Caracas.- El presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP), Tinedo Guía, aseveró  -el 14 de febrero- que en Venezuela ha aumentado la persecución y arremetida contra periodistas. Se refirió al cierre de emisoras de radio, así como diarios de circulación nacional y regional que han dejado de circular por la falta de papel.
Guía ofreció declaraciones durante una rueda de prensa, en la que aseguró que se ha violado la Constitución de Venezuela al limitar la libertad de expresión de los diferentes medios de comunicación. “Tenemos también que denunciar la custodia de nuestras sedes”, informó.
Al referirse a la situación que enfrenta actualmente el diario El Carabobeño, dijo que este medio “ha sufrido el monopolio” del Gobierno en la venta y distribución de papel periódico. Carolina González, parte de la directiva de este periódico, señaló que la falta de papel les ha obligado a tener dos cierres consecutivos, uno del diario y otro del semanario.
La periodista indicó que la estructura de la web, que es la que mantienen operativa, ha impedido la labor de muchos periodistas. Asimismo, refirió que se mantendrán informando desde esta plataforma digital, pese a no poder circular en impresos. Hizo énfasis en que “no habrá censura que nos impida decir la verdad”.
Le hizo un llamado al gobernador de la entidad, Francisco Ameliach , pues cree que las autoridades gubernamentales pueden generar acciones significativas con respecto a este tema.
Por su parte, Carlos Correa, presidente de Espacio Público, aseveró que la discriminación por parte del Gobierno venezolano ha afectado a cientos de trabajadores. Indicó que hace un año, el periódico contaba con al menos 500 trabajadores y a la fecha solo quedan 100. A su juicio, las acciones nacionales se agotaron, por lo que -precisó- se pronunciarán ante la Corte de DD.HH. de la OEA para plantear los diferentes casos de violación a la libertad de expresión.
“No hay reglas de juego claras, es un monopolio del papel”, aseveró y sentenció que el mercado negro responde al principal proveedor, que es el Estado