¿Ajuste de cuentas?

¿Ajuste de cuentas?

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EDGARDO MONDOLFI GUDATEL NACIONAL, 16 DE DICIEMBRE 2015 - 12:50 AM

Por distintas e indiscutibles razones siento un respeto irreductible hacia el arzobispo de Mérida, monseñor Baltazar Porras, pero a veces se me extravía el discernimiento al tratar de comprender la palabra y consejo de la Santa Madre Iglesia. Me sucede así en esta oportunidad. En días recientes, monseñor Porras publicó un comunicado, citado en las páginas de este mismo diario, en el cual llama la atención, entre otros asuntos, acerca del peligro de que la situación planteada tras el 6-D devenga en un simple ajuste de cuentas. Nada más natural, desde luego, que albergar semejante temor. Ahora bien, la duda me embarga cuando Porras, al hablar de un posible “tercer peligro” que afronta la oposición, alerte textualmente sobre lo que implicaría “Querer cobrar cuentas pendientes: la liberación de los presos políticos, un nuevo CNE o TSJ. Las prioridades están en las necesidades del pueblo”.

Hasta donde me cabe entender, el caso de los presos políticos, o el estado actual del CNE y del TSJ, expresan también una prioridad y, tal vez, en el orden de las gruesas. No verlo así, o considerar sencillamente que tales temas pudiesen prestarse a un ejercicio que concite el peligro o que, a fin de cuentas, sólo sirvan de pretexto para el ajuste de cuentas, es perder de vista la realidad misma.

Para comenzar, y por elemental que suene decirlo, amnistía y reconciliación van de la mano como parte de un auténtico proyecto de convivencia. En este sentido, sin antes promulgar una amplia Ley de Amnistía para beneficio de los presos políticos o de quienes incluso padecen de una situación de virtual exilio por obra de las extravagancias del Poder Judicial, no existe camino para una conciliación posible. Aparte de todo cuanto ello pudiese tener de buen sentimiento cristiano en vísperas pascuales, y ya son varias las vísperas pascuales que han transcurrido, sabemos muy bien de lo que hablamos cuando hablamos de presos políticos y dirigentes estudiantiles sentenciados sobre la base de pruebas falsas y procesos amañados o que sencillamente, como en el caso del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, desconocen los motivos que les obliga a permanecer en estado de reclusión. Ello es así no porque simplemente lo piense o lo diga el primer venezolano sentado en una esquina sino porque así lo ha certificado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, su Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Si lo que acabo de señalar se circunscribe al imperio de la conciliación, lo segundo, que sería el caso del CNE, remite directamente a la necesidad de recuperar lo que de más sano puedan tener nuestras prácticas y hábitos republicanos, como lo supone la actuación transparente del árbitro comicial. Dejar de considerar esto como punto prioritario sería dejar de tener en cuenta lo que ha estado a la vista de todos o desconocer el diagnóstico que con toda seriedad han ofrecido instituciones como el Centro de Estudios Políticos de la UCAB y el Instituto para la Democracia y la Asistencia Internacional, los cuales, en su informe final luego del 6-D, pusieron de relieve lo que significó la inacción de la autoridad electoral ante un conjunto de malas prácticas que militaron contra la confiabilidad del proceso. Ello, por no decir nada acerca de otro aspecto aludido en el informe de marras, como el empleo de recursos públicos y medios de comunicación del Estado por parte del oficialismo, la ilegal prórroga de la jornada comicial, la permisividad del gobierno frente a sus candidatos luego del cierre de la campaña o, incluso, el retraso a la hora de dar los resultados, algo que afectó gravemente la confianza de los electores.

Cabe hablar por último del tercer punto, la depuración del TSJ, según la lista de peligros acerca de los cuales alerta el Monseñor o de los temas que considera que puedan estar lejos de ser vistos como una auténtica prioridad. Lo que se haga en este sentido significaría restituirle al Tribunal Supremo su función de equilibrio frente al Poder Ejecutivo, garantizar el ejercicio de derechos fundamentales, revocar arbitrarias medidas restrictivas de la libertad o evitar castigar a quienes practican el periodismo crítico e independiente. De lo contrario, mantener intacto ese Behemot contribuiría a continuar socavando el Estado de Derecho en Venezuela, algo que entraría en evidente contradicción con el aire y la gramática de cambios que se percibe en el ambiente.

Me veo muy lejos de querer concluir diciendo que “con la Iglesia hemos topado, Sancho”, como una forma cervantina de satirizar la ceguedad de los prelados, pues ya hablé del hondo respeto que me merece Baltazar Porras. Pero me pregunto, ¿peligro, monseñor? Peligro es no hacer nada en estos tres casos.