctuantes, no reconocidos por la mayoría de los miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En este escenario global, en temas de seguridad ciudadana y justicia, Venezuela, lamentablemente, ocupa posiciones negativas. Por ejemplo, está considerado por la Organización de Estados Americanos (OEA) el 2do país con más homicidios del Continente Americano; es el 7mo dentro de los 10 con más secuestros con fines económicos del mundo (Firma Control Risk del Reino Unido); debido a la corrupción ocupa la undécima casilla entre todas las naciones (Transparencia Internacional); y está dentro de los 20 con menos controles para evitar el ingreso y egreso de drogas ilícitas por vía marítima (ONU, Oficina Contra las Drogas).
Continúa relatando Mármol García visiblemente preocupado, que en el siglo XX Venezuela jamás ocupó semejantes puestos de deshonor. Explica que esto para los venezolanos se materializa en un problema de salud pública que atenta contra su movilidad social y recreativa, su equilibrio emocional y el transitar forzosamente hacia una desconocida conducta de emigrante. “Como país, se alejó competitivamente de otros de la región en temas de inversión extranjera y patria; en asuntos de estabilidad política y económica; así como de paz social, de eso concluimos que la Seguridad Ciudadana y Convivencia Ciudadana no serán área donde el Gobierno Nacional pueda mostrar logros ya que no los hay, al contrario, se trata de un ámbito público donde Venezuela ha retrocedido de manera acelerada -apunta el profesor universitario-.
-¿Cuál es su consejo como experto para dar con la raíz y neutralizar el crimen organizado?
-Estoy convencido que el diseño de una única y sostenida Política Pública contra el crimen y la violencia es la única solución para tan complejo tema, por consiguiente segmentar la problemática sería un error. Primero, hay que reformular el Presupuesto de la Nación, disminuir el gasto militar ya que no hay venezolanos que estén o hayan perdido la vida en guerra contra un vecino país o el imperio; por el contrario la batalla es contra el crimen y la violencia, por consiguiente donde debe ir dirigido el presupuesto es para fortalecer las Instituciones del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana, el Sistema de Justicia y del Sistema Penitenciario. Segundo, hay que ubicar como prioridad la Seguridad Ciudadana; en un país presidencialista le corresponde al residente enarbolar la bandera de la paz, la convivencia ciudadana, las buenas costumbres y el respeto a la Ley; pero a su vez la bandera de la lucha frontal contra el crimen, demostrar que no hay intocables, que no hay protegidos, que quien viole la Ley debe someterse a un proceso judicial justo y expedito.
Yenny García Logaldo
 QUINTO DÍA, 30-10-2015

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