lunes, 21 de noviembre de 2016

2017: Hacia nuevos escenarios electorales

2017: Hacia nuevos escenarios electorales

Revocatorio

Según revelan las encuestas, la preferencia de millones de venezolanos al día de hoy es por un presidente revocado y la inmediata elección de un nuevo mandatario
La gran mayoría del país desea un cambio y que el mismo ocurra lo más pronto posible. El venezolano quiere vivir en paz, con seguridad, bienestar y calidad de vida, que es lo contrario a lo que hoy está viviendo: una verdadera tragedia económica y social, nunca vista en más de 100 años de historia contemporánea.
Según revelan las encuestas, la preferencia de millones de venezolanos al día de hoy es por un presidente revocado y la inmediata elección de un nuevo mandatario, de manera de iniciar el 2017 con un gobierno distinto, que abra camino a la recuperación y reconstrucción del país. No cabe duda de que es un profundo deseo de cambio.
Pero como “deseo no preña”, dice el refrán popular, la realidad se impone siempre. Frente a ella, la mejor opción es seguir luchando, sabiendo que el cambio no está a la vuelta de la esquina. Muchos quisieran creer que el Gobierno está tan débil que tiene sus días contados. No obstante, nada indica que está derrotado, que su salida sea inminente y que está listo para entregarse.
En sentido contrario, cabe preguntarse dónde está la fuerza política y social capaz de forzar este año el cambio de gobierno por vía constitucional, democrática y electoral? Obviamente esa fuerza existe, se ha venido construyendo progresivamente desde que la oposición retomó la ruta electoral, luego de haber superado el tremendo error estratégico de la abstención del 2005 que le otorgó al chavismo el control absoluto de la Asamblea Nacional, pero no es una fuerza suficiente como para hacer la diferencia.
Si lo fuera, se impondría el referéndum revocatorio o, mejor aún, la renuncia inmediata del presidente evitándose las tortuosidades del CNE y del TSJ. Por consiguiente, el gran reto de la oposición hacia adelante es acumular una fuerza superior a la del gobierno, para poder generar el cambio democrático, asumiendo la premisa de que sin negociación política no habrá salida y ni se podrá garantizar la gobernabilidad de la nación una vez que la misma ocurra.
La gran mayoría del país quiere votar y la oposición cuenta con millones de votos que como un tsunami gigantesco arrasará en las urnas, cuando se abra cualquier consulta electoral, sea nacional y/o regional. A todas luces, es una fuerza enorme. Básicamente electoral. Y ello hay que tenerlo claro y no confundirlo con otro tipo de fuerza.
El Gobierno lo sabe. Y tan lo sabe que optó por pagar un alto costo eliminando el RR en vez de someterse al riesgo de perder el poder con las graves consecuencias que ello acarrea para el chavismo y, en particular, para la elite gobernante.
Pero no es solamente el RR, que era la mayor amenaza en juego, es también cualquier otra elección, particularmente la que ponga en riesgo la pérdida del Poder Ejecutivo, como una elección presidencial adelantada. Mientras puedan, y el costo sea manejable, van a bloquear la ruta electoral, hasta que estén seguros que esa ruta le sea favorable.
La estrategia fundamental que unifica al gobierno y a las fuerzas que lo apoyan, es realmente simple: aferrarse al poder y combatir todas las amenazas que pongan en riesgo la pérdida del poder.
En función de esa estrategia tienen alineados los poderes del Estado (Ejecutivo, TSJ, CNE, FAN), el PSUV, los colectivos armados, las comunas, los claps y un nivel de apoyo popular nada despreciable dispuesto a movilizarse, además de enormes recursos financieros a disposición.
En el balance de fuerzas, la oposición tiene a su favor el poder del voto y ese poder sólo se puede expresar en consultas electorales. Con el RR ya no podrá ser, porque no hubo fuerza suficiente para imponerlo.
Esa partida la ganó el gobierno. Lo único que se puede hacer al respecto es aceptar la derrota, haciendo todo lo posible para que el gobierno pague un mayor costo. Nada más. De resto, pasar la página, desanclar el RR de la agenda opositora y reencontrar una nueva ruta electoral.
En este sentido, si la oposición deja atrás la consigna ¡MADURO VETE YA!, con la que no ha logrado el resultado esperado, podrá encontrar una ruta electoral que sea viable, tal como la realización de las elecciones regionales y municipales en 2017, a fin de seguir acumulando fuerzas para enfrentar con éxito la elección presidencial en 2018.
Esa ruta, que es de menor resistencia para el gobierno, porque mantiene en alguna medida la legitimidad de origen, además de no amenazar de inmediato al Poder Ejecutivo y a los otros poderes bajo su control, puede encontrar en la mesa de diálogo recién instalada el marco necesario para un proceso de negociación que active a través de las urnas electorales una válvula que permita que el descontento fluya. 
En este contexto, la mesa de diálogo será un nuevo escenario de lucha, que demandará del lado de la oposición claridad estratégica, dirección y unidad de propósito, además de una estrategia de calle. Pero una estrategia de calle distinta, que incorpore a todos los actores que desean un cambio, particularmente a las clases populares y medias, incluyendo a las bases chavistas descontentas, y que vaya más allá de una agenda exclusivamente política, permitiendo que lo social emerja con fuerza en la escena política.
No hay que olvidar que el gobierno no toma la iniciativa de resolver la crisis económica y social que vive el país, sino de permanecer en el poder. Por tanto, el mayor temor que tiene es que la oposición finalmente comprenda que la ruta del cambio democrático pasa por la vinculación popular y por la conexión profunda con las necesidades y expectativas de la gran mayoría empobrecida del país.
Si la oposición decide una estrategia movilizadora que dote a la protesta social de orientación política, y al mismo tiempo asuma la organización ciudadana como elemento clave, otra será la historia. Y al poder del voto, se unirá un pueblo organizado luchando por sus derechos, capaz de ejercer presión social para obligar al gobierno a medirse en las consultas electorales por venir en 2017 y 2018.

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