AN declaró "inadmisible" prorroga de Emergencia Económica
EL TIEMPO, 21.03.2017 La declaración permite al Gobierno de Nicolás Maduro, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento
La legislación venezolana establece que los decretos de excepción deben ser avalados por el voto de la AN
Caracas.- La Asamblea Nacional (AN) declaró este martes "inadmisible" la extensión por sexto periodo consecutivo del estado de excepción de emergencia económica decretado por el Gobierno de Nicolás Maduro y avalado por el Tribunal Supremo de Justicia para 60 días más.
La mayoría del Legislativo, controlado por la oposición, acordó que el estado de excepción "infringe la Constitución por lo que la prórroga es inadmisible", señala el acuerdo aprobado en la sesión ordinaria del Parlamento con el voto de los antichavistas.
Venezuela suma más de un año en "emergencia económica" luego de que el Gobierno prorrogará el pasado día 15, por sexta vez consecutiva, un estado de excepción constitucional para atender la crisis.
La declaración de emergencia económica permite al Gobierno de Nicolás Maduro, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
El acuerdo aprobado en la AN señala además que el decreto incluyó "una facultad genérica para restringir garantías constitucionales, lo cual expone los derechos humanos" de sus ciudadanos.
Indicó también que, al igual que con la primera declaración de emergencia implementada el 14 de enero de 2016 y las cuatro prorrogas siguientes, se evadieron los controles internacionales a los que debe quedar sujeta la aplicación de una medida de suspensión de garantías.
Estas no fueron remitidas a la Secretaría General de la ONU "como ordena el pacto internacional de derechos civiles y políticos, así lo confirmó el alto comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en comunicación dirigida a esta AN", señala el acuerdo parlamentario leído previo a su votación.
El decreto "ha quebrantado gravemente la seguridad jurídica y el estado de derecho, se ha promovido la corrupción ante la supresión de restricciones legales en el campo de la contratación pública y se ha desnaturalizado el régimen jurídico de los estados de excepción", indica el texto legislativo.
Los parlamentarios, que votaron la materia con la ausencia de la bancada oficialista, coincidieron que en el periodo de aplicación de la emergencia se han acentuado los problemas de desabastecimiento e inflación, sin que se apliquen medidas de "rectificación enmarcadas en la legalidad" para el mediano y largo plazo.
Por su parte, el presidente de la AN, el opositor Julio Borges, apuntó que "no solamente se trata del problema de que el Gobierno ha violado abiertamente la Constitución al seguir tratando de ordenar supuestamente la economía con un decreto de emergencia que viola la Constitución y la ley sino que es más grave".
A su juicio, la situación económica "es mucho peor" de lo ya "caótica" que era cuando se solicitó el decreto por primera vez con el objeto de "vencer a una guerra económica".
"Quien tiene todo el poder en sus manos para cambiar esta realidad es Nicolás Maduro y lo que ha hecho es agravar y concentrar poder para multiplicar el caos de Venezuela", afirmó.
La legislación venezolana establece que los decretos de excepción deben ser avalados por el voto de la AN, sin embargo el instrumento fue remitido directamente al Supremo ya que el Legislativo fue declarado en desacato por desconocer una sentencia de la máxima sala.
Venezuela suma más de un año en "emergencia económica" luego de que el Gobierno prorrogará el pasado día 15, por sexta vez consecutiva, un estado de excepción constitucional para atender la crisis.
La declaración de emergencia económica permite al Gobierno de Nicolás Maduro, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
El acuerdo aprobado en la AN señala además que el decreto incluyó "una facultad genérica para restringir garantías constitucionales, lo cual expone los derechos humanos" de sus ciudadanos.
Indicó también que, al igual que con la primera declaración de emergencia implementada el 14 de enero de 2016 y las cuatro prorrogas siguientes, se evadieron los controles internacionales a los que debe quedar sujeta la aplicación de una medida de suspensión de garantías.
Estas no fueron remitidas a la Secretaría General de la ONU "como ordena el pacto internacional de derechos civiles y políticos, así lo confirmó el alto comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en comunicación dirigida a esta AN", señala el acuerdo parlamentario leído previo a su votación.
El decreto "ha quebrantado gravemente la seguridad jurídica y el estado de derecho, se ha promovido la corrupción ante la supresión de restricciones legales en el campo de la contratación pública y se ha desnaturalizado el régimen jurídico de los estados de excepción", indica el texto legislativo.
Los parlamentarios, que votaron la materia con la ausencia de la bancada oficialista, coincidieron que en el periodo de aplicación de la emergencia se han acentuado los problemas de desabastecimiento e inflación, sin que se apliquen medidas de "rectificación enmarcadas en la legalidad" para el mediano y largo plazo.
Por su parte, el presidente de la AN, el opositor Julio Borges, apuntó que "no solamente se trata del problema de que el Gobierno ha violado abiertamente la Constitución al seguir tratando de ordenar supuestamente la economía con un decreto de emergencia que viola la Constitución y la ley sino que es más grave".
A su juicio, la situación económica "es mucho peor" de lo ya "caótica" que era cuando se solicitó el decreto por primera vez con el objeto de "vencer a una guerra económica".
"Quien tiene todo el poder en sus manos para cambiar esta realidad es Nicolás Maduro y lo que ha hecho es agravar y concentrar poder para multiplicar el caos de Venezuela", afirmó.
La legislación venezolana establece que los decretos de excepción deben ser avalados por el voto de la AN, sin embargo el instrumento fue remitido directamente al Supremo ya que el Legislativo fue declarado en desacato por desconocer una sentencia de la máxima sala.
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