OEA y Grupo de Amigos
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en un documento de más de 70 páginas, actualiza su informe sobre la situación venezolana, presentado en junio del año pasado. Almagro evidencia que en Venezuela ha habido una clara ruptura del orden constitucional y del sistema democrático. A la mayoría de dos tercios de un Parlamento electo popularmente se le ha confiscado todos sus poderes constitucionales. Un Tribunal Supremo de Justicia, electo inconstitucionalmente a toda prisa en los días de la Navidad antepasada, por la Asamblea Nacional (AN) anterior en los estertores de su mandato, sin respetar los tiempos, procedimientos y requisitos para los cargos de Magistrado, ha declarado inconstitucionales prácticamente todas las leyes que la nueva Asamblea ha aprobado. El Ejecutivo ha gobernado desde inicios de 2016 amparado en un estado de excepción y de emergencia económica, decretado unilateralmente, desacatando el voto negativo de la AN, el órgano que debía aprobarlo. Para colmo, el Ejecutivo no ha transferido los fondos para el mantenimiento de la Asamblea y los sueldos de los diputados. Frente a la tragedia socioeconómica que vive el país y la caída brutal en el apoyo popular al régimen, el gobierno ha aumentado la represión y la intimidación de los disidentes. Aumentan cada día los presos políticos y la policía política desconoce las órdenes de excarcelación de los pocos jueces que se atreven a producirlas. A todo esto se le suma la negación del fundamental derecho al voto, concretada con la suspensión arbitraria del derecho constitucional al referéndum revocatorio y con la postergación indefinida de las elecciones regionales que constitucionalmente debían ser organizadas en el 2016. Frente a esta pavorosa realidad, Almagro afirma que, dado que todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana(CDI) han sido violados y que las gestiones diplomáticas llevadas a cabo por los ex presidentes Zapatero, Fernández y Torrijos no han tenido resultados, propone a los gobiernos de la OEA que, si en 30 días no se convocan elecciones generales, se liberan los presos políticos, se validan las leyes que han sido anuladas, se eligen un nuevo Consejo Nacional Electoral y un nuevo Tribunal Supremo, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución, debería suspenderse la participación del gobierno de Venezuela en la OEA.
Almagro es un hombre de principios y no hay duda que, desde el punto de vista ético, el gobierno venezolano merecería la sanción. Sin embargo, coincido con la opinión de algunos cancilleres de la región que la suspensión le daría al gobierno Maduro la posibilidad de “afirmar” que es víctima de un cerco “imperialista”, fomentado por EEUU. Además, no sería fácil lograr los 24 votos necesarios, tomando en cuenta la dependencia de Petrocaribe de varios países de la región. En cambio creo que sería posible y conveniente, dada la exitosa experiencia centroamericana, que acabó con terribles guerras civiles, la formación, como parte de las gestiones diplomáticas previstas en el Art. 20 de la CDI, de un grupo de países amigos, para presionar al gobierno venezolano y ayudar a encontrar una salida pacífica y democrática a la crisis. Un Grupo de Amigos eficiente y efectivo debe tener un número limitado y manejable de integrantes. En Centro América los Grupos tuvieron entre 4 y 6 miembros. Los integrantes del Grupo deben ser gobiernos con “peso específico” y “auctoritas” relevantes y por tanto con capacidad de influencia sobre las partes y no necesariamente provenientes sólo del continente americano. La presión internacional es fundamental, sin embargo es necesario que se complemente con un incremento de la presión interna. Vienen tiempos difíciles y, de acuerdo a la antigua “maldición” china, quizás demasiado “interesantes”.
@sadiocaracas
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