Luis F. Jaramillo: El Arco Minero del Orinoco
Los venezolanos preocupados por el presente y futuro de nuestro país, por más agobiados que nos sintamos con el peso de las enormes calamidades que padecemos día a día para satisfacer hasta las necesidades más elementales, no podemos pasar por alto ni distraer la atención de la grave amenaza que se cierne tras el lustroso enunciado del llamado Arco Minero del Orinoco.
Después de haber derrochado inmisericordemente el más grande caudal de ingresos que haya conocido gobierno alguno en toda nuestra historia, los cuales, con el tiempo que lleva este régimen en el poder, hubieran bastado para asegurar el bienestar perpetuo de los venezolanos y catapultarnos a los niveles de vida de los países del llamado primer mundo, el Presidente de la República, mediante el Decreto No 2.248, publicado en la Gaceta Oficial No. 40.855 del 24 de febrero de este mismo año, que crea la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”, pretende repetir, con la inmensa riqueza minera de la prodigiosa tierra guayanesa, la infausta hazaña que cumpliera con la voraz depredación de nuestra bonanza petrolera, sin reparar en los considerables daños ecológicos, socioculturales, humanos y morales que conlleva la ejecución una masiva y devastante explotación minera
Con el objeto enjugar el inmenso déficit presupuestario, producto de los desorbitados gastos fiscales y de la imprevisión ante la predecible caída de los precios del petróleo en el mercado mundial, so pretexto de recuperar y reimpulsar la economía “superando el modelo rentista de los ingresos petroleros”, con la creación de la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”, se destina a la exploración y explotación de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de valor industrial, una extensa superficie, al sur del rio Orinoco, de 111.843 km2, mayor que la que ocupan países como Bulgaria, Portugal, Suiza, Panamá y Costa Rica, la cual comprende las zonas de Guayana, La Paragua y el Caura, así como la cuenca del rio Caroní y la Sierra de Imataca, produciendo la desafectación, de hecho, de varias áreas de Régimen de Administración Especial como las ubicadas en la cuenca estratégica del rio Caroní, el Monumento Natural Cerro Guanay y la Reserva Forestal Imataca, entre otras.
Sin pecar del ecologismo romántico de los que, idolatrando las “verdes montañas, los bosques oscuros y la naturaleza salvaje”, denuestan contra el progreso por los cambios inevitables que conlleva sobre el medioambiente, no quiero imaginar los estragos que causará la explotación minera a gran escala sobre la gran fragilidad ecológica de una zona como la del sur del Orinoco y su Delta, en opinión de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, el área mejor conservada del país, fuente de agua y energía eléctrica para todo el territorio nacional y de importantes recursos pesqueros, cuando la voracidad de 135 empresas transnacionales, de 35 países, contratadas por el Banco Central de Venezuela, la estatal petrolera PDVSA y el Ministerio de Petróleo y Minería, se arroje codiciosa a la explotación de yacimientos que albergan alrededor de 200 millones de toneladas de bauxita y unas 44 mil toneladas entre oro y diamantes. Todo ello sin contar con la destrucción de los bosques, de cuencas hidrográficas de los ríos más importantes de la Amazonia venezolana, la contaminación química, la destrucción y comercio ilegal de la fauna, la profusión de enfermedades, desarraigo de las comunidades autóctonas, la violencia, los focos de prostitución y, en general los numerosos problemas sociales que, consuetudinariamente, traen aparejadas la actividades de la explotación comercial de la minería, especialmente cuando se realizan a gran escala, por un grupo tan numeroso de empresas y con maleables mecanismos de control.
Por lo demás, el Decreto que crea la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”, que es manifiestamente inconstitucional, para proteger la brutal exacción de tan inmensa riqueza, establece, en dicha zona, un régimen de excepción, en el que se conculcan fundamentales derechos y garantías constitucionales tales como el derecho de asociación, el derechos huelga, de reunión y manifestación pacífica, y de igualdad ante la ley, éste último, por cuanto mientras a los trabajadores se les pecha el salario y se les obliga a asumir una mayor carga impositiva, a las empresas que realicen actividades conexas con la minería se otorgan, exclusivamente, “exoneraciones totales o parciales del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado”, además de fáciles mecanismos de financiamiento y todo géneros de facilidades para sus operaciones, incluida la protección militar de ellas. Por otra parte, el Decreto en cuestión, entrega, la referida “Zona de Desarrollo Estratégico” al control omnímodo de un Coordinador –para lo cual será designado, seguramente, alguno de los militarotes afectos al régimen- que tendrá a su cargo la “administración, fiscalización e inspección de las actividades mineras en sus diversas fases productivas y de generación de valor conexas o auxiliares a estas”, así como el control del otorgamiento de los permisos que dichas actividades requieran y de la fijación de los trámites que deberán cumplirse para solicitarlos.
Con la proverbial ineptitud y la descomunal corrupción que han caracterizado las ejecutorias de este régimen, no cabe la menor duda que los ingentes e inconmesurables daños que con su ejecución se causará al país y los proventos que se obtengan de la portentosa riqueza minera que será objeto de explotación, no servirán más que para convertir el Arco Minero del Orinoco en botín para saturar las arcas ya repletas de Alibabá y los cuarenta ladrones.
Fuente: 19-07-2016
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