Editorial del Nuevo Herald’s: En Venezuela el chavismo se atrinchera
La oposición venezolana ha programado una protesta en Caracas este miércoles, para exigir que el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro se lleve a cabo este año. La marcha hasta la sede del Consejo Nacional Electoral es una protesta ante las maniobras del régimen chavista para dilatar la celebración del referendo.
El descontento popular ante la crisis económica en Venezuela va en aumento. A la escasez de alimentos básicos y medicinas se ha sumado la interrupción del servicio eléctrico y los cortes en el suministro de agua, mientras el índice de inflación es el más alto del mundo.
Maduro decretó una emergencia económica el pasado enero, y ahora le agregó un estado de excepción por tres meses, con la posibilidad de prolongarlo hasta el año próximo. Ante la manifiesta imposibilidad de su gobierno para resolver la crisis, amenaza con tomar medidas represivas contra las protestas populares que el malestar nacional inevitablemente tiene que provocar. ¿Impedirá la marcha de la oposición este miércoles, aplicando las nuevas medidas de suspensión de ciertas garantías constitucionales?
Maduro justifica el estado de excepción con una presunta amenaza de Washington en complot con líderes opositores. Pero no da ninguna prueba de esa supuesta confabulación.
También usa como argumento para justificar medidas gubernamentales arbitrarias que los empresarios opositores al proyecto chavista han emprendido una guerra económica contra el régimen. En realidad, más bien parece que es el régimen el que está en guerra contra la empresa privada, a la que asfixia con rígidos controles de cambio de moneda y otras restricciones que impiden un funcionamiento adecuado de los negocios. Basta como ejemplo señalar que en los últimos 20 años, en Venezuela han cerrado unas 8,000 empresas, según cifras de la Confederación Venezolana de Industrias (Conindustria) divulgadas este mes. Juan Pablo Olalquica, presidente de Conindustria, afirmó que los cierres han causado una disminución de la producción nacional, y que se deben en gran medida a los controles del gobierno y a los pocos estímulos que el Estado da al sector empresarial.
El vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, dijo el domingo pasado que no habrá un referendo, alegando errores en la recogida de firmas. Pero la encuestadora Datanálisis ha indicado que siete de cada 10 venezolanos quiere un cambio de gobierno. Entretanto, el 97% de los entrevistados considera que “su vida ha empeorado” bajo el régimen actual. Si esas cifras son precisas, Maduro debería reconocer el fracaso de su gestión y su pérdida de popularidad, y someterse al referendo revocatorio antes de que termine el año.
Esa es la verdadera salida a la crisis que sufre Venezuela, no medidas de emergencia económica mal planeadas ni un estado de excepción que solo servirá para aumentar la represión y atrincherar a un régimen impopular en el poder.
Junta Editorial El Nuevo Herald
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